La Ley del Ruido: Ley urbanística de escasa aplicabilidad

Por JOAQUÍN JOSÉ HERRERA DEL REY

 

Abogado

Diario La Ley Nº 6295, 14 Jul. 2005, Ref.º D-177

LA LEY

3562/2005

La Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido) (BOE 18/11/2003) va a cumplir dos años, veamos si la misma ha servido para disminuir los conflictos sociales en la materia, pues esa debe ser la función del Ordenamiento

I.

CONCEPTO DE LEY (EN GENERAL) Y PARA QUÉ SIRVE

Las Leyes deben ser una ordenación de la razón que deben procurar la eficacia (art. 103 CE (LA LEY 2500/1978)) procurando el servicio a los ciudadanos en la búsqueda de dicha eficacia (art. 3 Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992)).

Las normas tienen que ser racionales y la eficacia real de las normas depende del grado de vinculación efectiva con la realidad social. De su vinculación con los usos sociales vigentes y capacidad de normarlos. De crear reglas de juego eficaces para que funcione la economía y haya paz y tranquilidad sociales.

Las normas para que sean válidas exigen un reconocimiento efectivo, como tal ley, por los miembros de la comunidad.

Si las normas jurídicas quedan vacías de contenido el Derecho no es efectivo.

Decía CASTRO que el Derecho positivo es aplicable cuando es válido. Y es válido cuando se adapta a la realidad social.

En resumidas cuentas, como exponía ALFONSO DE COSSÍO:

«La norma jurídica es una norma de convivencia y su principal característica es establecer un criterio de valoración entre posibles conductas humanas en conflicto, dando preferencia a aquella que parezca más idónea para hacer que prospere o se mantenga la libertad y el bien de la comunidad humana, a diferencia de la norma moral… Lo que ocurre es que con frecuencia, tal finalidad se olvida y el derecho es utilizado como instrumento en beneficio exclusivo de una minoría dominante, que busca a través de este medio, aparentemente legítimo, la opresión de los demás, apoyándose en la fuerza que lleva implícito el carácter coactivo de la norma. Claro está que entonces la idea del Derecho aparece traicionada y, como decía San Agustín, los reinos se convierten en verdaderos latrocinios»(1).

El Derecho se ha administrativizado, con la idea de conseguir una defensa social y ahora resulta que es incapaz de defenderlo y se ha entregado a determinados oligopolios.

Antes el Derecho, con los esquemas del Derecho civil más rancio, funcionaba (pese a las críticas de SALVIOLI) (2); ahora no, ahora con los tecnicismos del decibelio a un operador jurídico se le indica que en una vivienda hay nueve decibelios por encima de los límites legales y no hay reacción jurídica (pese a que como expone la STEDH tres decibelios más de los límites supone el doble de ruido).

Nos hemos cargado el sistema de conseguir la justicia por culpa de la técnica. Los no sabemos integrar el decibelio en el neminem laedere (no perjudicar a los demás).

Si el Derecho no busca la seguridad y la justicia es un Derecho injusto.

La Ley es buena si resuelve conflictos y evita pleitos.

El Derecho debe de responder a los intereses de la colectividad y no al patrimonio de una clase. Si esto es así se convierte en una Ley mezquina o superficial. Se necesita una Ley que defienda los intereses de los débiles frente a los fuertes, que busque el interés general y común, que contribuya a evitar conflictos y no a enrevesarlos, acrecentarlos o complicarlos.

Las leyes tienen que ser claras, dado que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento.

Que su incumplimiento sea palpable sin necesidad de complicadísimas pruebas técnicas sólo accesible para los más potentados. Tienen que dar seguridad jurídica.

La Ley no puede dar más fuerza al que más dinero tiene. Ni el Derecho ser un privilegio de los económicamente poderosos (periciales caras, costas, etc.).

II.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE RUIDO QUE AFECTAN FUNDAMENTALMENTE A LOS VECINOS?

Tráfico. Es el más importante pero el que mejor se soporta. Y sobre el que menos se trabaja. Se obvia. Se dice que es el mayor causante, como excusa, y después no se hace nada para solucionarlo. Tiene autores indeterminados y se asocia al trabajo. Según la OCDE, España es uno de los países más ruidosos del mundo. Según este informe, en la estadística de países afectados por altos niveles de ruido, España sólo es superada por Japón. Un tratamiento administrativo y legal realista debería considerar esto.

La principal causa de este elevado nivel de ruido, especialmente en nuestras ciudades, es el tráfico. Éste genera aproximadamente el 80% de la contaminación acústica en el medio urbano, en especial en las grandes ciudades (3). Otras fuentes dignas de consideración son la actividad industrial (10%), el tráfico por ferrocarril (6%), los aeropuertos, y, por último, los bares, discotecas y lugares de esparcimiento (4%). Las estadísticas ni siquiera contemplan el problema de la movida y el botellón (que tampoco dibujarán bien los mapas ni los planes de acción; la información que facilitarán por tanto será poco adaptada al problema que se trata de solucionar).

Algunos de los focos de contaminación acústica que hemos reseñado se consideran indisolublemente asociados a la moderna forma de vida, por lo que se ven con un mayor grado de tolerancia por los ciudadanos. Con ello no quiere decirse que los ciudadanos hayan renunciado a una mejoría de su calidad de vida en este terreno, pero sí que conocen y aceptan que la desaparición del problema es poco menos que un deseo. Generalmente se considera que la labor por desarrollar se centra más en la aplicación de las medidas precisas para que el problema no vaya a más o, en el mejor de los casos, para que el problema se aminore en alguna medida. Esta es la causa por la que las víctimas del ruido suelen ver con mayor preocupación los ruidos considerados evitables, que son fuente de graves situaciones de angustia, deterioro de la calidad de vida, y, en ocasiones, de gravísimos perjuicios para la salud. Entre ellos se sitúan los ruidos generados por los locales de ocio y, en general, los provocados por la ciudadanía en momentos de esparcimiento. Esta modalidad de contaminación acústica se ha desarrollado extraordinariamente debido al crecimiento que ha experimentado en los últimos tiempos el sector del ocio nocturno, y también por la generalización de formas de esparcimiento y de ocio fuera de los locales. La denominada movida nocturna y botellón ha pasado a formar parte del paisaje urbano de la práctica totalidad de nuestras ciudades, e incluso de los pueblos. Se ha hecho frecuente el consumo de alcohol en la vía pública hasta altas horas de la madrugada, ya sea en el exterior de los locales que proveen las correspondientes consumiciones (locales que además tienden a permanecer agrupados en determinadas zonas de los núcleos urbanos), ya sea en zonas en las que se consume el alcohol previamente. Ello unido a muy serios problemas de higiene, de vandalismo, de pérdidas de rendimiento (para sus participantes y los vecinos) y de serias drogodependencias, incluido por supuesto el alcohol.

Esas son las personas que verdaderamente están siendo fusiladas ante la pasividad del resto de la sociedad. No es que no tengan derecho a la inviolabilidad o intimidad, conceptos jurídicos para avezados, es que no tienen derecho a dormir, que es un concepto de derecho natural y no lo pueden hacer ni de noche ni en su propia intimidad de su domicilio. Sin duda una tortura y un auténtico maltrato acústico (violencia acústica).

Cuando el debate se politiza es como una auténtica maldición. Se da la paradoja de que en distintos ayuntamientos se da la misma solución por los partidos de la oposición pero la misma no se adopta precisamente por mantenerla el partido de la oposición. La politización en este problema técnico, jurídico y social es un auténtico inconveniente para los ciudadanos

.
Por tanto, qué es lo que preocupa realmente a los vecinos según mi experiencia y opinión (4):

1.

Actividades ruidosas e incumplidoras de ocio o industriales (panaderías, supermercados, máquinas productoras de ruido aéreo o de impacto).

2.

Incumplimiento de horarios.

3.

Movida y botellón.

4.

Motos a escape libre (tráfico).

5.

Aislamientos de sus propias viviendas en relación al exterior y a las colindantes. Sólo menos de un 20% de las fachadas cumplen los aislamientos normados para fachadas.

III.

SITUACIÓN EN ESPAÑA ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DEL RUIDO

Tanto por ciento de viviendas afectadas por ruido en el 2001 según encuesta realizada por el INE.

TOTAL NACIONAL 40.615.078 = 30%
ANDALUCÍA 7.328.416 = 32,7%
Almería 534.946 = 26,4%
Almería 165.592 = 41,8%
Cádiz 1.112.636 = 35,1%
Algeciras 101.079 = 37,2%
Cádiz 132.818 = 49%
Jerez de la Frontera 182.427 = 34%
Córdoba 757.277 = 30,8%
Córdoba 306.839 = 41,1%
Granada 817.977 = 29,4%
Granada 239.114 = 42,8%
Huelva 460.818 = 32,9%
Huelva 141.813 = 47,8%
Jaén 641.022 = 22,9%
Jaén 111.993 = 35,2%
Málaga 1.282.015 = 37,7%
Málaga 521.898 = 47,8%
Marbella 100.021 = 34,9%
Sevilla 1.721.725 = 35,1%
Dos Hermanas 101.476 = 36,3%
Sevilla 681.743 = 44,1%
ARAGÓN 1.192.408 = 24,6%
Huesca 203.909 = 17%
Huesca 45.251 = 25%
Teruel 133.884 = 12,3%
Teruel 29.948 = 22,3%
Zaragoza 854.615 = 28,3%
Zaragoza 610.209 = 33,5%
ASTURIAS 1.056.144 = 22,9%
Gijón 263.658 = 29,6%
Oviedo 199.557 = 27,8%
BALEARES 838.211 = 32,4%
Palma de Mallorca 331.925 = 41,2%
CANARIAS 1.688.569 = 32,4%
Las Palmas 885.228 = 33,9%
Las Palmas de Gran Canaria 353.726 = 44,8%
Santa Cruz de Tenerife 803.341 = 30,8%
La Laguna 128.547 = 34,1%
Sta. Cruz de Tenerife 187.833 = 46,8%
CANTABRIA 531.218 = 25,2%
Santander 178.952 = 31,9%
CASTILLA Y LEÓN 2.428.945 = 18,9%
Ávila 161.205 = 14,5%
Ávila 48.410 = 22,1%
Burgos 344.738 = 20,5%
Burgos 163.930 = 24,1%
León 484.823 = 14,5%
León 129.763 = 21,2%
Palencia 170.751 = 17,9%
Palencia 77.707 = 25,9%
Salamanca 341.649 = 20,6%
Salamanca 154.503 = 31,8%
Segovia 146.110 = 16,9%
Segovia 53.622 = 27,2%
Soria 88.981 = 10,4%
Soria 34.553 = 16,5%
Valladolid 493.503 = 27,8%
Valladolid 313.537 = 34,5%
Zamora 197.185 = 11,6%
Zamora 64.122 = 19,9%
CASTILLA-LA MANCHA 1.748.528 = 19,1%
Albacete 363.235 = 21,4%
Albacete 148.088 = 31,4%
Ciudad Real 476.171 = 18,7%
Ciudad Real 62.752 = 28,3%
Cuenca 198.782 = 13,6%
Cuenca 45.629 = 26,4%
Guadalajara 173.115 = 19,8%
Guadalajara 67.538 = 29,1%
Toledo 537.225 = 19,5%
Toledo 67.091 = 28,7%
CATALUÑA 6.308.516 = 33%
Barcelona 4.779.174 = 35,6%
Badalona 205.386 = 40,7%
Barcelona 1.492.758 = 41,9%
L’Hospitalet de Llobregat 238.794 = 38,7%
Mataró 105.982 = 39,1%
Sabadell 183.063 = 36,1%.
Santa Coloma de Gramenet 112.527 = 38,9%
Terrassa 173.135 = 31%
Girona 562.966 = 23,8%
Girona 74.479 = 35%
Lleida 359.671 = 20,7%
Lleida 111.701 = 32,8%
Tarragona 606.705 = 28,7%
Tarragona 112.875 = 40,8%
COM. VALENCIANA 4.145.107 = 36,9%
Alicante 1.456.974 = 32,6%
Alicante 283.596 = 44,5%
Elche 194.482 = 34,9%
Castellón 483.141 = 32,1%
Castellón de la Plana 147.370 = 40,8%
Valencia 2.204.992 = 40,8%
Valencia 733.257 = 48,5%
EXTREMADURA 1.051.613 = 22,4%
Badajoz 651.213 = 24,7%
Badajoz 132.944 = 38,3%
Mérida 49.560 = 33.8%
Cáceres 400.400 = 18,7%
Cáceres 82.100 = 34%
GALICIA 2.682.005 = 19,9%
A Coruña 1.092.013 = 20,8%
A Coruña 235.259 = 33,5%
Santiago de Compostela 88.999 = 27,3%
Lugo 355.104 = 11,2%
Lugo 87.753 = 22,5%
Ourense 334.730 = 13,8%
Ourense 106.234 = 27,5%
Pontevedra 900.158 = 24,4%
Pontevedra 74.550 = 24,4%
Vigo 278.740 = 38,3%
MADRID 5.397.176 = 34,2%
Alcalá de Henares 175.299 = 36,8%
Alcorcón 152.855 = 32,9%
Fuenlabrada 182.608 = 33,9%
Getafe 151.104 = 35%
Leganés 172.997 = 36,8%
Madrid 2.925.794 = 36,5%
Móstoles 196.443 = 37,3%
MURCIA 1.192.513 = 33%
Cartagena 184.175 = 35,8%
Murcia 367.973 = 39,9%
NAVARRA 548.748 = 23,2%
Pamplona 181.765 = 30,0%
PAÍS VASCO 2.066.499 = 31%
Álava 283.618 = 26,6%
Vitoria 214.464 = 29,9%
Guipúzcoa 667.787 = 26,9%
San Sebastián 176.572 = 30,5%
Vizcaya 1.115.094 = 34,5%
Bilbao 346.562 = 38,1%
LA RIOJA 274.153 = 24%
Logroño 132.002 = 30,7%
CEUTA Y MELILLA 136.309 = 45,2%
Ceuta 71.045 = 43,8%
Melilla 65.264 = 46,8%
 

 

TOTAL NACIONAL 40.615.078 = 30%
Barcelona 35,6
Valencia 40,8
Sevilla 35,1
Melilla 46,8
 

Después de la publicación de la Ley del Ruido.

Encuesta de Iberplaco en el 2004: el 56,9% de las viviendas españolas están afectadas por ruido.

Por ruidos exteriores: Barcelona 65,5%; Sevilla 64%; Bilbao 49,3%.

Por ruidos del propio edificio: Bilbao 38,9%; Madrid 32%; Sevilla 23%.

Como vemos en algunos puntos se duplican las cifras del año 2001.

IV.

COSTO DE LA LEY DEL RUIDO SEGÚN SU PROPIA MEMORIA ECONÓMICA (ANTES DE EMPEZAR A HACER ALGO)

La Directiva de la CE sobre la evaluación y gestión del ruido medioambiental (LA LEY 8851/2002) se implementará en etapas: la etapa uno se completará en tres años; la etapa dos, cinco años después. Se revisará y actualizará. Los principales costes asociados con las fases 1 y 2 son los siguientes:

Los costes para el desarrollo de mapas de ruido (lo más probable es que se contrate a consultores con el asesoramiento de consultorías expertas del extranjero), se estiman en un coste total de 15 millones de euros para la fase 1 (2.500 millones de ptas.), y 14 millones de euros para la fase 2 (2.330 millones de ptas.).

El coste para el desarrollo de planes de acción en materia de contaminación acústica, que serán realizados por el Gobierno, se estima en un coste total de 390.000 euros para la fase 1 (65 millones de ptas.) y 870.000 euros para la fase 2 (144 millones de ptas.). Los costes adicionales (p. ej., costes debidos al trabajo que no puede ser realizado por los recursos humanos existentes en el Gobierno, central o regional) será, probablemente, muy limitado. No se contempla el coste para las administraciones locales o autonómicas. Entendemos que el coste de los Ayuntamientos será el más elevado.

El coste de los mapas de ruido será mayor si no se encuentran disponibles en el formato adecuado los datos digitalizados necesarios (por ejemplo, contornos de edificios), ya que se requerirá mayor manipulación manual de los datos de entrada al modelo.

La publicación de los mapas de ruido puede que aumente las expectativas del público respecto al ruido ambiental e incremente la presión para tomar acciones. Pero hasta esa fecha aún ni siquiera habremos empezado a arreglar nada, por el contrario habremos dejado pendientes los problemas de gestión actual del ruido.

La

 

Directiva

(LA LEY 8851/2002)

 

actualmente no proporciona ningún límite de ruido o establece ningún requisito en cuanto a las acciones que se deberían tomar para controlar o reducir el ruido medioambiental. La Ley Española de Ruido tiene estos objetivos,

pero se desarrollaran en reglamentaciones posteriores

(Reglamentos que aún no han sido publicados).

Por tanto, no existe actualmente ninguna vía para estimar los costes de la implantación de los planes de acción

. Los costes unitarios para los distintos tipos de medidas correctoras que se puedan considerar se dan siempre que corresponda.

La industria no se verá afectada en gran medida por la actual Directiva (LA LEY 8851/2002), excepto para algunos mapas de sus emisiones de ruido dentro de aglomeraciones. La Ley de Ruido Española propone estándares futuros de ruido para comercio, actividades deportivas e industria, pero las implicaciones económicas de este hecho no se pueden considerar hasta que se establezcan los estándares, ya que éstos dependerán directamente de los límites de ruido que se determinen, y también de las prácticas de control de ruido referenciales que prevalezcan en dicho momento. Los requisitos de la Directiva (LA LEY 8851/2002) en control de ruido para industrias a las que les aplican dicha Ley puede que influyan en los impactos económicos dependiendo de la extensión de su implantación. Se han descrito varias medidas de atenuación de ruido industriales con sus costes asociados, mostrándose que varían enormemente de una industria a otra y que dependen de las circunstancias locales del emplazamiento.

Algunos autores mantienen la necesidad de un auténtica reconversión del sector de la hostelería, en cuanto puesta al día de la insonorización que realmente necesitan.

V.

¿TRATA LA LEY DEL RUIDO LA REALIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL RUIDO EN ESPAÑA ACTUALMENTE?

La Ley va a tardar muchísimo tiempo en aplicarse. La Ley está plagada de referencias a futuro… (potencial o imperfecto), creará, aprobará, fijará, serán determinados, regulará, determinará reglamentariamente…

Es confuso ya que hay enormes remisiones a normas inexistentes. Mayor es la complejidad y confusión aún en las desordenadas disposiciones adicionales y transitorias…

Se tienen que prever una serie de procedimientos administrativos que llevarán su tiempo:

a. Para las áreas acústicas; b. Para las servidumbres acústicas; c. Para los mapas de ruido; d. Para los planes de acción; e. Para las zonas de protección acústica especial; f. Para las zonas de situación acústica especial; g. Para las servidumbres acústicas de infraestructura estatal.

Ello llevará también su tiempo y cada procedimiento llevará sus trámites de información pública, publicación, información entre diversas administraciones, etc. (5).

VI.

TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA LEY DEL RUIDO

La promulgación de la Ley del Ruido española es consecuencia directa de la Directiva (LA LEY 8851/2002) sobre Ruido Ambiental, aunque su alcance y contenido intenta sin lograrlo ser más amplio que el de la Directiva (LA LEY 8851/2002) que traspone.

Incluso el plazo de transposición ha vencido al no haberse publicado los reglamentos de desarrollo (18 de julio del 2004). En este sentido se trata de una Ley incompleta.

Esto se debe, entre otras razones, a que en España no existía con anterioridad una ley de ámbito estatal sobre esta materia, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno como Francia (que existe un ramillete de normas que tratan las reuniones de jóvenes, los Rave Party)(6), Italia (Ley 477 de octubre de 1995) o Portugal. En Estados Unidos no parece viable la posibilidad de que se elabore una regulación global y exhaustiva por el Gobierno Federal ya que la cuestión de la contaminación acústica se sigue viendo principalmente como un asunto que depende de los gobiernos locales y estatales (7). Por tanto, se hacía necesario que la Ley del Ruido, además de recoger los parámetros y políticas sobre el ruido propugnados por la Unión Europea, hiciera un reparto de atribuciones entre las distintas Administraciones competentes, nunca realizado antes, creando un marco legal básico y homogéneo para todo el territorio nacional (8). Ello en principio es muy positivo.

No obstante es de reseñar que hay dos recursos ante el Tribunal Constitucional por la Ley del Ruido, uno de ellos presentado por la Comunidad Catalana.

La Ley del Ruido otorga además a la definición de contaminación acústica un contenido más amplio que la Directiva (LA LEY 8851/2002) sobre el ruido ambiental.

Éste ya no se entiende únicamente como «sonido exterior no deseado o nocivo», sino que consiste en la presencia en el ambiente de «ruidos» o «vibraciones» que produzcan molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza (incluso cuando su efecto sea el de perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural), o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

La Ley del Ruido se compone de cuatro capítulos, de los que a continuación haremos un resumen.

1.

Capítulo I: «Disposiciones generales»

En este Capítulo se establece el objeto, ámbito de aplicación y finalidad de la Ley. En cuanto al objeto y finalidad de la Ley, el art. 1 (LA LEY 1729/2003) señala que consisten en «prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente». Esta norma se aplica a todas las emisiones acústicas que se puedan producir, con las siguientes excepciones:

A)

Las generadas por las actividades domésticas y vecinales, cuando no excedan los límites tolerables de acuerdo con los usos locales y las ordenanzas municipales.

En mi opinión en lugar de respetar algunas costumbres que dañan la salud de otros se trataría precisamente de normarlas y aclarar la situación. Esta norma es restrictiva e enormemente esquiva y confusa. Evita el ruido por el que se han creado el 90% de las asociaciones contra el ruido en España. Hoy día unas 60 o 70. Repetimos que la alusión a los usos en este caso es en nuestra opinión absolutamente desacertada por la carencia e inexistencia de los mismos (cuando no por su carácter de uso mercantil contra legem).

B)

Las producidas en el lugar de trabajo como consecuencia de la actividad laboral, que se regirá por la normativa sectorial sobre la materia, más específica y detallada (es de resaltar que los límites de la legislación española provienen del Derecho del Trabajo, por lo que no se adaptan bien a esa realidad. Es obvio que en el trabajo se soporta mejor el ruido que en la intimidad de nuestro descanso y propio domicilio).

C)

Las originadas por las actividades militares, que vendrá regulada por su legislación específica (9).

(Le ha faltado exceptuar las actividades religiosas, menos mal…, son ya algunos pleitos que se están ganando contra el ruido de campanas…)

El art. 4 (LA LEY 1729/2003) regula la distribución y atribución de competencias entre las distintas Administraciones públicas, tanto en relación con la producción de normas y adaptación de las ya existentes como en el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley. Entre estas obligaciones se encuentra la información a los ciudadanos, recogida en el art. 5 (LA LEY 1729/2003).

2.

Capítulo II: «Calidad acústica»

El Capítulo II (LA LEY 1729/2003) se divide en tres Secciones, tituladas, respectivamente, «Áreas acústicas», «Índices acústicos» y «Mapas de ruido», y contiene las previsiones relativas a lo que la Ley denomina «proyecto de calidad acústica», que define como «el grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se realizan en su ámbito».

Como primer paso, la Ley prevé en su art. 7 (LA LEY 1729/2003) la clasificación del territorio en diversas áreas acústicas, lo que se llevará a cabo por las respectivas Comunidades Autónomas.

Dicha clasificación se realizará en atención al uso predominante del suelo y al menos incluirá los siguientes:

1. Residencial; 2. Industrial; 3. Recreativo y espectáculos; 4. Terciario no comprendido en el anterior apartado; 5. Sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección; 6. Afectos a sistemas de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos; y 7. Espacios naturales que requieran una especial protección.

Los criterios para delimitar los distintos tipos de áreas acústicas se fijarán reglamentariamente por el Gobierno.

Sin embargo,

la Ley contempla

asimismo

dos supuestos especiales

a los que no considera como áreas acústicas y para los que, por tanto, no se fijarán los objetivos de calidad acústica a que haremos referencia en el párrafo siguiente. Se trata de: (a) las

«reservas de sonidos de origen natural»,

que son zonas cuyos sonidos no se encuentran perturbados por la contaminación acústica originada por la actividad humana; y (b) las

«zonas de servidumbre acústica»,

formadas por las franjas de territorio situadas

«en el entorno de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente».

No se incluirá a ninguna de estas zonas en la división que se haga del territorio de acuerdo con los diferentes tipos de áreas acústicas.

Simplemente reseñar el hecho de que el águila o el lince tendrán derecho a una mejor calidad acústica que las personas.

Le corresponde al Gobierno determinar los objetivos de calidad acústica aplicables tanto a cada tipo de área como al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. El Legislador pretende así garantizar un nivel mínimo de protección frente a las agresiones acústicas en todo el territorio nacional.

Para establecer los citados objetivos, el Gobierno tomará en consideración las mediciones de ruido realizadas, el grado de exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de su hábitat, el patrimonio histórico expuesto y, por último, su viabilidad técnica y económica (¡ojo!… que nos escapamos…).

Asimismo, el Gobierno determinará cuáles son los valores límite de emisión e inmisión sonora, que deberán ser respetados en cada área acústica a fin de conseguir los objetivos de calidad acústica perseguidos. El Gobierno podrá reducir dichos valores límite cuando así lo permitan los avances tecnológicos y ello no conlleve unos costes excesivos (¡ojo¡).

Con carácter excepcional, la Ley prevé situaciones en las que puede resultar recomendable suspender provisionalmente la exigibilidad de los objetivos de calidad acústica, bien con autorización, como es el caso de la organización de actos de especial trascendencia social, o sin ella, como ocurriría en situaciones de emergencia (Esto es poner el parche en el ojo antes de operar el ojo).

Para la realización de las mediciones y evaluaciones acústicas que dispone la Ley se emplearán índices acústicos homogéneos correspondientes a las 24 horas del día (Lden) (10), al período diurno (Lday), al período vespertino (Levening) y al período nocturno (Lnight). Estos índices se desarrollarán reglamentariamente con posterioridad, aunque se podrán establecer otros índices para supuestos específicos.

Estos índices son muy fáciles de entender para cualquier vecino que tenga problemas de ruido y necesite defender sus derechos.

La Ley también recoge en su art. 14 (LA LEY 1729/2003) la elaboración de mapas de ruido con el fin de evaluar globalmente la contaminación acústica de una zona y su posible evolución. Estos mapas permitirán la adopción, en su caso, de los planes de acción que se estimen oportunos para prevenir y corregir la contaminación acústica en ese sector. Las clases de mapas de ruido, su contenido mínimo, su formato y las formas de presentación al público se determinarán reglamentariamente por el Gobierno.

En principio, está prevista la aprobación por las Administraciones competentes de mapas de ruido correspondientes a grandes ejes viarios, ferroviarios y aeroportuarios, así como a municipios con una población superior a 100.000 habitantes (aunque en relación con los mapas correspondientes a estos últimos las Comunidades Autónomas podrán introducir ciertas variaciones relativas al ámbito territorial de dichos mapas). También se aprobarán mapas de ruido de aquellas áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica.

Los mapas de ruido habrán de revisarse cada 5 años, a partir de la fecha de su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16. (LA LEY 1729/2003)

A costa de la Ley del ruido y de «teóricamente» mejorar la calidad acústica medioambiental habrá consultorías que tendrán mucho trabajo (Europa es así… no la he inventado yo). Ese gasto en absoluto representará una mejora cuantificable en la calidad acústica de las ciudades españolas.

3.

Capítulo III: «Prevención y corrección de la contaminación acústica»

El Capítulo III (LA LEY 1729/2003) se compone de tres Secciones que se titulan «Prevención de la contaminación acústica», «Planes de acción en materia de contaminación acústica» y «Corrección de la contaminación acústica», respectivamente. Y es que la Ley establece una serie de instrumentos para prevenir y corregir el ruido ambiental.

Entre las medidas preventivas se encuentran: 1. La planificación territorial y el planeamiento urbanístico(11). Creo que en realidad nos encontramos ante una ley urbanística. De ahí la decepción de los vecinos (las expectativas de los vecinos han sido totalmente defraudadas).

Es de resaltar que si el planeamiento no se lleva a cabo La Ley nacerá muerta(12). Y eso no es muy difícil. Los procedimientos de revisión del planeamiento son rígidos y complicados, enrevesados y muy laboriosos, no fructificando en bastantes ocasiones. 2. La intervención administrativa sobre los emisores acústicos. 3. El autocontrol de las emisiones acústicas por los propios titulares de emisores acústicos. 4. La prohibición –salvo excepciones– de conceder licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, hospitales y centros educativos y culturales, cuando los índices de inmisión no cumplen los objetivos de calidad acústica en esa área acústica (art. 20.1 (LA LEY 1729/2003)). Y 5. La creación de reservas de sonidos de origen natural, que podrán ser delimitadas por las Comunidades Autónomas.

Como medidas correctoras la Ley contempla la posibilidad de que aquellas áreas acústicas que incumplan los objetivos de calidad acústica sean declaradas «zonas de protección acústica especial», respecto de las cuales las Administraciones competentes elaborarán planes zonales específicos para la mejora de las condiciones acústicas. Estos planes contendrán las medidas correctoras que sean precisas.

Si las causas que provocaron la declaración de zona de protección acústica especial desaparecen, se aplicará de nuevo el régimen general al igual que en el resto de áreas acústicas, pero si dichas causas persisten a pesar de los planes zonales específicos, la Administración competente declarará dicha área acústica como «zona de situación acústica especial». En este caso, la aproximación al problema del ruido es distinta y las medidas correctoras se planifican a largo plazo, con especial atención a los espacios interiores. Es de reseñar que hasta la fecha las declaraciones de zonas acústicas saturadas no han conseguido mediante esa figura administrativa o similar arreglar demasiado. La experiencia no está siendo del todo positiva en los casos que he manejado. Dependerá de la sensibilidad y decisión política del Ayuntamiento. Los Ayuntamientos no han podido ser eficaces en muchos casos con estas armas. Además, la Ley prevé unos instrumentos que pueden ser tanto preventivos como correctores y que consisten en los planes de acción en materia de contaminación acústica para los ámbitos territoriales de los mapas de ruido.

Los planes de acción se deberán exponer al público durante un plazo mínimo de un mes antes de ser aprobados. Cuando en el área acústica de que se trate se produzca un cambio importante de la situación existente en materia de contaminación acústica, la Ley establece la revisión y, en su caso, modificación de los planes, previo siempre el citado trámite de información pública (esperemos que los organismos públicos sean receptivos y razonables con estas alegaciones).

4.

Capítulo IV: «Inspección y régimen sancionador»

La Ley tipifica asimismo, cumpliendo con la preceptiva reserva de ley, las correspondientes infracciones y sanciones. El Legislador lo hace así para evitar la dispersión normativa y la posibilidad de eventuales discordancias.

En cualquier caso, se deja a salvo la competencia que puedan tener las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en esta materia. Y establece que, con carácter general, la imposición de sanciones corresponderá a los ayuntamientos, por ser las Administraciones más afectadas por el fenómeno de la contaminación acústica. La Administración General del Estado sólo ejercerá la potestad sancionadora en el ejercicio de sus competencias exclusivas.

5.

Disposiciones adicionales, transitorias y finales

La Ley se completa con una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales. Entre ellas, la disp. adic. 1.ª (LA LEY 1729/2003) establece que los planes de ruido de los grandes ejes viarios y ferroviarios (que tengan un tráfico al año, respectivamente, de 6 millones de vehículos y 60.000 trenes), de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, deberán estar completados antes del 30 de junio de 2007. Los planes de ruido restantes se terminarán antes del 30 de junio de 2012. Por su parte, los planes de acción en materia de contaminación acústica relativos a unos y otros planes de ruido se terminarán, respectivamente, antes del 18 de julio de 2008 y 18 de julio de 2013.

También son significativas las disps. adics. 4.ª (LA LEY 1729/2003) y 5.ª (LA LEY 1729/2003) que prevén que el Código Técnico de la Edificación, contemplado en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LA LEY 4217/1999), «deberá incluir un sistema de verificación acústica de las edificaciones», y que el vendedor de inmuebles que no cumplan los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que fijará el Gobierno incurrirá en un supuesto de vicios o defectos ocultos de los establecidos en los art. 1484 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889), determinante de la obligación de saneamiento.

Por último, la disp. adic. 6.ª (LA LEY 1729/2003) prevé la posibilidad de que los Entes Locales establezcan tasas por la prestación de los servicios de inspección que realicen para verificar el cumplimiento de esta Ley.

VII.

CONCLUSIONES

1. La Ley del Ruido no se adapta a la realidad social española (13). No trata la movida, el botellón, actividades incumplidoras, incumplimiento de horarios, motos a escape libre, insonorizaciones insuficientes en viviendas, etc., que es lo que preocupa al vecino más generalizadamente y de a pie.

2. Transpone de manera incompleta la Directiva (LA LEY 8851/2002) Europea. «En nada hace referencia a algunos de los aspectos contenidos en la norma que transpone tales como los indicadores de ruido, o índices acústicos, niveles de emisión o inmisión, los métodos de evaluación o ni siquiera reproduce el contenido mínimo de los Planes de acción, dejando todo lo citado a un peligroso ulterior desarrollo reglamentario» (14). En este sentido es una Ley incompleta.

3. No se definen claramente las responsabilidades de la Administración en cada materia.

4. Aunque es una competencia fundamentalmente local y seguirá siendo local, se determinan otras competencias, pero no quiénes tienen que aplicarla o prepararla eficazmente. Como bien indica el informe especial del Defensor del Pueblo, de marzo del 2005. Los ayuntamientos no deben ni pueden soportar por sí solos esta carga.

Los ayuntamientos que desgraciadamente tendrán que aplicar y financiar la Ley del Ruido, han demostrado histórica y desgraciadamente su escasa eficacia para arreglar estos problemas. No se les apoya económicamente. No están significativamente presentes en las comisiones de trabajo de elaboración de los Reglamentos. Del Sur de España, por ejemplo, no hay ningún ayuntamiento presente(15).

5. Sólo establece la legislación básica en la materia. A esta fecha sus efectos han sido hasta negativos ya que las administraciones han olvidado y postergado sus obligaciones de gestión actual del problema del ruido. También ha retrasado la publicación del Código Técnico de la Edificación en relación a Ruidos.

6. No toca el aspecto educativo pese a los enormes gastos previstos.

7.

La jurisprudencia hasta el momento no se ha visto sensibilizada por el ruido por esta Ley

 

(16)

 

. Una condena por el TEDH hubo antes de la Ley y otra después de la Ley

 

(17)

 

. Existe escasa formación por tecnificación inadecuada de la materia

(queremos reiterar que tres decibelios más de los límites legales es el doble de ruido soportado).

Los ayuntamientos tampoco están más humanizados con el problema del ruido después de esta Ley

. Puede que estén más sensibilizados por la humanidad de sus funcionarios, por condenas, por presión vecinal, o por otras circunstancias, pero no por la Ley del Ruido. Hay ayuntamientos que afrontan el problema con valentía, humildad intelectual y receptividad vecinal, y otros, los más, que siguen la política del avestruz con verdadera alergia a escuchar a los vecinos. Como ejemplo de los primeros, en mi humilde opinión, que a mí me conste, están los de Vitoria, Pamplona o Málaga (18).

8. La regulación de su régimen sancionador se ajusta a las exigencias constitucionales (19). Es positivo que el art. 29 (LA LEY 1729/2003) permita la revocación de las licencias ante incumplimientos muy graves (pese a ello, algunos Tribunales aplican una mal interpretada teoría del acto reglado). No se establece plazo de prescripción de sanciones ni multas coercitivas.

9. No obstante se atribuye la capacidad de sancionar a distintas administraciones, lo que dispersa, confunde y crea ineficacia.

10. La Ley no apoya decididamente a los ayuntamientos, pues justo el que mayor competencia tiene es el que peor y más escasamente está regulado y apoyado por la Ley (20).

11. Ni siquiera fija unos criterios mínimos para la actuación local (21). Cuerpo básico y fundamental que ni siquiera es escuchado, inconcebiblemente.
12. La redacción de algunos preceptos no es clara. Art. 28.5.5: Las ordenanzas locales podrán tipificar infracciones en relación con:

a)

El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias.

b)

El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos locales.

¿Cuáles son los usos locales? ¿el de los buenos padres de familia? ¿o el de máxima permisividad? ¿qué circunstancias?

Le permite tipificar infracciones pero con algunos límites que no especifica.

13. Se remite a los usos sociales cuya extralimitación precisamente tenía que normar.

14. Refuerza el derecho de información (22).

15. Se olvida de la gestión actual y presente del ruido. Deja que el enfermo (con lo que está cayendo) empeore y se muera. Curarlo cuando esté muerto será complicado. Expresa el Defensor del Pueblo Estatal en el informe especial sobre la contaminación acústica, página 382: «La vigente Ley del Ruido, que ha merecido ya algunas críticas de la doctrina por ciertas lagunas y por la parsimonia en su aplicación, aconseja por lo mismo que no se agoten los plazos máximos de puesta en práctica de la Ley… Por otra parte, las críticas que han surgido a las insuficiencias de la LR parecen a esta Institución en su mayor parte consistentes y certeras, pero también de menor importancia siempre que la nueva Ley se ensamble con el entero Ordenamiento… Conjugación en mi opinión muy difícil, dados los distintos ámbitos de competencias, plazos y jerarquías… todo en contra la eficacia en la lucha contra este problema».

16. Es positiva la revisión actualizada de las licencias. Art. 18.3.3: El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de intervención aludidas en los apartados precedentes podrá revisarse por las Administraciones públicas competentes, sin que la revisión entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlas a las reducciones de los valores límite acordadas conforme a lo previsto por el segundo párrafo del art. 12.1 (LA LEY 1729/2003).

17. El plazo de entrada en vigor… (23) y prácticamente todo necesita desarrollo reglamentario… Ni el título de la Ley clarifica nada. ¿Protege, evita o propugna el ruido? Un título que induce a confusión y ha roto expectativas.

18. Es muy técnica, el ruido es un problema vecinal y la ley es incomprensible y alejada del ciudadano con procedimientos lentos y muy poco tuteladores. Procura el monopolio del conocimiento y el culto y la liturgia del decibelio. Las zonas de protección protegerán la situación actual, la mantendrán, y no harán disminuir la contaminación acústica.

19. Por ahora no ha evitado ni un solo pleito o conflicto.

20. Es cara y los mapas serán prácticamente simulaciones. Lo harán multinacionales. Con ese dinero se podían haber arreglado muchas cosas (de presente, no de futuro condicional o imperfecto).

También se exige pruebas caras a los vecinos que se desgastarán física, psíquica, y económicamente.

21. Algunos métodos de cálculo no se adaptan a nuestro país, como el sistema de países bajos para ruido de trenes.

22. No tiene un detalle con los ayuntamientos ni con los vecinos. Todo para los ayuntamientos, pero sin los vecinos ni los ayuntamientos.

23. Olvida los resarcimientos de daños a los vecinos.

24. Ha roto las expectativas de los vecinos y su creencia y confianza en la Ley y en las Instituciones Democráticas en este asunto, creando fantasmas de corrupción y connivencia.

25. No se contestaron a las alegaciones de los vecinos y no cree ni refuerza la participación ciudadana (24).

26. Tiene excesivas e inadecuadas exclusiones.

27. Lo deja todo al desarrollo reglamentario (25), incluso asuntos que antes como los aislamientos se resolvían con mayor claridad. Por ejemplo el saneamiento por vicios del CC (26). Con una técnica legislativa poco depurada.

28. Es interesante la Disposición adicional novena. Contratación pública.

Las Administraciones públicas promoverán el uso de maquinaria, equipos y pavimentos de baja emisión acústica, especialmente al contratar las obras y suministros.

29. Supone un elemento distorsionador entre las distintas Administraciones.

30. El ruido es un problema local, el Estado y la Comunidad Autónoma (alejados de la problemática) dan las normas y los ayuntamientos ajenos a lo anterior hacen lo que pueden para aplicar dichas normas tecnificadas y alejadas de la realidad social. Normas dadas quizás, dicho sea con el mayor respeto, por teóricos alejados de la gestión diaria del ruido.

31. Según la Ley del Ruido ni siquiera es obligatorio aprobar las Ordenanzas Municipales.

32. La Ley del Ruido implica modificaciones, de futuro, en la LOE, en el CTE (sistemas de verificación), el art. 1484 del CC (LA LEY 1/1889), la Ley de Haciendas Locales (tasas), la contratación pública, y todas las normas de planeamiento (que se tienen que adaptar en el plazo de cinco años pero una vez que se fije el Reglamento General de Desarrollo) (que en realidad no sabemos si serán uno o varios…, aunque ya hay algún boceto circulando por ahí no muy esperanzador). No obstante no hay respuesta y coordinación en los planificadores urbanísticos al problema…

33. No exageramos si indicamos que las medidas cautelares que propugna la Ley son del siglo pasado (Ley 30/1992), nada que ver con una tutela administrativa eficaz y con el principio de cautela y eficacia. Sin medidas preventivas no hay nada que hacer (27).
34. Sin perjuicio de ello, y con toda la dificultad que implica de futuro unir planeamiento a gestión del ruido, que es un problema de actualidad presente, la Ley realiza algunas muy buenas aportaciones, entre las que debemos de señalar:

a)

Art. 18 párrs. 3.º y 4.º (LA LEY 1729/2003). Revisión de licencias para impedir que las mismas se modifiquen.

b)

Art. 19 (LA LEY 1729/2003). Autocontrol de las emisiones acústicas.

c)

Art. 29 párrafo 1.a.2 (LA LEY 1729/2003) en relación a la infracción del art. 28.2 letra c (LA LEY 1729/2003). Revocación de licencias por incumplimiento de las condiciones.

d)

Disp. adic. 4.ª (LA LEY 1729/2003). Obligación de incluir un sistema de verificación acústica en las edificaciones. No nos gusta sin embargo en absoluto que la disp. adic. 2.ª párr. 3.º (LA LEY 1729/2003) se refiera a «las medidas económicamente proporcionadas» en lugar de a las mejores técnicas disponibles.

e)

Disp. adic. 9.ª (LA LEY 1729/2003). Las Administraciones Públicas promoverán el uso de maquinaria, equipos y pavimentos de baja emisión acústica, especialmente al contratar las obras y suministros.

Espero y deseo que los ayuntamientos, conscientes de estas circunstancias, hagan lo posible humana, técnica y jurídicamente para conseguir una tutela administrativa eficaz frente a esta perturbadora inmisión (28). Mediante sus Ordenanzas y una política de gestión del ruido actual, eficaz y decidida.

Indudablemente confío más en los ayuntamientos y en su sentido común que en esta Ley del Ruido. Lex rebus imponitur non verbis. La Ley se impone con hechos, no con palabras.

Para la defensa de la enmienda de totalidad contra la Ley del Ruido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, dijo el señor Morlán:

«Me da la sensación de que a esta ley le va a pasar lo que decía Romanones: ustedes hagan las leyes que yo haré los reglamentos. Usted hace eso. Nos dice: aprueben la ley y ya me encargaré yo de hacer el reglamento y lo haré como me dé la gana o como estime oportuno o como provenga del acuerdo que usted dice que va a tener con las comunidades autónomas, pero no es bueno que un proyecto de ley de estas características se deje a un reglamento que indudablemente ofrece muchas interrogantes, muchas dudas respecto a su elaboración.»

Esperemos sinceramente que ahora que le toca al Partido Socialista hacer los Reglamentos contemple real y eficazmente los problemas de la contaminación acústica que preocupan a los vecinos y a los ayuntamientos. A ellos les toca jugar la pelota, intentar meter gol y percibir el clamor popular… o tirar el balón a las gradas.

Nadie cuestiona que las medidas técnicas, mapas de ruido, planes de acción, son muy necesarios. Pero más necesario es ayudar a los ayuntamientos, escucharlos al elaborar las normas, apoyarlos económica y técnicamente y propugnar una gestión inmediata de este problema.

Los ciudadanos se sientes desamparados.


(1) Pág. 34. Alfonso DE COSSÍO/Manuel DE COSSÍO/José León CASTRO, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Civitas, 1991.Ver texto


(2) Giuseppe SALVIOLI, Derecho Civil y Proletariado. Utilizo la obra comentada por Bartolomé CLAVERO. Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979.Ver texto


(3) Fernando Luis DE ANDRÉS ALONSO, El tratamiento Administrativo de la contaminación acústica. Publicaciones del Valedor del Pueblo Gallego, Primera edición 2003. Manejo ya la segunda edición.Ver texto


(4) Véase la clasificación de las quejas por focos de ruido que recoge el Defensor del Pueblo estatal en el informe especial de marzo del 2005. Página 411 (La palabra tráfico ni aparece. Bar y pubs ocupan el primer lugar con un 27,3%, ruido en las calles 8,1%, Industrias no urbanas 7,6% y discotecas 5,9%…).Ver texto


(5) Antonio CANO MURCIA, Régimen Jurídico de la Contaminación Acústica, Thomson, 2004.Ver texto


(6) La lucha contra el ruido en Derecho Francés, Camille MIALOT. Régimen Jurídico del ruido, una perspectiva integral y comparada, Comares 2004.Ver texto


(7) «Regulación de la contaminación acústica en Estados Unidos, Royal C. Gardner», Régimen Jurídico del Ruido, una perspectiva integral y comparada, Comares, 2004. La razón por la que Japón es el país más ruidoso del mundo, indudablemente difiere mucho de las circunstancias españolas «la concentración de los usos del suelo en una extensión territorial muy limitada… la extremada aglomeración de habitantes…». El proceso de industrialización del país fue el mismo que su historia de la contaminación saliendo de la II Guerra Mundial. Página 482. El régimen del control del ruido en Japón y su situación actual, Akira MORITA, Comares, obra citada.Ver texto


(8) «La nueva Ley del Ruido», por Vicente GIMÉNEZ ONTAÑÓN (Abogado), Valeriano Hernández Abogados, Diario LA LEY, núm. 6009, Año XXV, 3 de mayo de 2004, Ref. D-101. Mantiene también una opinión favorable a esta Ley la Magistrada de Alicante Carmen Paloma GONZÁLEZ PASTOR en su artículo «La nueva Ley del Ruido: regulación administrativa y regulación penal, como delito contra el medio ambiente. Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de febrero del 2004».Ver texto


(9) El Defensor estatal del Pueblo indica que ha recibido 29.000 denuncias cada año por ruido¡¡¡¡¡¡. Que el ruido no es una simple manía subjetiva sino una agresión agravada por su cotidianidad. El Defensor del Pueblo considera que esta exclusión de los ruidos militares es fuente de injusticias (El Mundo, 9 de marzo de 2005). También considera Múgica que es excesiva la carga que se atribuye a los ayuntamientos. Las memorias de los defensores del Pueblo autonómicas sobrepasan estas cifras. Véanse las páginas 395 (y en especial página 399) y siguientes del estudio especial sobre la Contaminación acústica (marzo de 2005) donde se realizan propuestas específicas a la administración de la defensa nacional. Ver texto


(10) Las críticas han sido muy importantes a este índice por no plasmar la realidad del problema y su propia complejidad. Índice poco operativo para nuestro país.Ver texto


(11) 

«Las restricciones de la ocupación de las calles, los horarios, las medidas propiamente constructivas deben estar presentes en la normativa reguladora de los usos de las actividades que produzcan contaminación acústica en aquellos espacios compatibilizados con el uso residencial.»

«El primer bastión de la lucha contra la contaminación acústica, reside en las medidas urbanísticas que se inician con la formulación del planeamiento. En este sentido, resulta obligado exigir del planificador de la sociedad que amplíe la perspectiva de su trabajo, que muchas veces olvida que la función primordial de los planes es organizar y facilitar la convivencia.»

Sin duda de los autores que mejor han tratado esta materia, Jorge PINEDO HAY, El ruido del ocio. Ed. Bosch: «No sólo a través de las normas específicas del ruido o actividades clasificadas se pueden regular las distancias mínimas entre locales de ocio, sino también a través de la planificación urbanística, como se realizó en Huesca donde no sólo se establecieron 50 metros como distancia mínima entre establecimiento de ocio tipo bares, discotecas, etc…, sino que incluso se prohibía la instalación de este tipo de locales en calles especialmente estrechas».

D. Federico ROMERO HERNÁNDEZ ya publicó dos artículos en 1992 sobre urbanismo y contaminación acústica (con especial mención a establecimientos recreativos y de ocio), Actualidad Administrativa, 1992, Revistas 13 y 14.

Ver texto


(12) Antonio CANO MURCIA, Régimen Jurídico de la Contaminación Acústica, Prólogo de Manuel Rebollo, Thomson.Ver texto


(13) Lamento profundamente discrepar de D. José Manuel SANZ SA, persona de reconocida solvencia científica y técnica que opina que: «La publicación de la Ley 37/2003, del Ruido, establece un nuevo marco global de referencia en la regulación de la contaminación acústica (ruido y vibraciones), ajustada a las características, costumbres y estado del medio ambiente acústico de nuestro país, teniendo en cuenta el nuevo enfoque de la Unión Europea contemplado en la “Política futura de lucha contra el ruido ambiental”».Ver texto


(14) Pág. 89. Instrumentos de prevención y corrección de la contaminación acústica. Ángel RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Universidad de Navarra. Régimen Jurídico del ruido una perspectiva integral y comparada, Comares, Granada, 2004.Ver texto


(15) En mi opinión la Ley necesitaba haber estado más atento al pueblo, a los medios de comunicación. Nos encontramos con leyes hechas por técnicos no por juristas… se parecen más a RITES o a Normas Básicas que a propias Leyes.Ver texto


(16) Algún autor lo ha llegado a calificar como pesadilla de la Justicia. MARTÍN RETORTILLO, L., RIGA, núm. 58, octubre de 2003. Ver texto


(17) La segunda, Pilar Moreno contra España en noviembre de 2004, llevada por mi compañero de «Juristas contra el ruido», amigo y magnífico abogado Andrés MOREY DE VALENCIA.Ver texto


(18) Las ponencias del reciente congreso de Vitoria «La acción municipal para combatir el ruido interior en la edificación. El ruido vecinal ¿debe ser controlado?, ¿por quién? ¿con qué fundamento legal? ¿y la administración local? ¿qué opina?», D. José PÉREZ PACIOS (Ayuntamiento de Pamplona) de PEACRAM Ignacio Sáenz Cosculluela, «La rigurosidad municipal es la mejor herramienta para combatir el ruido en el interior de la vivienda», de Jorge PINEDO HAY y «El ruido producido por las actividades ubicadas en las plantas bajas de los edificios de uso residencial», de Isidoro GARCÍA DEL POZO (Ayuntamiento de Vitoria) fueron una auténtica delicia y muestra la postura común de «Juristas contra el ruido», asociaciones de vecinos y ayuntamientos en este espinoso asunto. En la misma línea de escuchar y atender siempre a los vecinos está el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía D. Juan Espadas Cejas (Al César lo que es del César). Ver texto


(19) Tribunal Constitucional, Sala 1.ª, Sentencia de 23 de febrero de 2004. Ponente: Sr. Jiménez de Parga y Cabrera. Sentencia 16/2004 (Rec. 1784/1999). LA LEY JURIS: 631/2004.Ver texto


(20) Como con un magnífico sentido del humor indica José PÉREZ PACIOS esperemos que aunque los ayuntamientos son los menos representados, le hagan un 90% de caso al elaborar los Reglamentos de desarrollo. Con ironía indica este autor la poca solvencia de los mapas de ruido para reflejar la calidad acústica en las ciudades, poniendo el ejemplo de un amigo suyo belga que confió en lo que le indicaba el mapa de ruido de una determinada ciudad.Ver texto


(21) «Aspectos constitucionales de la Ley del Ruido: Derechos, Fuentes y Competencias», Ricardo MARTÍN, Tomás REQUENA y Enrique GUILLÉN, Régimen Jurídico del Ruido una perspectiva integral y comparada, Comares, 2004. Ver texto


(22) No obstante el Ministerio ni contestó, ni modificó una coma en las alegaciones de algunas asociaciones como «Granada contra el ruido», «PEACRAM» o «Juristas contra el ruido».Ver texto


(23) «Comentarios a la Ley 37/2003, del Ruido, y al nuevo marco de protección frente a la contaminación acústica», por Joaquim MARTÍ MARTÍ (Abogado. Profesor colaborador de Derecho Civil. Universidad de Barcelona), Diario LA LEY, núm. 5970, Año XXV, 8 de marzo de 2004, Ref. D-57.Ver texto


(24) Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.

a) Prescinde totalmente de la participación ciudadana a la hora de aprobarse un plan de acción pues sólo reconoce a la población el derecho a conocer dicho plan;

b) No toma en cuenta en modo alguno la opinión de la población a la hora de establecer los métodos de evaluación de las molestias, por la sencilla razón de que evitar las molestias no son su ámbito de aplicación ni su objetivo;

c) Tampoco se consultará a la población a la hora de fijar la calidad acústica en que queremos o vamos a vivir, a la hora de establecer exenciones al cumplimiento de los valores límites de ruido a soportar que se fijen, o de suspender temporalmente la vigencia de dichos valores por razones de oportunidad que sólo el gobierno entrará a valorar.

d) En ningún momento se plantea la necesidad de preservar la calidad acústica allí donde ésta alcance niveles satisfactorios, tal como indica la Directiva en su art. 1, limitándose a «facultar» (en vez de «obligar») a las Comunidades Autónomas para delimitar como Reservas de sonido de origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos o a establecer planes de conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a posibilitar la percepción de aquellos sonidos (Opiniones vertidas por «legalitas»).

Ver texto


(25) Se trata de una Ley con excesivas remisiones al desarrollo reglamentario. Instrumentos de prevención y corrección de la contaminación acústica. Ángel RUIZ DE APODACA, pág. 22, Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada, Comares, Granada, 2004.Ver texto


(26) Disposición Adicional Quinta. Saneamiento por vicios o defectos ocultos.

A efectos de lo dispuesto por los arts. 1484 y siguientes del Código Civil, se considerará concurrente un supuesto de vicios o defectos ocultos en los inmuebles vendidos determinante de la obligación de saneamiento del vendedor en el caso de que no se cumplan en aquéllos los objetivos de calidad en el espacio interior fijados conforme al artículo 8.3 de esta Ley.

3. El Gobierno fijará objetivos de calidad aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

Artículo 1484 CC

El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.

(Se entorpece el cumplimiento del propio CC remitiéndolo a índices en lugar de al sentido común… Impropia para su uso). Como indica el Profesor ALBALADEJO: ¿Cabe pensar que un Código que hasta vela por que no se moleste al dueño contiguo viendo desde cerca lo que hace (a cuyo fin se dictan artículos como los 581 y 582) va a permitir que se le perturbe con toda clase de inmisión de imponderables, por muy descomunales que sean?

Como vamos a poder comparar la técnica legislativa de la Ley del Ruido con el CC que indica por ejemplo en sus arts. 7 y 1258.
Artículo 7

1.

Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2.

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Artículo 1258

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

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(27) Opina Jorge PINEDO HAY: «… La nueva Ley del Ruido estatal que establece en su artículo 31 un sistema de medidas provisionales. Si bien hay que decir que, francamente, deja mucho que desear ya que permite la adopción de medidas cautelares, pero una vez iniciado el expediente sancionador, lo que en determinados casos se dilata mucho en el tiempo y permite un amplio margen de movimientos al infractor. Hubiera sido deseable que la ley permitiera la adopción de dichas medidas con anterioridad a la incoación del expediente, mediante una resolución motivada en base al riesgo a la salud que suponen estas inmisiones o a la vulneración de los derechos fundamentales establecidos en la constitución. Una vez acordado el inicio del expediente sancionador se deberán ratificar dichas medidas o revocarlas. Esta deficiencia debería ser suplida por leyes autonómicas que debería contemplar esa posibilidad en casos en que se superen los límites máximos permitidos en el período nocturno y se haya producido una denuncia vecinal». Propugna con mucho humor dicho autor que en España debería existir una Ley que prohibiera vender para vivienda los primeros pisos.Ver texto


(28) En latín, immittere refleja la idea de lanzar algo contra alguien: serían olores, ruidos, vibraciones u ondas electromagnéticas. Intromittere es hacer entrar o introducir (Alguien nos introduce algo y además en nuestro propio domicilio).

Efectiva?