Informe del Consejo Consultivo sobre responsabilidad patrimonial de la Adm. derivada de daños por ruidos y molestias

Año: 2011

Nº Dictamen: 0647/2011

Fecha: 4-10-2011

Nº Marginal: II.580

Ponencia: Balaguer Callejón, María Luisa

Castillo Gutiérrez, Manuel del. Letrado

Órgano solicitante: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Nombre: Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de daños por ruidos y molestias.

Voces:

ADMINISTRACIÓN LOCAL:

Responsabilidad patrimonial.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN:

Objeto:

Daños por ruidos y molestias.

Número marginal: II.580

DICTAMEN Núm.: 647/2011, de 4 de octubre

Ponencia: Balaguer Callejón, María Luisa

Castillo Gutiérrez, Manuel del. Letrado

Órgano solicitante: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Cuestión sometida a dictamen y principales temas tratados: Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de daños por ruidos y molestias.

TEXTO DEL DICTAMEN

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

El dictamen solicitado a este Consejo Consultivo tiene por objeto el expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración tramitado por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), en respuesta a la reclamación presentada por doña R.V.G. y otros, por la que solicitan indemnización por inactividad y culpa in vigilando del Ayuntamiento en relación con la contaminación acústica producida por un local destinado a bar, cercano a su domicilio. La reclamación tiene fundamento en el daño producido a los reclamantes, por no tomar la Administración las medidas que le brinda el ordenamiento jurídico para combatir los ruidos y otras molestias generadas por la actividad.

Considerando que la cuantía de la reclamación es superior a 15.000 euros (en concreto, 97.500 euros), el dictamen solicitado resulta preceptivo, de acuerdo con lo que al respecto dispone el artículo 17.14 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.

II

Se da por reproducido el Fundamento Jurídico II del número marginal II.26.

III

Sentado lo anterior, hay que indicar que la reclamación se interpone por personas legitimadas, en la medida en que son quienes sufren los daños por los que se solicita la indemnización.

Por otro lado, debe decirse que la acción se ha ejercitado dentro del plazo de un año previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 y ello en la medida de que se reclama por un daño continuado derivado de la contaminación acústica producida por la actividad desarrollada en un bar, figurando en el expediente múltiples y reiteradas denuncias interpuestas por tal motivo por los reclamantes.

Por último y respecto al procedimiento, deben formularse las siguientes observaciones:

- Se ha superado el plazo para resolver y notificar la resolución, que es de seis meses (art. 13.3 del Real Decreto 429/1993). La referida exigencia se acentúa con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 31 consagra el derecho a una buena administración, incluyendo la resolución de los asuntos en un plazo razonable.

Pese a la producción del silencio administrativo negativo, según deriva del citado artículo 13.3 del también mencionado Reglamento, la Administración está obligada a resolver (art. 42.1 de la Ley 30/1992), sin vinculación alguna al sentido del silencio [art. 43.4.b) de dicha Ley].

- Aunque se ha comunicado a los interesados el plazo para dictar la resolución y para su notificación así como los efectos del silencio administrativo, no se ha realizado tal comunicación en el plazo de diez días (hábiles) como exige el artículo 42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992; irregularidad que no tiene efectos invalidantes.

IV

Realizadas las consideraciones precedentes, ha de afirmarse la existencia de un daño moral efectivo, individualizado, evaluable económicamente, antijurídico e imputable a la Administración contra la que se reclama, al atribuirse a la falta de actuación municipal para poner fin al nivel de ruido existente en la zona.

En cuanto a la relación de causalidad, su existencia ha de probarse por la parte reclamante (arts. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 6 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial), debiendo la Administración acreditar los hechos obstativos a su existencia (art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), como se indicó en el fundamento jurídico II.

Pues bien, el expediente permite considerar acreditado que el nivel de ruido soportado por los reclamantes supera con creces los límites permitidos y que la Administración local no ha actuado sus competencias al respecto a pesar de haberse dirigido los interesados numerosas veces a tal Administración a fin de que adoptase las medidas oportunas al efecto, como resulta del expediente, y de los informes de marzo de 2008, febrero de 2010 y marzo de 2011 del Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Cádiz. En este último informe se expresa:

“»• De haberse realizado algún tipo de aislamiento es del todo insuficiente.

»• El aislamiento debe estar precedido de un estudio acústico.

»• Sobre las 23.00 h había aproximadamente 5 personas y aún siendo pocas se escuchaban nítidamente conversaciones perfectamente comprensibles, risas, golpes en la mesa, etc.

»• La televisión estaba encendida (emitían carnavales).

»• (conclusiones) Si con alrededor 5 personas, el local se encuentra, en el momento de la medición, justo en el máximo permitido por la ley, esto demuestra que en cuanto haya más público, éste aumente el tono de voz se suba el volumen de la TV y demás circunstancias propias de este tipo de actividades, la incidencia por inmisión vía estructural en la vivienda de la denunciante será mucho mayor.

»• Por los resultados sonométricos, el nulo aislamiento existente, y lo que esta situación lleva prolongándose en el tiempo, sugerimos, caso de que los titulares quieran continuar desarrollando la misma actividad, como hasta ahora, tendrán que recurrir a un profesional que estudie, calcule, y vigile la ejecución de un aislamiento capaz para bar sin música, y si insiste en tener equipo audiovisual, la licencia, será bar con música y por tanto el aislamiento tendrá que ser aún mayor”.

La propuesta de resolución no pone en duda tales circunstancias, reconociendo la existencia de responsabilidad patrimonial, al entender que “los ruidos procedentes del establecimiento citado han generado daños morales” y que la Administración no ha actuado en la forma debida.

En efecto, la existencia de un ruido calificado técnicamente como “intolerable” produce per se daños, aunque éstos sean sólo morales, a todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya vida o actividad se desenvuelva en el lugar del ruido (dictamen del Consejo 197/2008), y afecta, sin ningún género de duda al derecho a la intimidad domiciliaria (debe notarse que los reclamantes tienen su domicilio en el lugar afectado por el ruido), no requiriéndose a tales efectos prueba alguna, sino la de la existencia de ese ruido intolerable.

De ahí el interés en regular los excesos acústicos y su repercusión medioambiental que desde el ordenamiento comunitario hasta el estatal y autonómico se han llevado a cabo en los últimos años. La Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de julio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, ha derivado en la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. El artículo 1 de esta Ley define su objeto como la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica para evitar los daños que de éste pudieran derivarse para la salud humana. En nuestro ordenamiento autonómico, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su artículo 69 otorga a la Administración de Andalucía la competencia en la vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, así como la previsión de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos procedentes de usuarios de la vía pública.

Y de ahí también el reflejo jurisprudencial, al más alto nivel, de esa preocupación. Así, se ha puesto de relieve por la jurisprudencia constitucional que el ruido tiene capacidad lesiva sobre el derecho a la intimidad domiciliaria (art. 18.1 de la Constitución) (Sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 29 de mayo), y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado la afectación que el ruido produce del derecho al domicilio (art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales) (Sentencias de 8 de julio de 2003, caso Hatton contra Reino Unido, y de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez contra España).

Precisamente, la última de las Sentencias citadas (caso Moreno Gómez contra España), dictada en relación con el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, pone de relieve la evidencia lesiva cuando se acredita un nivel de ruido superior al permitido. En efecto, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no era necesario una especial prueba de la intensidad del ruido para considerar acreditada la existencia de un daño (para él por afectación del “derecho al domicilio”), sino que bastaba con el hecho de que se tratase de una zona acústicamente saturada, ratio  inspiradora de argumentación y decisión plenamente aplicable al presente supuesto.

 

Por tanto, ha de afirmarse la responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que este Consejo ha de entrar en la valoración y determinación del quantum indemnizatorio.

 

V

En relación con tal aspecto, los reclamantes valoran el daño moral en 97.500 euros, repartido entre los distintos reclamantes en función del tiempo que han vivido en el edificio en cuestión soportando el ruido. No obstante, la propuesta de resolución considera tal cantidad excesiva, proponiendo una indemnización global de 22.192,50 euros, repartida entre los distintos reclamantes en función del tiempo de residencia en la vivienda; propuesta con la que este Consejo ha de mostrar su conformidad, atendiendo a criterios de razonabilidad.

 

CONCLUSIÓN

Se dictamina favorablemente la propuesta de acuerdo estimatorio parcial de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), incoado a instancia de doña R.V.G. y otros.