Responsabilidad civil, solidaria con la de la empresa causante del ruido, del Ayuntamiento de Sevilla, autorizante de concierto musical transgresor de la normativa de ruidos.

Responsabilidad civil, solidaria con la de la empresa causante del ruido, del Ayuntamiento de Sevilla, autorizante de concierto musical transgresor de la normativa de ruidos.

Competencia de la jurisdicción civil

 

 

Ponente: Sr. Saraza Jimena

 

Sevilla, 2 Feb. 1998.

El Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 10 de esta ciudad ha visto los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con el número núm. 926/1997-2, sobre indemnización por molestias provocadas por ruido, instados por D. J. J. H. del R., actuando en su propio nombre y como legal representante de su hijo menor de edad E. D. H. B., contra el Ayuntamiento de Sevilla, la entidad sociedad Española de R., S.A., y D. A. S. R.

(. . .)

Fundamentos de Derecho

Primero: Los hechos sobre los que versa el presente juicio son, de modo sucinto los siguientes:

1.º) La entidad Sociedad Española de R., S.A., solicitó al Ayuntamiento de Sevilla un concierto de música «disco» en directo la noche del 20 al 21 Jun. 1997, en la zona destinada durante la época de Feria a aparcamiento de vehículos, situada junto al barrio de Los Remedios.

2.º) El Ingeniero Técnico Industrial D. A. S. R., a solicitud de la Sociedad E de R., S.A., había emitido un certificado que la citada Sociedad Española de R., S.A., presentó al Ayuntamiento de Sevilla para la obtención de la oportuna licencia, certificado en el que, entre otros extremos y por lo que aquí interesa, se indicaba que «la organización tiene todos los medios técnicos para hacer cumplir las Ordenanzas Municipales de Ruidos».

3.º) El Ayuntamiento de Sevilla concedió a la Sociedad E. de R., S.A., la licencia para celebrar el concierto. El mismo se prolongó hasta altas horas de la madrugada, aproximadamente hasta pasadas las 3,00 h del día 21 de junio. Durante su celebración, los servicios municipales, y en concreto la Policía Local, recibió numerosas llamadas de vecinos que protestaban del ruido procedente del concierto, que les causaba molestias, y les dificultaba conciliar el sueño. Los servicios municipales hicieron entre las 00,30 y las 3,00 h del 21 de junio varias mediciones sonométricas en distintos puntos de la ciudad, incluso en el interior de varias viviendas, dando las mediciones valores claramente superiores a los máximos autorizados por la Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental en Materia de Ruidos aprobada en Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de 31 Jul. 1992, BOP de 9 de septiembre. En lugares cercanos al concierto el ruido superaba en valores de hasta 23 decibelios el máximo autorizado, y en otros bastante más lejanos, como la c/ Marqués de Nervión, en el interior de una vivienda, el ruido superaba en 10 dB el límite máximo permitido por la Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental en Materia de Ruidos -así aparece en el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento, folios 211 y ss., y concretamente en folios 222 y 223-. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de estos hechos, concretamente las ediciones de los diarios del día 22 de junio -folios 11 y 12-.

4.º) En el mismo día 21 de junio, el demandante D. J. J. H. del R. presentó un escrito ante el Ayuntamiento de Sevilla, exponiendo que los servicios municipales no habían atendido su solicitud para que se hicieran mediciones acústicas en su vivienda, manifestando las molestias que para él y para su hijo menor de edad habían tenido los ruidos procedentes del concierto, consistentes concretamente en haberles privado del sueño, y exigiendo por tales molestias una indemnización de 50.000 ptas. Así resulta del ejemplar sellado aportado por el propio actor -folio 21-, que aparece también recogido en la documentación remitida por el Ayuntamiento de Sevilla.

Segundo: En base a estos hechos, el demandante exige en su demanda a la Sociedad E. de R., S.A., al técnico firmante de la certificación presentada por ésta, D. A. S. R., y al Ayuntamiento de Sevilla, solidariamente, una indemnización de 50.000 ptas., invocando la violación de sus derechos constitucionalmente protegidos a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad personal, a la protección de la salud, etc.

Tercero: El Ayuntamiento de Sevilla opone, en primer lugar, la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la demanda, por cuanto que la jurisdicción competente sería la contencioso-administrativa, una vez agotada por el actor la vía administrativa previa, y ello en base a lo dispuesto en los arts. 139 y ss. LRJAP.

No comparte este Juez la tesis del Ayuntamiento de Sevilla. Parece claro que, tras la vigencia de la LRJAP, no cabe duda sobre que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para conocer de la exigencia de responsabilidad a la Administración: «Cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive» -art. 142.6 LRJAP-, pero cuando se está reclamando la responsabilidad exclusivamente a la Administración . La cuestión aquí planteada no es ésa. El demandante exige responsabilidad por un mismo hecho -resumidamente, las molestias que le causó el concierto musical- tanto a la Administración, concretamente al Ayuntamiento de Sevilla, que autorizó tal concierto y a la que correspondía velar por el cumplimiento de las exigencias derivadas de la OMR como a la empresa organizadora del concierto, la Sociedad Española de R., S.A., como al técnico que emitió la certificación sobre la corrección de los medios técnicos de control del ruido. La responsabilidad de las personas privadas, la organizadora y el técnico, sería una responsabilidad derivada directamente de una actuación propia negligente, mientras que la del Ayuntamiento de Sevilla sería una responsabilidad en cierto modo in vigilando, al no asegurarse de la concurrencia de las medidas preventivas precisas para evitar molestias a los ciudadanos, y asimismo derivada del cumplimiento negligente de sus funciones de control de ruido y exigencia de respeto al medio ambiente mediante el control de la contaminación acústica que resultan del art. 86.2 L 7/1994 de 18 May., de Protección Ambiental de Andalucía, al no evitar durante la noche del concierto que se siguieran produciendo ruidos elevados durante varias horas y hasta muy avanzada la madrugada.

Se trataría de varias conductas concurrentes en la consecución de un único resultado dañoso, y por tanto la responsabilidad de los demandados sería solidaria, al no poderse determinar cuotas diferenciadas de concurrencia en la consecución del resultado dañoso. En este sentido, la S 28 Abr. 1992 declara: «la consolidada doctrina de esta Sala ha manifestado que se produce solidaridad entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por el ilícito culposo, con pluralidad de agentes y concurrencia causal única, cuando no es posible individualizar los respectivos comportamientos ni establecer las respectivas responsabilidades». Asimismo, la S 10 Jul. 1992, una de las más claras y contundentes sobre este particular, declara «es Jurisprudencia reiterada de esta Sala aquella que entiende establecida la solidaridad surgida entre los agentes a quienes alcanza la responsabilidad por acto ilícito culposo cuando no se demuestra o no se dan elementos suficientes, conducentes a diferenciar la concreta responsabilidad de cada uno de los agentes integradores de la pluralidad de sujetos de donde provenga el resultado dañoso (SS 26 Jun. y 8 Jul. 1989 y 10 Jul. 1990, entre otras muchas)…».

En consecuencia, estamos ante un supuesto de responsabilidad solidaria, en la que de seguirse distintos procedimientos podría dividirse la continencia de la causa, por lo que es razonable que sea en un solo procedimiento donde se dilucide la responsabilidad de los posibles responsables. No siendo posible demandar en un proceso contencioso-administrativo a particulares , es evidente que para conocer de reclamaciones como la formulada en esta demanda es competente la jurisdicción civil. Para tales supuestos, sigue en pie, pese al cambio legislativo, la jurisprudencia constante según la cual la demanda conjunta dirigida contra la Administración y contra una persona privada corresponsable del evento dañoso determina la competencia exclusiva de la jurisdicción civil para su conocimiento por el carácter atractivo de la misma, pues, siendo solidarias sus responsabilidades, de separarse la continencia de la causa, se correría el riesgo de fallos contradictorios, lo que constituiría un absurdo lógico y jurídico -por todas, sentencias de la Sala 1.ª del TS de 28 Abr. 1992 y 19 Jun. 1997-.

Así lo vienen entendiendo diversas Audiencias Provinciales en sentencias dictadas tras la entrada en vigor de la LRJAP -AP Huesca S 4 Sep. 1995, AP Córdoba S 17 Feb. 1995, AP Cádiz S 27 Oct. 1995, citadas por D. Jesús C. S. en su artículo «Jurisdicción Civil y Responsabilidad Patrimonial de la Administración tras la L 30/1992», en Actualidad Civil 48/1997-. Y es más, así lo ha entendido también la Sala de Conflictos de Jurisdicción del TS, que en su A 19 Dic. 1996 declara:

«En evitación de ello [de la división de la continencia de la causa], la Sala 1.ª de este TS tiene reiteradamente declarado (SS 2 Feb. 1987, 10 Nov. 1990 y 17 Jul. 1992, entre otras) que cuando la Administración es demandada conjuntamente con personas físicas o jurídicas privadas la competencia para el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción civil, cuya doctrina la consideramos válida aun después de la promulgación de L 30/1992…»

También la Sala 1.ª del TS, siquiera obiter dicta se ha pronunciado en el mismo sentido antes citado en SS 24 Sep. y 22 Nov. 1996.

Cuarto: Tampoco puede estimarse la excepción de falta de reclamación previa en vía administrativa. En primer lugar, justo la misma mañana siguiente a los hechos, la del 21 de junio, el actor interpuso reclamación ante el Ayuntamiento de Sevilla por estos mismos hechos y exigiendo la indemnización que reclama en esta demanda Dado que no se ha seguido el procedimiento contencioso-administrativo, no era preciso que previamente se siguiera el procedimiento administrativo previsto por el art. 142 LRJAP.

En segundo lugar, incluso en el caso de que dicha reclamación adoleciera de algún defecto, ha de recordarse la reiterada jurisprudencia -por todas, la sentencia de la Sala 1.ª del TS de 24 Mar. 1995 y las citadas en ella- según la cual la reclamación previa a la Administración no opera como condicionante absoluto del ejercicio de las acciones, y debe ser obviada en aras de la efectividad del derecho de tutela judicial efectiva.

En consecuencia, las objeciones puestas por el Ayuntamiento de Sevilla a la demanda han de ser desestimadas.

Quinto: En cuanto al técnico D. A. S. R., lleva razón cuando alega que su intervención fue la de certificar que la empresa organizadora del concierto disponía de los medios técnicos para limitar el sonido dentro de los límites de la Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental en Materia de ruidos. Pero que luego la empresa haga o no uso de esos medios no es responsabilidad del técnico, sino de la propia empresa y de la Administración que ha de vigilar el cumplimiento de las normas de limitación de ruidos.

Ninguna prueba hay de que la inspección de los equipos llevada a cabo por el citado técnico fuera incorrecta, por lo que no apreciándose en el mismo negligencia alguna, ha de absolvérsele de la demanda dirigida contra el mismo.

Sexto: Respecto de la acción dirigida contra la Sociedad E. de R., S.A., no pueden estimarse los argumentos esgrimidos por esta entidad en su defensa. En primer lugar, el hecho de que su actividad contara con licencia administrativa no implica que esté exenta de indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros. En segundo lugar, porque, sin prejuzgar cuestiones objeto de un expediente administrativo, y a los solos efectos de resolver la cuestión aquí debatida -arts. 55 LEC y 10 LOPJ-, parece evidente que no cumplió con los términos de la licencia que le fue concedida, y, en todo caso, de las normas reguladoras de la limitación de ruidos. En tercer lugar, porque es también reiterada la jurisprudencia de que el simple cumplimiento de las obligaciones administrativas no implica la ausencia de responsabilidad cuando se han dañado derechos e intereses legítimos de terceros, y que el respeto al principio de interdicción de daños a los terceros implica un plus de diligencia respecto a la que resulta del simple cumplimiento de las normas administrativas. Declara la sentencia de la Sala 1.ª del TS de 10 Mar. 1994:

«Aun cumpliéndose la normativa correspondiente, ello no basta para eximir de responsabilidades, pues es doctrina reiterada de esta Sala la que proclama que no supone concurrencia de la diligencia debida, a tenor de las circunstancias concurrentes, la mera observancia de disposiciones reglamentarias o administrativas cuando no han ofrecido resultados positivos y eficaces en orden a evitar daños, pues revelan su ineficacia e insuficiencia en cuanto a las garantías que ofrecen (SS 23 Sep. 1991, 11 y 25 Feb. y 3 Sep. 1992).»

Doctrina que también se recoge en las sentencias de la Sala 1.ª del TS de 19 Jul. 1993 y 15 Feb. 1995.

Por otro lado, las acusaciones de que el demandante intenta simplemente aprovecharse del revuelo montado en la prensa carecen de base, desde el momento en que las primeras informaciones periodísticas son del día 22 de junio, y el actor, el mismo día 21 de junio -es decir, pocas horas después de terminado el concierto- presenta ya el escrito ante el Ayuntamiento de Sevilla denunciando la situación creada con el concierto, las graves molestias causadas tanto a él como a su hijo, y exigiendo la indemnización. Queda bastante claro que el actor no es un «aprovechado» que intenta conseguir 50.000 ptas. del revuelo montado, sino que concurre claramente en él la cualidad de perjudicado que exige una indemnización de los daños sufridos por las molestias causadas por el ruido.

Respecto a la testifical propuesta a instancias de dicha empresa en un testigo que según afirma estuvo en otro concierto de canción española y que afirma que lo que hacía realmente ruido era el concierto de canción española y que el de música disco ni se oía, a la vista de los recortes de prensa y de las propias mediciones de los servicios municipales a horas a las que el concierto de canción española había terminado, parece evidente que al testigo le falla la memoria o le falla el oído. En la propia prueba de confesión del Ayuntamiento de Sevilla, practicada del modo previsto en el art. 595 LEC, se reconoce -absolución de posición 14, folio 151 en relación al folio 205- que la centralita de la Policía Local se colapsó por las protestas de los vecinos.

Tampoco puede ser tomada en consideración la testifical del técnico de la Sociedad E. de R., S.A., que estuvo a cargo de la parte técnica del concierto, según el cual, se cumplieron los límites y no se sobrepasaron en ningún momento los 45 decibelios, dado que en las mediciones de los equipos de inspección del Ayuntamiento de Sevilla -folio 212- aparecen mediciones de hasta 80 decibelios.

Respecto a la falta de medida concreta del ruido en el domicilio del actor, ello no puede llevar consigo el decaimiento de su derecho. Parece lógico que un particular no tenga en su domicilio un aparato de dichas características, y aunque lo tuviera, la manifestación por el mismo de que midió determinados niveles de ruido no tendría más valor que el de su propia palabra. Consta en el escrito presentado por el actor ante el Ayuntamiento de Sevilla a las pocas horas del concierto que en numerosas ocasiones requirió a los servicios municipales que se enviara un equipo a su vivienda a medir el ruido, sin que ello tuviera lugar. Está reconocido por el Ayuntamiento de Sevilla en confesión que había solamente dos inspectores haciendo mediciones de ruido en toda la ciudad -posición 9.ª folio 151 en relación al folio 205-. Pero la obtención de niveles de ruido muy por encima del límite máximo permitido en lugares que distan del concierto más aún que la vivienda del actor -por ejemplo, en c/ Marqués de Nervión, donde en el interior de una vivienda se sobrepasaban en más de 10 decibelios los niveles máximos permitidos-, junto con las alegaciones contenidas en su escrito presentado el mismo día 21 de junio, ha de considerarse prueba suficiente de que el nivel de ruido en su vivienda la noche del concierto superó con creces los límites admisibles.

Séptimo: Dicho esto, ha de recordarse que, como alega el actor en su demanda, la CE, en diversos preceptos, reconoce el derecho a la protección de la salud -art. 43-, al disfrute de un medio ambiente adecuado -art. 45- y, con un grado de protección aún mayor, a la intimidad personal y familiar -art. 18-. Si bien este último derecho tiene una clara vertiente de protección de la privacidad, como esfera íntima de la persona que ha de escapar a la curiosidad ajena, también tiene otra vertiente relativa a la protección del individuo y de su familia, en el ámbito de su hogar, de inmisiones molestas o nocivas. Ha de recordarse el valor interpretativo de las normas reguladoras de los derechos fundamentales que el propio art. 10.2 CE otorga a los Tratados internacionales ratificados por España, entre los que está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo art. 8 protege la vida privada y familiar y el domicilio, y dado que el art. 45 de dicho Convenio atribuye al TEDH la competencia para interpretar los preceptos del Convenio, la jurisprudencia del TEDH de Estrasburgo ha adquirido una eficacia interpretativa de trascendental importancia en relación a la regulación constitucional de los derechos fundamentales y las libertades públicas reguladas en nuestra Constitución. Pues bien, dicho Tribunal en su S 9 Dic. 1994 (asunto López Ostra contra España) consideró que había existido violación del art. 8.1 del Convenio, conforme al cual «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia», por la actuación de diversas Administraciones españolas -fundamentalmente el Ayuntamiento de Sevilla [sic, en realidad el de Lorca] que permitió el funcionamiento de una depuradora y la Administración de Justicia que no dio satisfacción a la Sra. López Ostra ante sus acciones en vía penal y contencioso-administrativa contra la apertura y funcionamiento de la depuradora-, en relación a una depuradora que producía «emanaciones de humos, de ruidos repetitivos y fuertes olores» -párr. 17 de la sentencia-.

El Tribunal de Estrasburgo recuerda en el párr. 50 de su sentencia:

«La Audiencia Territorial admitió que las molestias objeto del litigio, sin constituir un peligro grave para la salud, causaban un deterioro de la calidad de vida entre los vecinos, deterioro que sin embargo no se consideraba de entidad suficientemente seria como para transgredir los derechos fundamentales reconocidos por la CE.»

Frente a los argumentos de la AT Murcia que desestimó el recurso de la perjudicada, el Tribunal de Estrasburgo declara en el párr. 51 de su sentencia.

«Es evidente que atentados graves contra el medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, atentando contra su vida privada y familiar, sin que por ello se ponga en grave peligro la salud de la interesada.

Que se aborde la cuestión bajo el ángulo de una obligación positiva del Estado -adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger los derechos del individuo en virtud del art. 8.1 Convenio Europeo-, como es el deseo de la demandante, o bajo el ángulo de una “injerencia de una autoridad pública”, justificándose a tenor del párr. 2, los principios aplicables no dejan de ser muy análogos. En ambos casos hay que tomar en consideración el justo equilibrio que debe reinar entre los intereses concurrentes del individuo y los de la sociedad en su conjunto».

Sigue diciendo el Tribunal de Estrasburgo en la segunda parte del párr. 55 de su sentencia:

«En cualquier caso, el Tribunal estima que en este caso le basta investigar si, aun suponiendo que el Ayuntamiento de Sevilla se haya desentendido de las funciones que le incumbían en el derecho interno (párrs. 27-28), las autoridades nacionales han tomado las medidas necesarias para proteger el derecho de la demandante relativo a su domicilio así como al de su vida privada y familiar garantizados por el art. 8…»

Y en el párr. 58 declara el Tribunal:

«A tenor de lo expuesto -y a pesar del margen de apreciación concedido al Estado demandado- el Tribunal estima que éste no ha sabido establecer un justo equilibrio entre el interés del bienestar económico de la villa de Lorca -disponer de una depuradora- y el disfrute efectivo de la demandante del derecho al respeto de su domicilio y de su vida privada y familiar.»

En consecuencia, en virtud de la remisión contenida en el art. 10.2 CE a los Tratados internacionales ratificados por España, entre los que está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a efectos de interpretación de las normas constitucionales reguladoras de los derechos fundamentales y libertades públicas, y en virtud de la competencia para interpretar los preceptos del Convenio que el art. 45 del mismo atribuye al TEDH, ha de interpretarse el art. 18.1 CE a la luz de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Estrasburgo y entender que dentro del derecho a la intimidad personal y familiar ha de considerarse comprendida la defensa frente a inmisiones molestas en el domicilio que constituye el hogar personal y familiar, como último reducto de intimidad de una persona y de su familia.

Dicho esto, es evidente que no sólo los terceros no están legitimados para realizar intromisiones no justificadas en dicho hogar, como puede ocurrir con la emisión de ruidos excesivos, y a horas impropias, como son las horas de la madrugada, destinadas al sueño y al descanso, sino que las Administraciones Públicas han de velar, cada una dentro del ámbito de sus propias competencias, por el respeto de dichos derechos fundamentales. No es ocioso recordar que de acuerdo con el art. 9 CE tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del ordenamiento jurídico.

En el supuesto de autos, dado lo claramente excesivo del ruido soportado por el demandante y su hijo menor de edad, al haberse producido dicho ruido en niveles que superaban muy ampliamente los límites máximos permitidos por la normativa de ruidos y a horas claramente intempestivas y perturbadoras del sueño, tanto la entidad privada que organizó para su propio beneficio el evento -no hay que olvidar que, aunque se trataba de un concierto gratuito, estaba organizado no por una empresa benéfica o un desinteresado mecenas de la música «disco», sino por una empresa propietaria de emisoras de «radio-fórmula» que emiten este tipo de música, por lo que la promoción de su actividad que supone este tipo de conciertos supone un claro beneficio para la misma-, como la Administración Pública que autorizó el concierto y nada hizo durante la celebración del mismo para impedir que se transgredieran de modo flagrante los límites máximos de ruido autorizado, pese a que los ciudadanos tenían bloqueada la centralita de la Policía Local con sus llamadas, han de responder frente al demandante de las molestias sufridas por el mismo por la inmisión ilegítima sufrida en su hogar. Es significativo que pese a que esté acreditado que desde el principio del concierto se sobrepasaron de modo intolerable los límites máximos de ruido permitidos por la reglamentación aplicable y pese a que la centralita de la Policía Local quedara colapsada por las llamadas de ciudadanos -entre otros, el demandante- protestando por el ruido, el Ayuntamiento de Sevilla no alega que hiciera actuación alguna encaminada, si no a suspender una actividad que infringía flagrantemente la normativa administrativa con grave perjuicio para la generalidad de los ciudadanos, sí por lo menos a conseguir que dicha actividad se realizara dentro de los límites permitidos, instando a los organizadores a hacer uso de los limitadores de sonido que, según la certificación obrante en el expediente administrativo de concesión de licencia, poseían. Ha de entenderse que el margen de maniobra que el Tribunal de Estrasburgo reconoce al Estado -entendido en un sentido amplio, comprensivo de todas las Administraciones Públicas- para establecer un justo equilibrio entre el interés de unos y otros ciudadanos -en este caso, el interés de los ciudadanos asistentes al concierto y de la empresa privada organizadora del mismo, de un lado, y el interés de los ciudadanos que se habían quedado en casa y que pretendían dormir a esa hora de la madrugada, de otro lado- ha quedado desbordado por lo claramente excesivo de la misión sufrida, entre otros, por el demandante, dado que se hubieran podido satisfacer los legítimos intereses de ambos grupos si el concierto hubiera emitido un nivel de ruido más bajo, dentro de los niveles admisibles, y/o hubiera terminado a una hora menos avanzada de la madrugada. Por todo lo cual ha de considerarse que también la Administración Pública demandada es responsable de los daños sufridos por el demandante por las inmisiones de ruidos excesivos sufridas en su domicilio, que violaron su derecho al descanso diario, así como su derecho a la intimidad personal y familiar en el sentido expresado por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo antes comentada.

Ha de tenerse en cuenta que no nos encontramos ante un foco de ruido excesivo de carácter incontrolable o difícilmente controlable -motos con escape libre, ruido formado por la gente que vuelve de un concierto o de una noche de juerga, etc.-, en el que la exigencia de responsabilidad económica a la Administración carecería de un fundamento razonable, sino de un foco perfectamente localizado, para el que se había otorgado una autorización administrativa, y cuyas emisiones de ruido a niveles intolerables afectaban a gran parte de la ciudad.

Aunque la valoración del daño sufrido por el actor y su hijo por las molestias provocadas por el ruido no es nada fácil, teniendo en cuenta circunstancias tales como que su vivienda se encuentra en un barrio no colindante con el lugar del concierto, teniendo en cuenta que los ruidos no duraron toda la noche -aunque sí buena parte de ella- y teniendo en cuenta el hecho notorio de que nuestro país sufre un nivel de ruido ambiente bastante elevado, por lo que comparativamente el daño sufrido por el actor no es tan grave como lo sería en un contexto de menor ruido ambiental, parece prudente fijar una indemnización de 10.000 ptas. para cada uno de ellos.

Octavo: Al no ser plena la estimación de la demanda, ha de entenderse que la cantidad adeudada no era líquida en el momento de la interposición de la demanda; de acuerdo con la TS 1.ª S 28 Feb. 1975, es ilíquida la deuda cuando para conocer su cuantía se precisa seguir un Juicio, y también, de acuerdo con las sentencias de 12 Jul. 1973 y la antes citada de 28 Feb. 1975, cuando el Juzgador concede menos de lo pedido. En consecuencia, la cantidad a cuyo pago se condena a la parte demandada sólo devengará el interés legal, incrementado en dos puntos, a partir de la fecha de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 921 LEC.

Noveno: Los dos primeros párrafos del art. 523 LEC establecen que «en los Juicios declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el Juez, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición. Si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad». En el presente caso, habiendo sido parcialmente estimada la demanda, y no apreciándose la concurrencia de temeridad en ninguna de las partes que justifique apartarse del criterio del vencimiento establecido como regla general por el precepto transcrito, y dado lo dudoso de la intervención en los hechos del demandado finalmente absuelto, no procede hacer expresa imposición de las costas.

Fallo

Que con estimación parcial de la demanda promovida por D. J. J. H. del R. contra el Ayuntamiento de Sevilla y la entidad Sociedad E. de R., S.A., debo declarar y declaro que el Ayuntamiento de Sevilla y la entidad Sociedad Española de R., S.A., adeuda/n solidariamente a D. J. J. H. del R. la cantidad de 20.000 ptas., condenándoles a estar y pasar por esta declaración y, en consecuencia, a que paguen a D. J. J. H. del R. la referida cantidad, con los intereses determinados en el fundamento de Derecho penúltimo, absolviendo libremente a D. A. S. R., sin expresa imposición de costas.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días, mediante la presentación en este juzgado de escrito en el que se expongan las alegaciones en las que se base la impugnación, y si en el mismo se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión, acreditando haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en momento en el que fuese ya imposible la reclamación. En el escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que le hubiesen sido indebidamente denegadas, siempre que hubiese formulado en su momento la oportuna reserva y de las admitidas que no hubiesen sido practicadas por causas que no le sean imputables.

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Nota: La situación es anterior a la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que redactó el artículo 2(e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en estos términos: “El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

e. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad”.