Mercasevilla. La crucifixión de una inocente

Mariví estaba en un lugar equivocado en un momento inoportuno. Es tal el cúmulo de despropósitos, errores, interpretaciones disparatadas y concatenación de disquisiciones absurdas y deslavazadas que resulta difícil explicar que una persona inocente que se limita a cumplir su trabajo como funcionario acabe siendo imputada por un delito de prevaricación y asociación para delinquir.

¿Qué error cometiste le pregunté? Simplemente hacer unas oposiciones en las que mis superiores eran políticos ,me contestó.En esta Sevilla de luchas tribales donde los aspirantes al poder se lanzan insidias y reproches cualquier zancadilla o escaramuza está permitida. El fin justifica los medios que decía Maquiavelo. Si para desalojar al contrario del sillón hay que impulsar un procedimiento penal, pues se hace. Si para ello se lleva uno por delante el prestigio y la honra de una persona, se lo aplasta, se lo lamina sin ninguna conmiseración. Esto es sencillamente lo que ha sucedido con María Victoria. Hacía falta machacar al contrario y en este ajuste de cuentas, de lucha política barriobajera el daño colateral era un mal necesario, una baja que había que asumir.

Mariví es una persona integra, bondadosa que jamás podría hacer algo para obtener un beneficio personal. Se ha puesto en duda su honor, su profesionalidad y ahora quieren despojarla de su trabajo, de su libertad  y de su patrimonio. Le piden dos años de cárcel, diecisiete años de inhabilitación y veinticinco millones de euros de responsabilidad patrimonial como consecuencia de un supuesto trato de favor respecto de la única empresa que no se autoexcluyó en el concurso público de adjudicación de los terrenos de Mercasevilla. Concurso que por otra parte se podría haber omitido perfectamente  según la opinión de juristas de reputado prestigio como el catedrático de derecho Administrativo Don Alejandro Nieto  y Don Juan Antonio Cámpora Gamarra que mantienen la posibilidad de que se hubiera podido vender de modo directo, sin previo procedimiento administrativo de clase alguna.

Es obvio que los funcionarios no tienen facultades decisión en la aprobación del concurso.  Desde el año 2005 al año 2009 en que se concedió la licencia de primera ocupación ha tenido como superiores jerárquicos hasta 13 personas distintas, la mayoría de las cuáles ni han prestado declaración, ni han sido imputadas. Maria Victoria como funcionario pública tenía una función de asesoramiento técnico conforme a su leal saber y entender y en ningún caso ha tenido ninguna capacidad de decisión. Nunca ha podido dictar resoluciones, ni firmar o negociar el pliego de condiciones del concurso con los responsables políticos y jurídicos de MERCASEVILLA, MERCASA y del Ayuntamiento de Sevilla; ni por supuesto otorgar o tramitar ninguna licencia. Tampoco ha tenido nunca competencia en informar o recibir obras de urbanización, ni otorgar ninguna licencia. Esto es tan evidente que resulta tosco repetirlo

Maria Victoria se limito a facilitar un modelo de pliego de condiciones de concurso público que pudieran servir de base para la redacción del pliego específico para un contrato de derecho privado y preparación  pública. El Pliego final fue el resultado de un proceso de trabajo colectivo en el que intervinieron además de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla,abogados externos, los técnicos de Mercasa (Empresa que detenta el 48% de las acciones de Mercasevilla) e incluso el Secretario y el Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla(garantes de la legalidad). Este documento tiene un carácter técnico y no tiene fuerza ejecutiva alguna. El pliego resultó debatido y aprobado por tres órganos de Mercasevilla (Comité ejecutivo, Consejo de administración y Asamblea), a lo que se añadió la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El pliego de condiciones fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla dándose así total transparencia y publicidad al mismo. La publicidad del pliego de condiciones posibilitó una eventual impugnación, por razones de su supuesta ilegalidad, tanto de las empresas que pretendían acceder al mismo, tanto como de las instituciones públicas a las que se le encomienda la defensa de la legalidad.

Para que este desvarío pudiera seguir su curso María Victoria debería ser la autora intelectual de un delito imposible, de una confabulación inverosímil y absurda que parece propia de un relato kafkiano. Ella en su ilimitada capacidad de persuasión como cerebro de una asociación criminal debió convencer a todos los demás funcionarios y técnicos del Ayuntamiento para que prestasen su beneplácito y aprobación a un pliego de condiciones. Luego con una estrategia perfectamente calculada embaucó a los miembros del Comité Ejecutivo, a los miembros del Consejo de Administración(incluida la miembro del Partido Popular, a los miembros de la Junta general de Accionistas, a los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y por supuesto a los concejales que votaron en el Pleno del Ayuntamiento. Esto es sencillamente un relato fantástico que no hay quien se lo pueda creer. Resultaría absurdo que una funcionaria pública de prestigio ganado en treinta años de servicios y de trayectoria impecable accediera por razones desconocidas a participar en un “mecanismo” dirigido a favorecer en un concurso a la única empresa que no se ha autoexcluido.

¿Por qué se excluye de la imputación a los garantes de la legalidad , con especiales responsabilidades sobre la actuación de los órganos en los que actúan y, especialmente en el Pleno del Ayuntamiento? ¿Por qué se excluyen a los abogados del Estado de MERCASA o a los concejales del Partido Popular que también votaron a favor de los acuerdos  que se refieren?

Son demasiado las preguntas que están sin resolver.