Actividades molestas

Entre las actividades del ocupante del elemento privativo en comunidad horizontal que justifican el requerimiento, y sucesiva eventual acción de cesación, se distingue entre las molestas, perjudiciales y peligrosas, y las que están prohibidas.

Para el género de las actividades no específicamente prohibidas, ha sido tradicional acoger la definición del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, complementado por las Ordenanzas de 15 de marzo de 1963 (BOE del 2 de abril) y de 21 de marzo de 1964 (BOE del 28), con arreglo a cuyo art. 3.º “Serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen … Se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes”.

Según la doctrina, pues, lo molesto es lo que genera incomodidad, y ésta, a los efectos de los arts. 7.2 LPH y 27.2.e) LAU, es lo que carece de comodidad como contrario a la buena disposición de las cosas para el uso que ha de hacerse de ellas, o como dificultad para que los demás hagan el normal y adecuado uso y disfrute de la cosa o derecho. Pueden tratarse de:

•Actos de emulación, es decir actividades que desarrolladas por personas dentro del ámbito de su esfera dominical o de su derecho de goce, excedan de los límites de la normal tolerancia al provocar únicamente daño ajeno sin ventaja propia.

•Inmisiones, esto es, actos ejercidos por un titular, también dentro de su esfera dominical, que proyectan sus consecuencias en la propiedad ajena, causando molestias e impidiendo el adecuado uso y disfrute de la misma.

 

Los ejemplos de la preocupación más usual de las Comunidades incluyen aquellas actividades que provoquen molestias por ruidos, vibraciones, olores y humos (SSTS de 28 de septiembre de 1993 y 18 de mayo de 1994).

 

Así las cosas, como el perjuicio recibido injustamente constituye “per se” una molestia o incomodidad, y lo peligroso ha de ser respecto de una molestia perjudicial, en realidad, el término bipolar de las actividades sometidas a la potestad de cesación en la Comunidad de propietarios según lo indicado, es la molestia, actualmente o en potencia o riesgo, o la prohibición.

 

No es posible, pues, hacer una calificación de las actividades molestas de forma apriorística, sino que debe examinarse la manera en que se ejercitan en cada caso concreto, pero partiendo de criterios de notoriedad o gravedad, y de objetividad.

 

Ahora bien, las molestias dignas de cesación deben reunir dos requisitos, conforme a la jurisprudencia anciana (SSTS de 8 de abril de 1965 y 22 de diciembre de 1970):

•Notoriedad y ostensibilidad. No basta una pequeña dificultad o trastorno, sino que se exige un daño de gravedad, una afectación de entidad a la pacífica convivencia jurídica, lo cual obliga a la ponderación en cada caso concreto, siendo la base de la notoriedad la evidencia y permanencia en el peligro de incomodidad o la incomodidad actual.

Ahora bien, no hace falta que la actividad produzca un trastorno para la salud, y ni siquiera que la incomodidad resulte insufrible o intolerable, lo que se exige es que la actividad aparezca gravemente desagradable para los ocupantes de la finca si se verifica con permanencia.

 

•Objetividad con criterio de normalidad. La percepción de las molestias por los vecinos y su diferente valoración tiene siempre un fuerte componente subjetivo, y la acreditación de esta percepción subjetiva en el proceso mediante la prueba testifical tiene que contrastarse con el criterio de normalidad, de lo corriente en la tolerancia de las relaciones sociales. No todas las actividades subjetivamente molestas pueden incluirse en el supuesto previsto en el art. 553.40.1 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, sino que es necesario un cierto grado de objetividad, dado que, en régimen de propiedad horizontal deben armonizarse los derechos de cada propietario sobre los elementos de propiedad privativa, susceptibles de aprovechamiento independiente, con la ineludible interdependencia objetiva y recíprocas limitaciones derivadas de la unidad física del edificio (véase en cuanto a las características de este tipo de propiedad horizontal de cara a las actividades la STS de 30 de mayo de 2001, rec. 1170/1996: “Se hace precisa, así, la determinación de una serie de deberes para asegurar que el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del conjunto, a fin de establecer las bases de una convivencia normal y pacífica”).

 

No interviene en la consideración de la molestia a estos efectos la calificación como tal en el ámbito administrativo, de modo que la molestia a la Comunidad de propietarios en orden a la cesación de actividades de ocupantes de elementos privativos lo es abstracción hecha de que la actividad a desarrollar en el local no sea “molesta” según la relación del citado Decreto de 30 de noviembre de 1961, o la Ordenanza local o reglamento que pueda describirlas (véase SAP Castellón -3.ª- de 1 de febrero de 2002, rec. 250/2001).

 

Por otra parte, y en dicho sentido lo molesto o incómodo como perjudicial incluye los perjuicios que no son de índole material, o daños no patrimoniales, sino morales -sufrimientos, ansiedad o alteraciones del ánimo-, lo que amparará una petición indemnizatoria como reparación de los resultados espirituales de la molestia.

 

Como la actividad molesta es la que afecta, disminuyéndolo, al nivel de comodidad y convivencia de los vecinos que conforman una Comunidad, porque toca la sensibilidad, especialmente la vista, el oído y el olfato, un ejemplo de actividad molesta o perturbadora por inmisiones no aparentes y de gran fluctuación subjetiva en su percepción, son las derivadas de olores y ruidos. La actividad molesta del Decreto de 30 de noviembre de 1961, constitutiva de incomodidad jurídicamente rechazable con arreglo a la cesación del art. 7.2 LPH, expresamente acogía los ruidos, vibraciones y olores, y ya la STS de 12 de diciembre de 1980 -citada en la más reciente STS de 31 de mayo de 2007, rec. 2300/2000- vino a reconocer las inmisiones provocadas por un nivel de contaminación evitable, cuya desaparición o amortiguamiento a unos niveles de mucha mayor tolerancia comportaba la estimación de la acción de cesación, precisamente por la propia facilidad en la evitación de la molestia:

 

“… el ejercicio de una industria, no obstante su interés para la economía nacional, debe desenvolverse en su funcionamiento guardando el debido respeto a la propiedad ajena, ya que, según autorizada opinión, el ordenamiento jurídico no puede permitir que una forma concreta de actividad económica, por el sólo hecho de representar un interés social, disfrute de un régimen tan singular que se le autorice para suprimir o menoscabar, sin el justo contravalor, los derechos de los particulares, antes por el contrario el interés público de una industria no contradice la obligación de proceder a todas las instalaciones precisas para evitar los daños, acudiendo a los medios que la técnica imponga para eliminar las inmisiones, como tampoco excluye la justa exigencia de resarcir el quebranto patrimonial ocasionado a los propietarios de los predios vecinos, indemnización debida prescindiendo de toda idea de culpa por tratarse de responsabilidad con nota de objetiva; y por lo que toca a la cuestión de si el perjudicado puede reaccionar contra la causación del deterioro, instando la cesación de la actividad lesiva mediante el uso de los remedios que detengan su desarrollo, es clara la respuesta afirmativa a fin de evitar la prosecución del menoscabo patrimonial, pues la necesidad de poner término a la producción dañosa ha de ser calificada como efecto jurídico del agravio, y en tal sentido si ya anejas resoluciones de este Tribunal (28 de junio de 1913 y 24 de febrero de 1928) han dado viabilidad a la acción de condena a la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación de las inmisiones ilícitas, otras posteriores, decidiendo asimismo sobre los daños causados por establecimientos fabriles, declaran que la protección de los derechos, como sin duda lo es el de dominio, no se contrae exclusivamente a la reparación de los perjuicios ya originados, sino que también la de extenderse a las medidas de prevención que razonablemente impidan ulteriores lesiones patrimoniales (sentencias de 23 de diciembre de 1952, 5 de abril de 1960 y 14 de mayo de 1963) …”

 

Respecto del ruido la moderna contextura legal ha experimentado una fuerte evolución en su consideración relativa a la salud y la conducta social, al haberse decretado susceptible de vulnerar derechos fundamentales (inviolabilidad del domicilio como ámbito de privacidad), y posible factor psicopatógeno, destacado en la sociedad actual y una fuente permanente de atentado a la calidad de vida de los ciudadanos (STC 119/2001, de 24 de mayo de 2001). Y ha recibido un novedoso tratamiento en el Derecho civil especial catalán, por la Ley autonómica 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica, la cual define en su art. 4 al ruido como el contaminante físico que consiste en una mezcla compleja de sonidos de frecuencias diferentes, que produce una sensación auditiva considerada molesta o incómoda y que con el paso del tiempo y por efecto de su reiteración puede resultar perjudicial para la salud de las personas; y a la vibración como el movimiento de una partícula de un medio elástico en torno a su punto de equilibrio como consecuencia de una fuerza. La inmisión al ambiente interior, conforme a dicha norma, es la contaminación producida por el ruido y las vibraciones que provienen de uno o varios emisores acústicos situados en el mismo edificio o en edificios contiguos al receptor.

 

Caso de la doctrina de apelación catalana sobre inmisiones acústicas, son los de la SAP Barcelona -4.ª- de 14 de enero de 2002, rec. 797/2000, ratificada por STSJ Cataluña -Civil y Penal- de 3 de octubre de 2002, rec. 27/2002, referida a un club deportivo, en que por consecuencia de los ruidos de caída de pesas, golpes de puertas, voces de personas, música y motores, junto con olor a cloro y exceso de calor en suelos y paredes, se causaban padecimientos ansiosos o estresantes, angustia, alteraciones del estado de ánimo, etc., y si bien el demandado, a raíz de las varias inspecciones municipales producidas, había realizado alguna intervención para insonorizar y disminuir las inmisiones, dichas actuaciones habían sido parciales y no habían puesto fin a las perturbaciones. Otro supuesto de estimación de la acción de cesación por actividades de ocio nocturnas ruidosas, con resolución del contrato de arriendo entre el propietario y el arrendatario es el resuelto en la SAP Barcelona -1.ª- de 12 de junio de 2002, rec. 635/2001, señalándose la contaminación acústica como susceptible de afectar la salud de las personas y su calidad de vida, conturbando su descanso nocturno (el local además carecía de sistema adecuado de ventilación y extracción de humos, sin que deba jugar a favor del agente contaminante el que la Comunidad, cuando el local ya había sido arrendado para instalar un bar, no autorizó la colocación de una chimenea, porque se alquiló el local con un determinado destino, y al no conseguir la autorización comunitaria -condición de la licencia administrativa- consintió que la actividad de bar musical se ejerciera a pesar de los perjuicios que causaba a los residentes en el inmueble).