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Procedimiento: Juicio Ordinario no 1390/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN No 3 DE UTRERA

Procedimiento: Juicio Ordinario no 1390/2009

SENTENCIA No 102/2017

En Utrera, a 27 de noviembre de 2017.

Vistos por Da. Irene de Alarcón Alonso, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Utrera ( en prórroga de jurisdicción), los presentes autos de Juicio Ordinario no 1390/09, seguido a instancia de D. FRANCISCO , DÑA. C. (ambos en su propio nombre y en el de su hija menor de edad C), D. M y DÑA. L ( esta última como sucesora procesal de DÑA. C), representados en autos por el Procurador D. Manuel Terrades Martínez del Hoyo y asistidos del Letrado D. , contra la entidad INMOBILIARIA XXXX S.L., , representada en autos por la Procuradora D….. y asistida del Letrado D. F; autos a los que se han acumulado los autos de Juicio Ordinario 356/12 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Utrera a instancia de los referidos demandantes frente a D. J, representado en autos por el Procurador D. A, y habiendo formulado este último demanda reconvencional frente a aquéllos, y atendidos los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado demanda de juicio ordinario presentada en fecha 9 de diciembre de 2009 por el Procurador D. C, en nombre y representación de los actores dirigida contra la entidad Inmobiliaria XXXX, S.L., en la que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por convenientes, terminó suplicando se dictara sentencia conforme al suplico de la misma.

SEGUNDO.- En fecha 8 de marzo de 2010 se dictó Auto admitiendo a trámite la demanda y se emplazó a la demandada por plazo de veinte días para contestar la demanda. Por escrito presentado en fecha 18 de mayo de 2012, compareció en debida forma la entidad demandada, la cual se opusieron a la demanda alegando al

efecto los hechos y fundamentos que tuvo por convenientes.

TERCERO.- Por decreto de fecha 4 de junio de 2012 se convocó a las partes para el acto de la audiencia previa, señalándose para el día 17 de diciembre de 2012, si bien llegada la fecha señalada se acordó la suspensión de dicho acto a fin de tramitar la acumulación de autos solicitada por la parte actora.

CUARTO.- En virtud de auto de fecha 22 de febrero de 2013 se acordó la acumulación a los presentes autos de los autos de Juicio Ordinario no 356/12 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Utrera a instancia de los mimos demandantes frente a D. J en virtud de demanda formulada en fecha 23 de mayo de 2012 y cuya admisión fue acordada por dicho Juzgado por decreto de fecha 31 de julio de 2012.

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Por el demandado D. J se contestó la demanda en virtud de escrito presentado en fecha 16 de octubre de 2012 en el que asimismo formuló demanda reconvencional frente a aquéllos, admitiéndose la demanda reconvencional por decreto de este Juzgado de fecha 17 de noviembre de 2014, en el que se acordó emplazar a la parte contraria para contestar en plazo de 20 días, lo que así se verificó en tiempo y forma oponiéndose a la demanda reconvencional en virtud de escrito presentado en fecha 3 de febrero de 2015.

QUINTO.- Comunicado al Tribunal el fallecimiento de la actora inicial Dña. C, y tras los trámites oportunos, se dictó decreto en fecha 9 de junio de 2015 teniendo por personada a Dña. L en nombre de dicha litigante fallecida, ocupando en el proceso la misma posición de parte demandante que ocupaba aquélla a todos los efectos. Y asimismo se convocó a las partes al acto de la audiencia previa para el día 9 de noviembre de 2015.

SEXTO.- La audiencia previa se celebró el día 9 de noviembre de 2015 con el resultado que consta en el correspondiente soporte audiovisual, señalándose el juicio para el día 31 de marzo de 2016.

El juicio se celebró en la fecha señalada, acordándose la práctica como diligencia final de determinados medios de prueba que fueron admitidos en la audiencia previa y cuya práctica no pudo llevarse a cabo en el acto del juicio por causas no imputables a las partes, concretamente (determinada documental solicitada por la parte actora principal y testifical pericial propuesta por Inmobiliaria XXXX S.L.).

SEPTIMO.- Habiéndose señalado para la práctica de la diligencia final el día 23 de junio de 2016, se acordó la suspensión por diligencia de ordenación de fecha 22 de junio de 2016 por los motivos que constan en autos, y se señaló posteriormente para su práctica el día 19 de enero de 2017.

En la fecha señalada no compareció el testigo-perito citado, acordándose con la conformidad de todas las partes su práctica por medio de exhorto, concediendo a las partes plazo común de 5 días para que presentasen pliego de preguntas, lo que así se verificó por las partes.

Ello no obstante, y resultando infructuosa la citación del referido testigo- perito por los motivos que constan en autos, se acordó por providencia de fecha 9 de junio de 2017, ante la imposibilidad de practicar dicha prueba, dejar sin efecto la diligencia final acordada respecto de dicha testifical, acordándose al propio tiempo reiterar el oficio que ya fue librado para la práctica de prueba documental que igualmente se acordó como diligencia final; no obstante, y tras constatarse la imposibilidad práctica de recabar la prueba solicitada, se acordó por providencia de fecha 1 de septiembre de 2017 dejar sin efecto dicha diligencia final.

OCTAVO.- Por diligencia de ordenación de la misma fecha se acordó dar traslado a las partes por 5 días para presentar escrito de resumen y valoración de las pruebas practicadas, lo que así se verificó por todas las partes, dictándose diligencia de ordenación en fecha 25 de septiembre de 2007 quedando los autos conclusos para sentencia.

NOVENO.- La falta de cumplimiento en el presente procedimiento de determinados procesales obedece a la excesiva carga de trabajo que pesa sobre este Juzgado, y asimismo el trascurso del plazo procesal para dictar sentencia obedece al gran volumen del presente

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procedimiento y tiempo requerido para su estudio y a la carga de trabajo que pesa sobre el Juzgado del que esta Juzgadora es actualmente titular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ejercita por los actores principales acción derivada del art. 590 CC en relación con el art. 7, 1902 y 1908 del CC, reguladores de las relaciones de vecindad y sancionadoras de las llamadas inmisiones, dirigiendo sendas demandas en ejercicio de acción declarativa y de cesación /toma de medidas correctoras de la inmisión acústica denunciada y de indemnización de daños y perjuicios (acumuladas en el presente procedimiento) frente a la entidad Inmobiliaria XXXX S.L. y frente a D. , en su condición de personas que han venido ejerciendo de forma sucesiva en el tiempo la actividad de Bar musical en el local sito en la C/ XXXX de la comarca de Utrera, colindante con las respectivas viviendas de los actores.

Los actores alegan venir sufriendo en sus respectivas viviendas y de manera constante importantes molestias concretadas en ruidos insoportables procedentes del desarrollo de dicha actividad y que han afectado seriamente a su salud y calidad de vida, centrando la procedencia de dichas molestias en varios focos ruidosos: el incumplimiento sistemático del horario de cierre con la consiguiente utilización de equipos de reproducción musical fuera del horario permitido para ello, la aglomeración y bullicio de los clientes en las puertas del local hasta altas horas de la madrugada, la utilización de equipos de reproducción musical a gran potencia sin estar activado el limitador de sonido con la consiguiente trasmisión de la música a los dormitorios de los actores, ruidos de impacto procedentes del arrastre de sillas y mesas, golpes con vasos y utilización de máquinas recreativas (especialmente un futbolín y un billar) que se trasmiten a las viviendas colindantes por defectuoso aislamiento de local), y en el caso de la demanda dirigida contra , además, la utilización de un escenario o “tablao· donde se realizan actuaciones musicales y de otro tipo de actuaciones en directo; siendo por ello que solicitan: a) Que se declare la existencia de inmisión de ruidos en las viviendas de los actores procedentes del local explotado sucesivamente en el tiempo por los demandados; b) se condene a los demandados a estar y pasar por dicha declaración, a cesar en la actividad hasta tanto no se compruebe que el local reúne las medidas de aislamiento necesarias para evitar la transmisión de ruidos aéreos y de impacto a las edificaciones colindantes, a realizar las obras necesarias y congruentes para la correcta y legal insonorización de la actividad que impidan las inmisiones, a no permitir el consumo en el exterior del establecimiento por parte de clientes del mismo, a ejercer la actividad conforme a la normativa administrativa aplicable con puertas y ventanas cerradas y respetando escrupulosamente el horario de cierre, a no permitir la realización de actuaciones musicales o de otro tipo tanto dentro como fuera del establecimiento, y a retirar cuantas máquinas existen en el interior del local carentes de autorización administrativa, en especial futbolines y mesas de billar o cualquier otra no recogida en licencia; y c) se condene a cada uno de los demandados a abonar a cada uno de los actores la cantidad de 3.000 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios físicos y morales sufridos.

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Ambos codemandados se oponen a la demanda negando la inmisión acústica denunciada así como, consecuentemente, los daños y perjuicios alegados en la demanda y su conexión causal con aquélla, formulando a su vez el codemandado D. demanda reconvencional frente a los actores principales en reclamación de indemnización de daños y perjuicios interesando la condena de los mismos al abono de 7.159,38 euros en concepto de lucro cesante y la cantidad de 12.000 euros por daños morales; pretensión ésta a la que se opone frontalmente la parte demandada reconvenida por entender que carece de fundamento y justificación. Asimismo la codemandada opone prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios deducida frente a ella.

SEGUNDO.- Resulta conveniente con carácter previo al pronunciamiento de fondo propiamente dicho sobre el asunto debatido, entrar a resolver sobre dos cuestiones planteadas por en su escrito de contestación a la demanda: falta de legitimación pasiva y prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios con fundamento en el art. 1968 CC.

Empezando por esta última cuestión (prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios con fundamento en el art. 1968 CC), alega dicha parte que conforme al citado precepto, el plazo de prescripción es de un año desde el conocimiento del daño, siendo así que todos los hechos que se relatan y en que se fundamenta la demanda se enmarcan en los años 2006 y 2007, no interponiéndose la demanda hasta finales de 2009, y habiendo cesado dicha demandada en la actividad el 20 de diciembre de 2009.

Efectivamente dicha acción se encuentra sujeta al plazo de prescripción de un año contemplado en el art. 1968 CC, pero debe recordarse que cuando se trata de daños continuados (como los contemplados en esta Litis), el cómputo del plazo no comenzará a correr en tanto no cede la actividad emisora, o dicho de otro modo, hasta la producción del resultado definitivo, como reiteradamente ha dicho el Tribunal Supremo (así, entre otras muchas, SSTS de 15 de marzo de 1993, 24 de mayo de 1993, 7 de abril de 1997). Doctrina ésta que igualmente se recoge, a modo de ejemplo, en la SAP Barcelona de 14 de enero de 2002, en un caso de inmisiones acústicas procedentes de un gimnasio que no habían cesado cuando se interpuso la demanda; o en la SAP Lleida de 15 de septiembre de 2000 y SAP Murcia de 19 de septiembre de 2002, referidas ambas a inmisiones procedentes de industrias (ruidos en el primer caso y malos olores en el segundo) producidas también de forma continuada. La jurisprudencia también ha contemplado el supuesto de que el cómputo del plazo prescriptivo tenga su inicio en el momento en que el perjudicado abandone el inmueble afectado, sustrayéndose de este modo a las inmisiones, pudiendo citarse al efecto la STS de 16 de julio de 1991 que declaró prescrita la acción en el caso de los moradores de una vivienda que la abandonaron en el año 1983, por las inmisiones nocivas de un establo o vaquería inmediata, interponiendo la demanda de indemnización de perjuicios en el año 1986.

En el presente caso el hecho que fundamenta la acción ejercitada por los actores participa de la naturaleza de los actos continuados o de tracto sucesivo, viniendo a denunciarse unos daños por inmisiones acústicas continuadas durante todo el tiempo en que la indicada demandada ejerció su actividad en el local referido en la demanda (periodo comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 20 de diciembre de 2009, así fijado por las partes como hecho no controvertido en el acto de la audiencia previa). Sobre dicha

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base, ciertamente no puede fijarse como dies a quo el de las denuncias formuladas por los actores en los años 2006 y 2007, sino el día en que dicha codemandada dejó de ejercer la actividad (20 de diciembre de 2009), siendo que a dicha fecha la parte actora ya había presentado la correspondiente demanda, presentada concretamente el día 9 de diciembre de 2009. En consecuencia cabe concluir que la acción no ha prescrito, no pudiéndose acoger en este sentido las alegaciones de la parte demandada.

En relación a la otra cuestión planteada por la codemandada , y conforme a las aclaraciones efectuadas en el acto de la audiencia previa, alega dicha parte falta de legitimación pasiva respecto a la pretensión deducida en la demanda relativa al cese de la actividad y la adopción de medidas correctoras de la inmisión acústica denunciada, por cuanto dicha entidad dejó de ejercer la actividad en fecha 20 de diciembre de 2009, no teniendo desde entonces relación alguna con el local de autos (hecho éste que como ya se ha dicho, no resulta controvertido).

Pues bien, entiende esta juzgadora que la cuestión alegada por dicha parte no se trata de un defecto de legitimación propiamente dicho, por cuanto la legitimación se determina a la fecha de interposición de la demanda, viniendo determinada la legitimación pasiva de por su condición de entidad que explotaba la actividad de Bar musical en el local ya referido a la fecha de interposición de la demanda. Cuestión distinta es que apenas diez días después de la interposición de la demanda, hubiera cesado efectivamente en el ejercicio de dicha actividad, siendo que la consecuencia jurídica de dicha circunstancia sobrevenida es que la acción de cesación y toma de medidas correctoras deducida frente a dicha codemandada (no así el resto de pretensiones deducidas) carece ya de sentido e interés. Dicha pretensión ha devenido imposible de forma sobrevenida pues es evidente que la codemandada ya no podría dar cumplimiento a dichas pretensiones. Se ha de concluir por tanto que la parte actora no tiene ya interés legítimo por carencia sobrevenida de objeto, sin que a ello afecte que el art. 410 LEC retrotraiga la litispendencia al momento de presentación de la demanda, cuando contempla sus excepciones en el art. 413, debiendo considerarse la pérdida de interés que legitimaba la demanda como excepción a la permanencia del objeto procesal en las condiciones que tuviera al momento de deducirse la misma, si la innovación privare definitivamente de interés legítimo a las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, remitiéndose en este caso a lo dispuesto en el art. 22, que regula la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.

Consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto, y aun en el caso que se estimare acreditada la inmisión denunciada, la pretensión de cese y adopción de medidas correctoras, no podrá ser estimada en ningún caso frente a la codemandada .

TERCERO.- La Jurisprudencia emanada de la Sala 1a del Tribunal Supremo viene reconociendo desde antiguo el derecho de los particulares a la protección frente a los daños provenientes del mal uso de las fincas vecinas, técnicamente conocido como “inmisiones”, admitiendo tanto pretensiones indemnizatorias, incluido el daño moral, como de cese de la actividad perjudicial. Como señala a estos efectos la STS, Sala 1a, de 31 de mayo de 2007, que estudia ampliamente la doctrina y la jurisprudencia emanadas de distintas instancias judiciales españolas y europeas, “Ya fuera con base en los artículos 1902, 1903 y 1908 del Código Civil, ya con fundamento en su artículo 590, ya aplicando los principios de prohibición del abuso del derecho y de los actos de emulación, ya los preceptos específicos de las leyes reguladoras de los arrendamientos urbanos y de la

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propiedad horizontal, ya incluso mediante la estimación de interdictos como el de obra nueva y, más recientemente, mediante la tutela de los derechos fundamentales, ya apoyándose en las normas que en su caso se contuvieran en el Derecho civil foral o especial aplicable, son muchas las sentencias civiles estimatorias de demandas contra los daños y perjuicios causados por el ruido y otras inmisiones”.

Centrándonos en la tutela judicial frente al ruido, que busca amparo en los derechos fundamentales, se inicia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su Sentencia de 9 de diciembre de 1994 (núm. 1994/496, caso López Ostra contra el Reino de España) examina si se había producido o no una infracción del artículo 8 del Convenio de Roma, relativo al derecho de toda persona a que se respete su vida privada y familiar, y responde afirmativamente, después de que las pretensiones de la recurrente, fundada en la vulneración de derechos fundamentales, hubieran sido desestimadas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y que el Tribunal Constitucional hubiera inadmitido su recurso de amparo, teniendo especial interés la declaración del Tribunal de que “los atentados graves contra el medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio de un modo que llegue a perjudicar su vida privada y familiar, sin necesidad de que también haya de poner en grave peligro la salud de la interesada”, señalando que es preciso “atender al justo equilibrio entre los intereses concurrentes del individuo y de la sociedad en su conjunto”. En la sentencia del TEDH de 16 de noviembre de 2004 que afectaba igualmente a España (caso Moreno Gómez contra el Reino de España) abordó el caso de una ciudadana de Valencia que se decía asediada por el ruido de los locales de diversión nocturna de la zona en que vivía. Su pretensión indemnizatoria frente al Ayuntamiento había sido rechazada por los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, e impetrado amparo ante el Tribunal Constitucional éste se lo había denegado en su sentencia 119/2001, de 24 de mayo, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia, además de insistir en su línea interpretativa del art. 8.1 del Convenio sobre la posible vulneración del derecho al respeto al domicilio por ruidos, emisiones, olores y otras injerencias, estimó el recurso por considerar “innegable” el ruido nocturno que venía soportando la demandante durante varios años, sobre todo durante el fin de semana, y razona que “exigir a alguien que habita en una zona acústicamente saturada, como en la que habita la demandante, la prueba de algo que ya es conocido y oficial para la autoridad municipal no parece necesario”.

La repercusión práctica de esta última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional fue inmediata, pues este último, tras haber inadmitido por providencia un recurso de amparo muy similar al de la Sra. Moreno Gómez, dictó el Auto 37/2005, de 31 de enero, estimatorio de recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal. Con anterioridad el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 16/2004, de 23 de febrero, había desestimado el recurso de amparo del titular de un local tipo pub contra la sanción impuesta por el Ayuntamiento con base en una Ordenanza sobre protección contra la contaminación acústica, sanción confirmada en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo al apreciarse que dicha Ordenanza tenía cobertura tanto en el Reglamento de 1961 sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, como en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. Se razona en esta sentencia sobre la “nueva realidad” de “los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada”; se constata que a esa nueva realidad ha sido sensible la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; se destaca la doctrina al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

se declara que “el ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos”.

En la jurisprudencia de la Sala Primera, a partir especialmente de la Sentencia de 29 de abril de 2003, se incorpora la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que determinadas inmisiones pueden llegar incluso a vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y, por tanto, que para reaccionar frente a las mismas, una de las vías posibles es la de la tutela de los derechos fundamentales, lo que se reitera en las posteriores de 31 de mayo de 2007 y 12 de enero de 2011.

Por lo que se refiere a la legislación, de naturaleza predominantemente administrativa, en el ámbito comunitario se optó en un principio por abordar sectores específicos, dedicando un número considerable de Directivas a aproximar las legislaciones de los ruidos procedentes de distintas fuentes ( por ejemplo las Directivas 70/157/CEE sobre vehículos de motor, 77/311/CEE sobre tractores, 80/51/CEE sobre aeronaves subsónicas, 92/61/CEE sobre vehículos de dos o tres ruedas, o 200/14/CEE sobre máquinas de uso al aire libre). Pero tras adoptarse una perspectiva más ambiciosa con la publicación del Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido, se promulgó la Directiva 2002/49/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, cuyo art. 3 define el “ruido ambiental” como “el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales”. En el ámbito estatal la Ley 37/2003, del Ruido, traspuso la Directiva Comunitaria al derecho interno español, habiendo proliferado las normas locales y autonómicas.

Conforme a lo expuesto, tanto en el ámbito jurisdiccional, como legislativo y administrativo, se detecta una importante sensibilización hacia las inmisiones en general y hacia las acústicas en particular, tanto frente a las que generan una contaminación medioambiental generalizada, como frente a las que generan daños o perjuicios a particulares, incluso con motivo de relaciones de vecindad, admitiéndose la protección de los particulares tanto a través de la legislación civil (en el ámbito estatal arst. 7, 590, 1902 y 1908 CC, entre otros), como de los derechos fundamentales cuando las inmisiones perturban el pacífico uso del domicilio familiar y el derecho a la intimidad o a la vida privada y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

Aunque en general resulta difícil pronunciarse acerca del carácter sustancial o inocuo de una inmisión acústica como la aquí denunciada puesto que en gran medida todo depende de la percepción subjetiva que el receptor pueda tener del ruido, no hay duda de que, ante la falta de específica regulación civil, es lícito acudir, aun con carácter orientativo, a las correspondientes normas administrativas, normas que definen también el contenido del derecho de propiedad y, en especial, el uso normal de cada finca, decisivo para regular las relaciones de vecindad o las limitaciones del dominio legalmente impuestas por razón de la colindancia. Porque, como se razonaba en la STS de 3 de septiembre de 1992, es indiscutible que el incumplimiento positivo de la norma administrativa permite razonablemente deducir que el ruido es excesivo y, por tanto, que no tiene por qué ser tolerado. Pero es que, avanzando más, la propia STS de 3 de septiembre de 1992 y la del anterior 4 de marzo, declararon que, a los fines de decidir sobre una acción como la que nos ocupa, es incluso irrelevante que no se superen los

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niveles de ruido permitidos por las normas administrativas. Porque en esta via no se trata de averiguar si las inmisiones de tal tipo provenientes de la finca colindante son administrativamente correctas, sino si son excesivas y molestas para los vecinos desde un punto de vista civil (SSTS de 29 de abril y 24 de diciembre de 2003.). Se trata de deducir en definitiva, NO si los ruidos que provienen del local litigioso son administrativamente correctos, sino si son civilmente excesivos y molestos para los demandantes.

El concepto “molestia” afecta a diversas normas de carácter civil y naturaleza interpersonal por vecindad o proximidad locativa, habiéndose llegado a definir jurisprudencialmente como molestas aquellas actividades que inciden seriamente por su signo excesivo, en el natural sosiego de la vecindad (SAP Salamanca 16 de octubre de 1997). En el caso de ruidos y estridencias sonoras derivados de actividades hosteleras conectadas al ocio o expansión de la juventud se agrava al circunscribirse a horas nocturnas en que el descanso en general de las personas se perturba sistemáticamente, hasta extremos de perjudicar la salud y derechos más personales de quienes tienen el inconveniente de vivir en las proximidades de esos centros.

CUARTO.- Resulta conveniente en este punto hacer una serie de precisiones sobre los presupuestos y requisitos que deben concurrir para que pueda producirse dicha tutela civil frente a las inmisiones acústicas.

a) Procedencia de la actividad humana

Parece obvio, pero el ruido ha de ser necesariamente consecuencia o tener su origen en una actividad humana o en el desenvolvimiento de procesos puestos en marcha por ella y sometidos a su control.

b) Determinación de la fuente sonora

El ruido ha de proceder de una fuente emisora determinada y perfectamente identificada, excluyéndose los ruidos de procedencia difusa y origen plural, insusceptible de concreción. En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de A Coruña, en sentencia de 18 de mayo de 2006, que contempla un supuesto de ruidos producidos a lo largo de varios meses y provenientes del piso inferior al de la actora, o la Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia de 23 de marzo de 2006 (TOL 985542), que desestimó el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada en primera instancia porque la parte actora no logró acreditar que la afección acústica detectada en su vivienda tuviese su causa u origen en el funcionamiento del grupo de presión comunitario, tal y como alegaba en su demanda, no pudiendo descartarse que dicha afección acústica tuviese su origen en otros focos ruidosos, ajenos al grupo de presión.

c) Carácter privado de la actividad

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La tutela por los Tribunales del orden civil no resulta posible cuando el ruido procede del uso de inmuebles y/o actividades realizadas por la Administración en ejercicio de la función pública, en cuyo caso cualquier pretensión dirigida a obtener su cese o la indemnización de los daños originados ha de plantearse en vía administrativa y en vía jurisdiccional contenciosa-administrativa.

d) Introducción en finca ajena, con repercusión en las personas o sus bienes

Nuestra jurisprudencia define el acto de inmisión como toda injerencia en la esfera jurídica ajena, mediante la propagación de sustancias nocivas o perturbadoras que, consecuencia de actividades que tienen lugar en fundo propio, repercuten negativamente en el ajeno de forma que lesionan en grado no tolerable por el hombre normal el disfrute de sus derechos personales y patrimoniales. Asimismo, es también pacífica en la jurisprudencia la catalogación y tratamiento como “inmisión” del ruido perceptible en una propiedad por efecto de la actividad desplegada en otra.

e) Persistencia, reiteración o continuidad de la injerencia sonora

También resaltan la jurisprudencia y la doctrina que para que la penetración sonora constituya inmisión, ha de tratarse de una injerencia continua, persistente o reiterada [sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1971, sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 22 de diciembre de 1999 —AC 1999/2413— o de la Audiencia Provincial de Valencia de 5 de diciembre de 2003 ]. Se excluye por tanto el ruido producido por actos únicos, ocasionales o aislados [“puntual”, en expresión de la Audiencia Provincial de A Coruña, sentencia de 18 de mayo de 2006] que no obstante pueden ser resarcibles en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual si han ocasionado un daño efectivo para las personas o los bienes.

f) Que excedan de lo “normalmente tolerable”

Siendo difícilmente evitable la existencia de inmisiones reciprocas entre propiedades vecinas, tanto la doctrina científica como la jurisprudencia han tratado de fijar el límite entre las inmisiones de obligada tolerancia y las rechazables jurídicamente (o dicho de otro modo, un límite que permita compatibilizar la propiedad con los derechos iguales o paralelos que ostentan los titulares de los fundos próximos o colindantes), acudiendo ambas —doctrina y jurisprudencia— a las teorías del uso normal y de la normal tolerancia.

Cuando se habla de un uso normal se hace referencia a si el mismo es acorde a los comunes o habituales en otras fincas de su entorno —pues la zona puede ser de carácter predominantemente residencial, industrial, agrícola o ganadero— pero también al modo y condiciones en que se ejerce. Así por ejemplo, se han considerado ajenas a un normal uso las inmisiones sonoras causadas por el mantenimiento en viviendas de

comportamientos y prácticas tales como la audición a todo volumen de aparatos de radio y televisión, de forma habitual y especialmente por la noche, acompañada de gritos y otros ruidos procedentes de desplazamiento de muebles (es el caso de sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de junio de 1999, AC 1999/1464; y en el caso de locales donde se desarrolla una actividad económica se han estimado como ajenas a un ejercicio normal de la actividad negocial las perturbaciones ocasionadas por la música a alto volumen, ruidos, cánticos y zapateos durante horas de descanso, procedentes de un bar de copas, con concentración de jóvenes en torno a él, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 24 de septiembre de 2004(AC 2004/1824).

En cuanto al segundo de los criterios antes expuestos (que es el más seguido por la jurisprudencia en los supuestos de inmisión sonora que estamos tratando), el de la normal tolerancia, debe recalcarse que la tolerabilidad de la injerencia no puede hacerse depender de la mayor o menor sensibilidad de quien la sufre, debiendo determinarse caso por caso atendiendo a lo que socialmente puede reputarse normal, admisible o asumible por una persona media en las circunstancias de tiempo y lugar en que se produce. En definitiva, se trata de un concepto, el de la normal tolerancia, de carácter relativo, o singularmente elástico, puesto que depende de las circunstancias concurrentes en el caso concreto.

Cierto es que la intensidad del ruido es susceptible de medición. A tal fin existen disposiciones administrativas, especialmente de procedencia autonómica y local, que regulan con detalle los niveles de inmisión sonora máximos permitidos en función de las zonas, horario y emisores acústicos que las generen. Pero la jurisprudencia insiste, como ya se ha expuesto en el fundamento anterior, en que a la jurisdicción civil le corresponde fijar la tolerancia debida, por razón de vecindad, a las inmisiones sonoras. Y ello, por tanto, con independencia o autonomía respecto de la reglamentación administrativa, en función de las circunstancias del caso (sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1960 —RJ 1960/3755— y 14 de febrero de 1989 —RJ 1989/834—, entre otras muchas).

Ello no impide que con frecuencia se acuda a dichos valores máximos de las normas administrativas para justificar la intolerabilidad de las inmisiones que los sobrepasan, en la consideración que los niveles administrativamente establecidos, al haber sido concebidos en interés general y en no pocas ocasiones con cierta permisividad, difícilmente hallan en las particulares circunstancias del caso justificación bastante para su superación, pero que por debajo de ellos el juicio civil es más relativo y ha de conjugar, con estos valores, otros factores y circunstancias peculiares del caso concreto. En este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 29 de septiembre de 2006 (AC 2006/1824) señala que “no basta con tomar como referencia de tolerancia de los ruidos las pautas o módulos establecidos en las disposiciones reglamentarias, si éstos, al final, se revelan insuficientes para evitar la inmisión que supera los niveles de tolerancia”.

Y en orden a la carga de la prueba, resulta claro que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde a la

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parte actora probar la inmisión ruidosa así como su carácter intolerable, excesivo, peligroso o perjudicial. Ciertamente, la prueba relativa a este extremo se verá facilitada cuando los ruidos superen los límites o niveles máximos administrativamente permitidos. Pero como ya se ha señalado anteriormente, la jurisprudencia ha declarado con reiteración que a la jurisdicción civil le corresponde fijar la tolerancia al ruido de modo autónomo, pudiendo encontrar supuestos en los que se declara la existencia de ruidos intolerables pese a no superar los límites de la normativa administrativa correspondiente o pese a no haberse practicado, siquiera, prueba de medición del ruido por medio de sonómetro, que se suple por otros medios de prueba.

Sobre este particular debe también resaltarse que la existencia de una pluralidad o acumulación de inmisiones así como la del llamado “ruido de fondo” no constituyen circunstancias que impidan, en todo caso, la correcta determinación o identificación de la fuente emisora del ruido excesivo o intolerable

En definitiva, lo que ha declarado el Tribunal Supremo, citando como ejemplos las sentencias de 22 de diciembre de 1972 , 14 de noviembre de 1984 , y 31 de diciembre de 1987 , entre otras muchas, es que para apreciar que existe “inmisión” es preciso que se califique como “notoria y ostensiblemente incómodas y molestas las actividades objeto de imputación”; page11image11944en la sentencia de 12 de diciembre de 1980 ya se proclamaba que en las relaciones de vecindad, como la existente en este caso, el conflicto ha de ser resuelto acudiendo a los principios de normalidad en el uso y tolerabilidad de las molestias teniendo en cuenta el lugar, y naturaleza de los inmuebles , fundamentando la adecuada tutela legal en el artículo 1902CC y en el desarrollo de una correcta vecindad según el principio de la buena fe , porque “la propiedad no puede llegar mas allá de lo que el respeto al vecino determina”, y en la doctrina del abuso del derecho, artículo 7CC , que prohíbe un ejercicio de los derechos que traspasa la equidad y la buena fe, aunque aquél sea lícito.

QUINTO.- Descendiendo al caso concreto que nos ocupa, y a fin de una mejor claridad expositiva, considera conveniente esta juzgadora diferenciar en primer lugar las pretensiones deducidas respecto a la entidad INMOBILIARIA XXXX , S.L., y las deducidas frente a D. , habida cuenta de que, si bien las pretensiones contra ambos codemandados son idénticas, sin embargo su prosperabilidad depende de la acreditación de las inmisiones denunciadas en los respectivos periodos de tiempo en que ambos codemandados ejercieron la actividad en el local sito en la C/ de la comarca de Utrera, debiéndose comenzar por la primera en el tiempo, la ejercida por en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 20 de diciembre de 2009, periodo éste de ejercicio de la actividad que, como ya se ha referido anteriormente, quedó fijado en el acto de la audiencia previa como hecho no controvertido.

Pues bien, partiendo de las premisas ya expuestas en los fundamentos anteriores,

no cabe sino estimar acreditadas las molestias por ruido que el ejercicio de la actividad de Bar Musical por la demandada en el local (Bar D) causó a los actores en el referido periodo de tiempo; debiéndose destacar en este punto como cuestión no controvertida que durante dicho periodo de tiempo el matrimonio formado por los actores D. F residían, junto con su hija menor de edad C, en la vivienda de su propiedad colindante

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a dicho local, , mientras que los demandant residían en la vivienda de su propiedad igualmente colindante con dicho local,, quedando por tanto ubicado el local litigioso entre ambas viviendas, como así se puede comprobar claramente en las fotografías acompañadas a la demanda (doc no 7 a 10).

Así, en primer lugar, constan documentadas en la demanda inicial dirigida frente a las continuas y numerosas quejas y denuncias formuladas por los actores por las molestias que venían sufriendo procedentes del desarrollo de la citada actividad:

  • -  Denuncia formulada en fecha 11 de marzo de 2006 por D. F ante la Policía Local en la que se exponen las molestias ocasionadas entre las 00:00 horas y las 03:00 horas de ese día por un grupo de jóvenes que salen con copas del Bar D para su consumición en la vía pública, refiriendo por ello problemas para conciliar el sueño. (doc. no 11).
  • -  Denuncia presentada en fecha 13 de marzo de 2006 por D. ante el Ayuntamiento en relación a los hechos denunciados del día 11 de marzo, reiterando la imposibilidad de descansar a consecuencia de tales hechos (doc. no 12).
  • -  Denuncia presentada en fecha 15 de marzo de 2006 por D. F ante el Ayuntamiento reiterando las molestias sufridas por el escándalo nocturno que realiza la clientela del Bar D cuando salen a beber a la vía pública, incidiendo en la imposibilidad de conciliar el sueño durante el fin de semana y solicitando la adopción de las medidas oportunas con carácter urgente (doc. no 13).
  • -  Escrito dirigido por D. F al Ayuntamiento en fecha 10 de mayo de 2006 solicitando se le comunicasen las medidas adoptadas por dicho Ayuntamiento a raíz de las denuncias formuladas anteriormente (doc. no 16).
  • -  Sendos escritos presentados por D. F ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en fecha 12 de mayo de 2006 exponiendo por un lado las molestias originadas por los ruidos generados por el B (tanto por la música como por impactos de máquinas recreativas- billar y futbolín-), solicitando la adopción de las medidas oportunas para evitar dichas molestias al no haberse adoptado hasta esa fecha medida alguna por parte del Ayuntamiento (doc. no 17), y exponiendo igualmente el incumplimiento reiterado del horario de cierre solicitando al efecto la imposición de la correspondiente sanción (doc. no 18).
  • -  Denuncia telefónica formulada por D. F a las 07:15 horas del día 13 de mayo de 2006 ante la Policía Local manifestando que a esa hora aún había clientes en el interior del Bar D, aunque con la puerta cerrada, quejándose de no haber dormido en toda la noche (doc. no 19). Consta asimismo documentada la actuación policial llevada a cabo por Agentes de la Policía Local (Agentes K-4 y PL-33) que comprobaron tales hechos constatando efectivamente en la misma puerta del local cómo se oía a personas en su interior, siendo identificado en dicho momento el titular I que reconoció a los agentes encontrarse charlando con cuatro amigos en el local y existir en su interior un futbolín, aunque negando que estuvieran jugando, extremo éste que no pudo ser comprobado por los agentes.
  • -  Tres escritos presentados por D. F en fecha 16 de mayo de 2006 ante el Ayuntamiento por los que se pone en conocimiento nuevamente los incumplimientos del referido negocio y la contaminación acústica generada (doc. no 20, 21 y 22). En concreto en el primero de ellos se exponen los hechos que ya

fueron denunciados el día 13 de mayo; y en el segundo y tercero se vienen a reiterar las quejas por las molestias sufridas derivadas del ruido generado por dicho local ante el incumplimiento reiterado del horario de cierre y ruidos de impactos ya no solo los fines de semana sino también a diario, sin poder descansar por dicho motivo, interesando nuevamente la actuación del Ayuntamiento para solucionar la afectación que venía sufriendo él y su familia.

  • -  Consta comunicación remitida por la Consejería de Medio Ambiente a D. , de fecha 10 de agosto de 2006, que incorpora un informe remitido a dicha Consejería por el Ayuntamien realizado por la Sra. Técnico de Medio Ambiente sobre “Actuaciones realizadas en establecimiento denominado “Bar D” referentes a las quejas por ruido en vivienda colindante” de fecha 3 de julio de 2006, en el que se contiene referencia a un inicial escrito remitido por D. F con fecha 6 de febrero de 2006 comunicando molestias por ruido de las máquinas recreativas, incumplimiento del horario de cierre y consumo de bebidas en el exterior, así como escrito remitido por el mismo con fecha 6 de marzo de 2006 solicitando inspección técnica del limitador, e igualmente, entre otros aspectos, escrito presentado con fecha 26 de abril de 2006 por el también actor D. M exponiendo quejas por ruido de música y gritos de gente en la puerta del local (doc. no 25).
  • -  Escrito de fecha 28 de noviembre de 2006 dirigido por D. F al Ayuntamiento de exponiendo nuevamente sus quejas ante la aglomeración de clientela en la puerta del bar consumiendo bebidas alcohólicas y escándalo provocado por dicha clientela durante todas las madrugadas de los fines de semana y en la misma puerta de las casas colindantes sin permitirles el descanso (doc. no 26).
  • -  Escrito de fecha 11 de diciembre de 2006 dirigido por D. F al Ayuntamiento denunciando nuevamente la concentración de clientela consumiendo bebidas alcohólicas fuera del local todos los fines de semana que impide el descanso (doc. no 28).
  • -  Escrito de fecha 11 de diciembre de 2006 dirigido por D. F al Defensor del Pueblo Andaluz para poner en su conocimiento tales hechos y las numerosas denuncias formuladas previamente ante la Policía Local y el Ayuntamiento sin haber recibido respuesta alguna ni adopción de medidas para solventar el problema, solicitando por ello amparo del Defensor del Pueblo Andaluz para la protección del derecho al descanso que tiene todo ciudadano (doc. no 27).Consta acreditado con los documentos no 29 a 35 aportados con la demanda que dicha denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz motivó la incoación del correspondiente expediente de queja en el que se dicta resolución con fecha 26 de febrero de 2007 en la que se efectúan diversas recomendaciones, entre ellas “Actuar en lo sucesivo con la mayor de las diligencias posibles en relación con la protección de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a la protección de la salud y al disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, especialmente en lo que se refiere a la generación de ruidos, vibraciones y residuos. En este sentido, se recomienda el cumplimiento exhaustivo de la normativa vigente.”; recomendaciones que fueron aceptadas por el Ayuntamiento .
  • -  Escrito presentado en fecha 19 de diciembre de 2006 por Dña. ante el Ayuntamiento denunciando la afectación directa por los ruidos ocasionados por el Bar D derivados del futbolín existente en su interior y las voces de los clientes que se toman las copas en la calle. En dicho escrito la actora Dña. expone su queja ante la pasividad mostrada por el Ayuntamiento sin ofrecer respuesta las reiteradas denuncias ya formuladas con anterioridad por su marido y su padre (los también

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actores D, rogando al Sr. Alcalde le conceda una cita o al menos le aporte una

respuesta por escrito (doc. no 36).

  • -  Escrito presentado en fecha 8 de enero de 2007 por D. F ante el Ayuntamiento de.solicitando informe sobre el limitador de potencia de la música emitida por el establecimiento Bar D de los últimos tres meses y denunciando al propio tiempo la celebración en dicho Bar de un concierto de música el día 1 de enero de 2007 que duró hasta las 11 de la mañana en el que se hizo uso de altavoces y amplificadores distintos a los instalados en el bar y por tanto sin limitación de potencia, denunciando molestias por ruido durante toda la noche (doc. no 37).
  • -  Escrito presentado en igual fecha por D. F ante el Ayuntamiento de solicitando informe de las llamadas efectuadas por el mismo a la Policía Local en la madrugada del día 1 de enero de 2007 denunciando el “descomunal ruido” que estaba produciendo el Bar D y que impedía el descanso de su familia, el cual, según se refería en dicho escrito, permaneció abierto en las mismas condiciones de ruido hasta las 11 de la mañana pese a las advertencias de la Policía Local (doc. no 38).
  • -  Escrito presentado en fecha 23 de enero de 2007 por D. Francisco ante el Ayuntamiento exponiendo el reiterado incumplimiento del horario de cierre del Bar D, exponiendo concretamente como el día 21 de enero de 2007 permaneció abierto “con la música a tope” hasta pasadas las 5 de la madrugada. D. Francisco solicitaba nuevamente la adopción de medidas para poder dormir (doc. no 39).
  • -  Escritos presentados por D. Francisco ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía , de fechas 2 de enero y 22 de enero de 2007 denunciando los mismos hechos (docs. No 40 y 41).
  • -  Escrito presentado en fecha 13 de febrero de 2007 por D. Francisco ante el Ayuntamiento de reiterando el incumplimiento del horario de cierre del Bar D el día 11 de febrero de 2007 (madrugada del sábado al domingo) con empleo de música durante ese tiempo y el incumplimiento ya referido del día 1 de enero, así como la realización de botellona de la clientela del bar en la puerta de su vivienda, solicitando finalmente el cierre del establecimiento ( doc. no 43).
  • -  Denuncia presentada en fecha 23 de diciembre de 2009 por D. F ante el Ayuntamiento denunciando una vez más los problemas de ruido que venían sufriendo a altas horas de la noche procedentes del Bar D por el elevado volumen de la música, golpes, arrastre de sillas y mesas y falta de insonorización del local (más documental aportada en el acto de la audiencia previa).
  • -  Denuncia presentada en fecha 19 de julio de 2010 por D. M ante el Ayuntamiento denunciando que en la madrugada del sábado anterior el local estuvo abierto hasta pasadas las 06:00 horas de la madrugada con la música al máximo sin poder dormir ambas familias en toda la noche (más documental aportada en el acto de la audiencia previa).Pues bien, las numerosas denuncias y quejas formuladas de forma reiterada a lo largo

del tiempo por los denunciantes, más particularmente por D. F, no sólo ante la Policía Local y ante el propio Ayuntamiento de dicha localidad, sino también ante los organismos correspondientes de la Junta de Andalucía y ante el Defensor del Pueblo Andaluz, y atendido el contenido de las mismas, permite concluir claramente sobre la efectiva desesperación y desasosiego de los actores ante las continuas molestias percibidas por la actividad desarrollada en el Bar D, no apreciándose en modo alguno

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que las insistentes quejas y denuncias formuladas por los mismos resulten fruto de una mera invención, obedezcan a un simple capricho o respondan a motivos espúreos.

SEXTO- En orden a otras pruebas practicadas en el acto del juicio, concretamente el interrogatorio de Dña. Y en su condición de representante legal de Inmobiliaria XXXX S.L., la misma refirió no ser cierto que el local permaneciera abierto hasta altas horas de la madrugada ni que se permitiera a la clientela beber fuera del local, pero sus manifestaciones carecen de virtualidad probatoria en la medida en que la misma admitió no ser ella la que explotaba directamente la actividad, teniendo para ello a una persona que se encargaba de ello, concretamente su hijo I, el cual también declaró como testigo en el acto del juicio a instancia de la propia parte demandada , reconociendo el mismo ser el encargado y único trabajador del Bar D. Dicho testigo, en pura lógica con su condición de hijo de la legal representante de la entidad demandada, y por tanto con evidente interés en el resultado de este procedimiento y falto de imparcialidad, vino a negar los extremos alegados por la parte demandante, sosteniendo que en todo momento se cumplió el horario de cierre y se mantuvo el volumen de la música bajo, habiendo adoptado también medidas respecto a la clientela para evitar molestias impidiéndoles salir fuera del local con copas y vasos de cristal, siendo contradichas sus manifestaciones por el resultado de otras pruebas más objetivas, como el testimonio prestado en el acto del juicio por varios Agentes de la Policía Local de , que en cuanto agentes de la autoridad se presumen objetivos, imparciales y veraces. En este sentido se ha de destacar particularmente el testimonio prestado por el Agente de Policía Local no no (pues la parte actora renunció a la testifical propuesta del Agente de Policía Local no y las manifestaciones del Agente de Policía Local no vinieron a referirse básicamente a sus intervenciones en el local litigioso en el periodo en que la explotación de la actividad la ejercía el otro codemandado D. J bajo en nombre de Bar “…., sin recordar intervenciones por su parte antes de 2009).

Pues bien, el Agente no manifestó recordar varias intervenciones en el local litigioso, tanto antes como después de 2009, tratándose siempre de intervenciones por ruido y por incumplimiento del horario de cierre. Dicho Agente no pudo precisar el número de intervenciones en que actuó el mismo, evidentemente dado el tiempo transcurrido, pero en cualquier caso refirió que fueron muchas. Manifestó que acudían al local normalmente ante las denuncias y quejas formuladas por los vecinos, afirmando sin lugar a dudas que se trataba de diversos vecinos (no sólo los aquí demandantes), explicando en este sentido que las llamadas telefónicas recibidas al efecto procedían de distintos números de teléfono, los cuales, así como la hora de llamada, quedaban registrados en el libro registro de llamadas, siendo igualmente distintas las identidades de los diferentes llamantes, lo que evidencia que, en contra de lo que sostiene la parte demandada, no sólo eran los actores los que se quejaban por el ruido, sino que también dichas quejas procedían de otros vecinos de la zona afectados por el ruido. Refirió igualmente dicho Agente que las visitas efectuadas por el mismo al local ante las denuncias de los vecinos las efectuaba en distintos horarios comprendidos entre las 04:00 y las 07:00 horas, esto es, una vez cumplido el horario de cierre, y aunque manifestó que en esos horarios el local se encontraba cerrado y no había gente fuera del mismo, sin embargo, y pese a ello, normalmente continuaba la clientela en su interior. Se ha de destacar asimismo como el mencionado agente afirmó claramente que el ruido emanaba de dentro del local, descartando focos ruidosos ajenos al local.

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El testimonio de dicho Agente vino a coincidir prácticamente con el prestado por el anterior, afirmando este agente haber intervenido en el local litigioso por quejas de los vecinos con motivo del ruido hasta en más de diez ocasiones desde 2005 hasta 2015 (fecha ésta en que dejó la plantilla de la Policía Local ). Dicho Agente vino a reiterar que los vecinos que llamaban por teléfono a la Policía Local eran varios (no solo los denunciantes), siendo todos ellos vecinos de la misma acera en la que se encuentra el local por ser éstos a los que más les afectaba el ruido. Resulta por tanto evidente que hubo quejas por ruidos y molestias no solo por los hoy actores, sino también por otros vecinos de la zona, y que evidencia la realidad de unas molestias en cuanto percibidas por más vecinos de la zona, sin que el hecho de que esos otros vecinos no formulasen denuncia escrita (o al menos no constan documentadas en las actuaciones) permita concluir sobre la inexistencia de tales quejas y denuncias, que como es sabido, también se pueden efectuar mediante llamada telefónica, como además suele ser habitual teniendo en cuenta que dichas quejas se producían en horas de madrugada, como así refirieron los agentes. El Agente no refirió haber intervenido personalmente mayoritariamente una vez pasado el horario de cierre (las 03:00 horas entre semana y las 04:00 horas en fines de semana y festivos), y aunque normalmente “estaba echada la persiana”, sin embargo se escuchaba el ruido de la música y de la clientela en su interior. También manifestó dicho agente que en la mayoría de sus intervenciones dentro del horario de apertura se percibía la música desde el exterior del local porque los clientes solían salir fuera del local a tomarse las copas y dejaban las puertas abiertas, percibiéndose el ruido de la música desde la calle por encontrarse las puertas abiertas y la música “a tope”.

Con tales testimonios resulta claramente acreditado que durante el periodo en que la codemandada ejerció su actividad en el Bar D fueron numerosas las denuncias y quejas formuladas por los vecinos de la zona (zona residencial) con motivo del ruido generado por dicha actividad, incluso una vez sobrepasado el horario de cierre, siendo igualmente numerosas las intervenciones de la Policía Local en las que se constató, dentro del horario de apertura, el ruido que se percibía en el exterior que emanaba del propio local con motivo del alto volumen de la música, el mantenimiento de las puertas abiertas y la salida de la clientela fuera del local para la consumición de las copas en la vía pública y, una vez sobrepasado el horario de cierre, el ruido de la música y de la clientela que aún permanecía en el interior pese a estar ya la puerta cerrada.

El testimonio aportado en el acto del juicio por Dña. I, propuesta por la demandada , (persona ésta que alquiló el negocio a la entidad ), no arroja ninguna luz, pues si bien la misma afirmó que durante el tiempo en que ella estuvo residiendo en la vivienda sita arriba del local litigioso no tuvo problemas de ruido, se ha de tener en cuenta que la propia testigo manifestó haber residido allí desde 2003 hasta 2006, siendo así que comenzó a ejercer la actividad en el local litigioso en julio de 2005 y hasta diciembre de 2009, y las primeras denuncias formuladas por los actores por molestias de ruido que constan documentadas se remontan a marzo de 2006, por lo que ningún conocimiento de los hechos pudo tener la referida testigo en relación al periodo efectivamente denunciado. En cualquier caso la percepción del ruido resulta en muchos casos muy subjetiva, sin que el hecho de que el ruido no afecte a otras viviendas (incluso colindantes), permita excluir su afectación a otras, como así además expuso el perito de la parte actora, D. Antonio . Es por ello además que decae el argumento empleado por la parte demandada para negar la inmisión acústica denunciada consistente en que no hubo quejas por ruido por parte de otros vecinos de la zona, resultando además que consta

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acreditado, a la vista del testimonio prestado por los Agentes de Policía Local ya referidos, que sí las hubo, al menos por vía telefónica.

Por otra parte, el testigo propuesto por XXXXX, D. XXXX (cliente del Bar XXX), manifestó desconocer la hora legal de cierre del establecimiento, si bien dijo que solía irse cuando el dueño cerraba, refiriendo dicha hora de cierre, sin recordarlo demasiado bien, a las 3 o 4 de la mañana. Se ha de poner de relieve como dicho testigo presentaba importantes carencias a la hora de recordar este extremo, pero en cualquier caso, lo verdaderamente relevante no es que el encargado del bar cerrara las puertas a la hora legal de cierre, sino que, como así vinieron a confirmar los Agentes policiales, la actividad se seguía ejerciendo más allá de esa hora (hasta altas horas de la madrugada) en el interior del local, con las consecuentes molestias derivadas del mantenimiento de la música y de la permanencia de la clientela en su interior.

En el mismo sentido el testigo propuesto por la demandada (también cliente del Bar D), tampoco aportó datos relevantes a los efectos pretendidos por dicha demandada, pues el mismo refirió que solía irse del Bar sobre las 02:30 horas, siempre antes de que el Bar cerrara, por lo que poco o nada pudo aportar respecto al mantenimiento de la actividad fuera del horario permitido. Si bien dicho testigo dijo que él no salía fuera del bar a beber, tampoco negó que hubiera clientes que salieran a la puerta del local a tomar sus consumiciones, siendo destacable como el mismo, si bien refirió que enfrente del bar había un parque donde la gente hacía “botellona”, también dijo no recordar que hubiera música en el botellón, contradiciendo así a la propia representante legal de y a su hijo I cuando afirmaron, curiosamente utilizando la misma expresión, que la gente hacía botellona en el parque y “ponían música a tope en los coches”. Llama desde luego la atención que ninguno de los dos clientes del Bar D que propuso la demandada hicieran referencia a esa música procedente de los coches de la botellona y a la que apunta la demandada como origen de los ruidos. Tampoco hicieron referencia a dichos extremos los propios Agentes de Policía Local que depusieron en el acto del juicio, los cuales excluyeron la existencia de focos ruidosos ajenos al local y situaron en todo momento dichos focos en el interior del propio local y en el exterior del mismo con motivo de la salida de la clientela a la puerta a tomar sus consumiciones. Tan sólo el Agente no , con motivo de las preguntas formuladas por el Letrado de la parte demandada en su intento de centralizar los ruidos en una zona de botellón cercana al local) hizo alguna somera referencia al botellón que suelen hacer los jóvenes pero de una forma absolutamente genérica refiriendo que “Donde hay jóvenes suele haber botellón”, sin afirmar en ningún momento que en las inmediaciones del local litigioso hubiera personas ajenas al local haciendo botellón y generando por ello ruidos y molestias.

SEPTIMO.- Por otra parte, consta documentalmente acreditado que a raíz de la denuncia formulada por D. F en fecha 6 de febrero de 20076 con motivo de las molestias por ruidos procedentes del Bar D la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento solicitó un informe a la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Zona Norte, el cual se emite en fecha 30 de marzo de 2006 (doc. no 15 de la demanda), teniendo el mismo por objeto la comprobación de los datos del limitador-controlador instalado en la actividad en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2006, y aclarar asimismo la posibilidad de instalar máquinas recreativas en un Bar con música. Y según se recoge en el referido informe, si bien el limitador-controlador de sonido “parece haber funcionado correctamente” sin haberse

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superado el nivel de ajuste (90 dBA), sin embargo se constató que la música estuvo funcionando fuera del horario de cierre los días 22 de enero, 29 de enero, 4 de febrero, 5 de marzo, 12 de marzo y 19 de marzo de 2006, por tanto, en seis fines de semana, siendo así que en los dos últimos se prolongó hasta pasadas las 07:30 horas de la mañana y constatándose igualmente como en esas noches (a excepción del 4 de febrero) el limitador de sonido estaba periódicamente apagado. En relación a la instalación de un futbolín y un billar en el Bar, el citado informe se limita a recomendar la realización de una medición de ruido en la vivienda del denunciante a fin de comprobar si existe afección. Se ha de destacar como, según otro informe elaborado por dicho organismo en fecha 21 de febrero de 2007 (doc. no 47 de la demanda) sobre comprobación de los datos del limitador-controlador, se comprobó nuevamente que la música estuvo funcionando los días 12 y 21 de enero de 2007 fuera del horario de cierre y en trece ocasiones antes del horario de apertura, lo que motivó que el Ayuntamiento incoara procedimiento sancionador a la demandada por poner en funcionamiento focos emisores de ruido fuera del horario autorizado (doc. no 45 de la demanda).

En cualquier caso, la constatación de dichas circunstancias no hace sino dotar de mayor credibilidad aún a las denuncias y quejas de los actores y corroborar la realidad de los hechos denunciados.

Por otra parte, consta aportado con la demanda Acta de inspección levantada a las 00:30 horas del día 27 de mayo de 2006 por la Técnico Ambiental de la OTM a raíz de las nuevas denuncias formuladas (doc. no 23 de la demanda) a fin de comprobar afección por ruido en la vivienda de D. F procedente del Bar D, realizándose una medición de ruido con la actividad funcionando y en la que efectivamente no se constataron ruidos excesivos ni se apreciaron ruidos de impacto procedentes del billar o el futbolín, si bien ya se deja constancia en dicha acta de las manifestaciones del denunciante allí presente que manifestaba que esa noche el ruido procedente del bar era mucho menor que otros días, posiblemente por la menor afluencia de público esa noche debido a que se estaba celebrando un concierto en la localidad. Se ha de poner de relieve al respecto que el hecho de que esa concreta noche no se constataran ruidos excesivos en la vivienda del denunciante, no permite concluir ni mucho menos sobre la inexistencia de las molestias denunciadas, pues para apreciar la efectiva inmisión denunciada no se requiere una afectación diaria y sin solución de continuidad.

Consta asimismo documentada una nueva intervención de la Oficina Técnica de Medio Ambiente que elabora informe de medición de ruido en la vivienda colindante izquierda al Bar D realizada el día 3 de febrero de 2007 a partir de la 1’00 h (doc. no 42 de la demanda), efectuándose la medición en una habitación pequeña en la primera planta de la vivienda y en el que se concluye que si bien no hubo exceso de ruido sobre los límites establecidos (con un resultado de Nivel Acústico de Evaluación, N.A.E. de 29,4 dBA sobre 30 dBA como límite establecido para zona residencial en periodo nocturno), sí se constató en cambio un alto nivel de ruido generado por la clientela de la actividad en la puerta del local, comprobándose durante la inspección que en varias ocasiones la clientela del local se encontraba delante de la puerta del local, generando niveles de ruido de hasta 35 dBA en la habitación donde se realizaron las mediciones, por lo que se indica en el citado informe que el Ayuntamiento deberá exigir al titular de la actividad que tome las medidas oportunas para evitar cualquier molestia generada por su clientela en la puerta del local. Asimismo se hace constar en el informe que durante la inspección se apreciaron algunos golpes, al parecer de un futbolín. Se acredita claramente por tanto con el citado informe los ruidos de impacto procedentes del Bar D y los generados por la clientela de dicho Bar por encima de los límites

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establecidos y percibidos directamente en la vivienda colindante residencia de los actores.

Resulta finalmente de especial interés y relevancia para la resolución de la cuestión litigiosa la prueba pericial aportada al proceso por la parte actora (doc. no 48 de la demanda) con el fin de determinar el nivel sonoro soportado por los actores en su vivienda procedente de la actividad del Bar D, informe acústico pericial de fecha 10 de mayo de 2009, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, elaborado por D. Antonio (Ingeniero Industrial y Técnico en contaminación acústica acreditado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), quien procedió a medir los niveles de presión sonora en un dormitorio de la primera planta de la vivienda sita en Calle…., efectuándose la medición con la ventana y persianas cerradas, mientras la actividad se encontraba en funcionamiento y una vez que había cesado la misma. Las mediciones del perito aparecen reflejadas en el informe aportado con la demanda, siendo el mismo ratificado y explicado conveniente y detalladamente por el perito D. Antonio P en el acto del juicio, cuya profesionalidad no cabe poner en duda como tampoco la realización de las mediciones conforme a la normativa aplicable y con todas las garantías, debiendo destacar esta juzgadora la claridad, coherencia, firmeza y detalle con que dicho perito vino a exponer y explicar las conclusiones de su informe, ofreciendo con ello plenas garantías a esta Juzgadora. Dichas conclusiones, evaluando los resultados de los ensayos acústicos conforme al Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía, vienen a resumirse en que “Se superan los límites máximos permitidos en 12.6 dBA, lo cual merece la calificación de INTORELABLE”, y que “Los niveles de ruido registrados no son compatibles con el descanso ni la actividad normal en una vivienda”, considerándose “riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas cuando los valores medios superen en más de 6 dBA los valores límites nocturnos de inmisión”.

Se hace constar en dicho informe que superar en 12.6 dBA el límite máximo permitido equivale en términos energéticos a un 325% por encima de dicho límite, y en este sentido vino a exponer el perito en el juicio como un aumento de 6 dBA equivale a “duplicar”, en términos acústicos, la presión sonora que se recibe en el oído (por lo que un aumento en 12 dBA equivaldría a triplicarla). Desde ese punto de vista el perito calificó la medición efectuada en el dormitorio con la actividad en funcionamiento ( 39.7 dBA) con expresiones tales como “un ruido tremendo” y “una barbaridad”, máxime teniendo en cuenta que, como así igualmente explicó el perito, se trata de una zona residencial especialmente silenciosa y así constatado personalmente por el mismo. Conviene asimismo destacar como en el citado informe se pone de relieve, y así lo ratificó el perito en juicio, que durante la medición se apreciaron ruidos procedentes de música en directo, música pregrabada y entrada y salida de clientes del local, apreciándose el ruido en toda la vivienda sin perjuicio de llevar a cabo las mediciones únicamente en un dormitorio sito en la planta baja por indicación de D. .

Las conclusiones contenidas en dicho informe pericial no resultan contradichas por informe pericial contradictorio, siendo que atendida dicha circunstancia y las expuestas previamente, dichas conclusiones son aceptadas por esta Juzgadora.

La parte demandada trata de restar valor probatorio a dicho informe pericial por considerar que las mediciones efectuadas en su día por la Técnico de la Oficina Técnica de Medio Ambiente resultan más objetivas, pero en cualquier caso, y como ya se explicó inicialmente en fundamentos anteriores, a los efectos de resolver sobre la pretensión

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ejercitada en relación a si las emisiones acústicas provenientes del ejercicio de la actividad ya referida son excesivas y molestas al punto de causar un daño a los actores que deba ser resarcido, resulta irrelevante que no se superen en su caso los niveles de emisión permitidos por las normas administrativas a tenor de los propios órganos inspectores de la Administración.

En el presente caso, de la valoración conjunta de la prueba practicada se estima acreditada la persistencia de ruidos excesivos y molestias para los actores procedentes de la actividad de Bar con música desarrollada por Inmobiliaria XXXX S.L. en el local sito en la C/ . No se trata solo de una inmisión acústica que supera los límites permitidos administrativamente, sino que también excede de los señalados por la Organización Mundial de la Salud a fin de permitir una conversación en condiciones confortables en el interior de una vivienda – para ello el nivel de inmisión ruidosa durante el día no debería superar los 35 dBA- y por supuesto los fijados para evitar perturbaciones del sueño (para un sueño de buena calidad el nivel sonoro equivalente no debe exceder de 30 dBA para el ruido continuo). Si lo anterior se conjuga con las características del lugar, zona residencial especialmente silenciosa, y el destino de los inmuebles colindantes afectados (vivienda), ha de concluirse sobre la existencia de una inmisión acústica que excede de la normalmente tolerable en el marco de las relaciones de vecindad y que produjo a los actores residentes en dichas viviendas, cuando menos, molestias e incomodidades, sin que a ello obste que el local cumpliese la normativa administrativa sobre nivel de insonorización y contase con la correspondiente licencia de apertura, pues tal extremo no es acreditativo o sinónimo de ausencia de molestias o ruidos para los vecinos.
Si bien no resulta cuestionable la licitud administrativa de la actividad industrial ejercida por la codemandada en el local de autos, e irrevisable en este orden jurisdiccional civil la legalidad y regularidad de la licencia y del expediente que autorizó su establecimiento, sí es civilmente enjuiciable la licitud de su ejercicio desde la óptica del interés jurídico que mueve al titular al desarrollo de una actividad eminentemente molesta para sus convecinos. Las licencias administrativas, como los demás actos de control producen efectos entre la entidad local y el sujeto a cuya actividad se refieran, entendiéndose por ello mismo otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Dada su neutralidad con respecto a los derechos privados de terceros la actividad emprendida y ejercida con licencia puede ser impedida por los Tribunales del orden civil siendo reiterada la apreciación de que la autorización administrativa de la actividad no excluye por sí sola la competencia de este orden jurisdiccional para el conocimiento de las acciones civiles ejercitadas por terceros en defensa de la propiedad y de los demás derechos subjetivos afectados por las inmisiones que genera. La tutela civil dispensada a estos derechos deja imprejuzgada la procedencia y regularidad de las licencias de cobertura de la actividad, al limitarse a imponer en su ejercicio la observancia de los deberes de vecindad. Con independencia del control por la administración de la actividad industrial clasificada, las medidas protectoras que en esa consideración está autorizada a adoptar en el ámbito de derecho administrativo no excluyen las que en el campo del derecho civil puedan y deban acordarse cuando el ejercicio de la actividad perjudique o afecte a derechos objetivos privados.

En definitiva, el hecho de que la demandada se ajustara en su actividad a la normativa administrativa y reglamentaria aplicable habiendo obtenido los correspondientes permisos y autorizaciones en orden al desarrollo de su actividad, no constituye obstáculo alguno al éxito de la pretensión actora en un caso, como el que nos

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ocupa, en el que queda plenamente acreditado el hecho de que la actividad desarrollada por la parte demandada conllevó una evidente perturbación para los actores en el goce o disfrute de sus derechos, molestias por ruidos que en modo alguno venían obligados los demandantes a sufrir o soportar en el ámbito de una equilibrada relación de vecindad, no viniéndosele impuesta tal obligación por norma alguna, siendo evidente que los ruidos que sufrieron dichos demandantes en sus respectivas viviendas no pueden ser calificados como una mera incomodidad o una molestia tolerable en el contexto de una ordinaria relación vecinal.

OCTAVO.- Ejercita también la parte actora acción de resarcimiento de daños y perjuicios causados por el ruido, solicitando la condena de la demandada a pagar a cada uno de los actores una indemnización de 3.000 euros por dichos daños y perjuicios, entre los que se incluye el daño moral sufrido por los demandantes, alegándose asimismo en la demanda, con base a un informe médico pericial que aporta con la misma como doc. no 49, que a consecuencia de los ruidos sufridos en sus viviendas, los actores D. F, padecen problemas de sueño, de rendimiento diurno, cambios de comportamiento y síntomas de ansiedad en forma de un trastorno adaptativo ansioso.

En relación a dicha reclamación debe resaltarse que hoy es pacífico que las molestias generadas por la percepción de inmisiones acústicas superiores a los niveles de normal tolerancia constituye en sí misma un daño moral o extrapatrimonial indemnizable por el desasosiego, el sufrimiento y la incomodidad que origina y por la merma de calidad de vida que impone; y una vez comprobada la realidad y persistencia de la inmisión por ruido por encima de los citados límites, la certeza del daño moral sufrido por quien se ha visto compelido a soportarla no requiere una prueba adicional de las reacciones, sentimientos o sensaciones que han acompañado a su padecimiento. No ocurre lo mismo con las dolencias físicas o psíquicas provocadas o agravadas por el ruido, ya que la realidad y causalidad de estos daños no se desprende sin más del padecimiento de inmisiones sonoras y han de ser objeto de una cumplida prueba. No obstante, el estado de la ciencia ha logrado establecer en determinados supuestos una relación ruido- enfermedad, que facilita o atenúa el rigor de su probanza. En este sentido la Organización Mundial de la Salud ha señalado en distintos informes que el ruido puede agravar dolencias preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, depresiones y trastornos mentales.

En el presente caso la parte actora aportó con su demanda un informe médico pericial emitido en fecha 22 de septiembre de 2009 por D. R Médico Especialista en Psiquiatría, ratificado en el acto del juicio, concluyendo que los mismos padecen problemas de sueño, de rendimiento diurno, cambios comportamentales y síntomas de ansiedad en forma de un trastorno adaptativo ansioso conectados en relación causa-efecto con los ruidos existentes en su domicilio.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, como así consta en el citado informe, el mismo se emite tras mantener una sola entrevista con los citados actores de apenas dos horas de duración, por lo que se ha de concluir que el mismo se realizó sobre la base de las meras manifestaciones verbales efectuadas por los actores, sin que exista tampoco

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constancia de ningún tipo de documentación médica que acredite la realidad de dicha sintomatología.

Pero en cualquier caso, las molestias generales por la percepción de inmisiones acústicas superiores a los niveles de tolerancia constituyen de por sí un daño moral extrapatrimonial indemnizable. Y es que, aunque de manera inmediata no causen un daño concreto a la salud física o psíquica de quienes lo padecen sino un peligro potencial para ella, su percepción origina de forma notoria estrés, dificultades para el descanso, la concentración y la comunicación verbal, limitaciones en la capacidad de reacción y en el rendimiento de trabajo, físico e intelectual, así como sentimientos de miedo, impotencia, malestar, ansiedad, desasosiego e irritación que en su injusto padecimiento constituyen un verdadero daño moral. Y como así señala la STS de 31-5-2000, la situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico. La jurisprudencia se ha referido a divrsas situaciones, entre las que cabe citar el impacto o sufrimientos psíquico o espiritual (STS 23-7-90), la impotencia, zozobra, ansiedad, angustias (STS 6-7-90), la zozobra como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbres (STS 22-5-95), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (27-1-98).

A diferencia de los procedentes de otras distintas causas, los daños morales derivados del ruido hallan en la constatación de las propias inmisiones y de sus intolerables molestias la justificación de su misma realidad.

En el presente caso, acreditada la realidad de las continuas inmisiones denunciadas por los actores, resulta evidente, por notoriedad, que los demandantes no pudieron disfrutar de la habitabilidad propia de la vivienda que era su hogar, ante las perturbaciones en su descanso y en la normal convivencia debido al excesivo ruido que tuvieron que soportar, fuente de desasosiego , disgusto, sensación anímica de pesadumbre y molestia (así evidenciado ya con la simple lectura de sus numerosas quejas y denuncias) y que resulta digno de compensación. Acreditada la inmisión por ruido procedente de la actividad ejercida por la demandada en el local litigioso, el daño moral se infiere precisamente de dicha circunstancia, pues resulta obvio, por notorio y evidente, los consiguientes daños psicológicos a que estuvieron sometidos los actores durante un largo periodo de tiempo ante las incomodidades, molestias y disgustos al no poder disfrutar de la calma, tranquilidad y descanso propias de todo ser humano en su lugar de residencia.

En orden a la cuantificación del daño moral, la misma siempre es compleja por cuanto la indemnización de los daños morales, por su propia naturaleza, carece de toda posible determinación precisa; no es una pura cuestión de hecho, sino una cuestión eminentemente valorativa.

En el presente caso han de valorarse diversas circunstancias: la frecuencia y continuidad de las inmisiones durante los años 2006 a 2009; que la demandada (que tenía el control del foco emisor) no adoptó todas las medidas necesarias para evitar las inmisiones pese a las quejas y requerimientos efectuados al efecto (fundamentalmente en

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orden al cumplimiento del horario de cierre y a evitar que la clientela saliera fuera del local a tomar sus consumiciones); y que las inmisiones se produjeron esencialmente en horario nocturno alcanzando incluso altas horas de la madrugada.

En base a todo ello se estima ajustada la indemnización solicitada por la parte actora en la cuantía de 3.000 euros a favor de cada uno de los actores.

NOVENO.- Entrando ya en las pretensiones particularmente deducidas frente a D. J por los ruidos y molestias ocasionados en el desarrollo de la actividad de Bar con música llevada a cabo en el local litigioso durante el periodo en que el mismo ejerció dicha actividad (denominado el Bar ), en primer lugar han venido las partes a discrepar respecto a la fecha en que el demandado comenzó a ejercer dicha actividad. En este sentido la parte actora lo sitúa en fecha 10 de diciembre de 2010 (fecha ésta para la que se anunció públicamente la reapertura del local, que se acredita con un cartel anunciador aportado como doc. no 8 bis de la demanda), mientras que el demandado sostiene que ese día se procedió únicamente a una apertura “ocasional” por cuanto ya estaba anunciada para ese día la reapertura del local presuponiendo el demandado que para esa fecha ya se le habría concedido la licencia de apertura previamente solicitada (lo que efectivamente no tuvo lugar en esa fecha), permaneciendo cerrado el local no obstante hasta la concesión definitiva de la licencia de apertura, la cual fue concedida por el Ayuntamiento en fecha 13 de septiembre de 2011 (extremo éste acreditado documentalmente por ambas partes).

Pues bien, pese a las referidas afirmaciones efectuadas en el escrito de contestación a la demanda y las afirmaciones efectuadas en el acto del juicio por la testigo Dña. (pareja sentimental del demandado ), en consonancia lógicamente con la versión mantenida por su pareja, sin embargo las pruebas practicadas resultan acreditativas del desarrollo de la actividad por parte del demandado con anterioridad a la concesión de la licencia de apertura, como así se evidencia no sólo por las numerosas quejas y denuncias formuladas por los actores con anterioridad al 13 de septiembre de 2011, concretamente desde el 11 de diciembre de 2010, sino fundamentalmente por las comprobaciones que al respecto efectuaron Agentes de la Policía Local ante dichas quejas y denuncias personándose in situ en el referido local y comprobando el desarrollo de la actividad en su interior, resultando tales pruebas claramente objetivas sin que su resultado deje lugar a dudas. A las mismas se hará referencia seguidamente.

Efectivamente constan documentadas en la demanda dirigida frente numerosas y continuas quejas y denuncias formuladas por los actores, particularmente por D. F, por las molestias que venían sufriendo procedentes del desarrollo de la citada actividad:

.- Queja formulada ante la Policía Local por el ruido que se estaba produciendo en dicho establecimiento y a la que se hace referencia en el acta de comprobación de los hechos por parte de Agentes de la Policía Local (doc. no 9 de la demanda), en la que los agentes se personan en el local sito en la C/ a las 05:00 horas del día 11 de diciembre de 2010 y comprueban que “el establecimiento se encuentra abierto al público” (además fuera del horario de apertura de este tipo de locales ). Consta en dicha acta igualmente

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que los agentes actuantes acceden al local y comprueban que, si bien el local no tenía encendido ningún equipo musical y que las dos puertas de entrada se encontraban cerradas, sin embargo “en su interior había unas 12 personas cantando y tocando las palmas”. Si bien es cierto que en dicha acta se hace constar que desde la calle no se escuchaba ruido que emanara de dicho recinto, sin embargo ello no implica necesariamente ni permite excluir que el ruido causado por dichos cánticos y palmas se escuchara efectivamente en la vivienda de los actores (colindantes al establecimiento), lo que además resulta plenamente creíble, pues no de otra forma el vecino colindante iba a denunciar tales ruidos a las cinco de la madrugada, siendo significativo que efectivamente los Agentes comprobasen que a esa hora se estaba ejerciendo la actividad en el interior del local.

- Denuncias presentadas en fecha 14 de diciembre de 2010 por los actores D. (docs. no 10 y 11), por las que denuncian que el referido bar dispone de un escenario para actuaciones en directo y estuvieron con espectáculos durante toda la madrugada del día 11 de diciembre de 2010, sin que el ruido de la música en directo y los fuertes golpes sobre el escenario les permitieran dormir en toda la noche. Asimismo manifiestan que esa madrugada efectuaron más de cinco llamadas a la Policía Local entre las 4 y las 5 de la madrugada y que pese a la visita de la Policía (antes referida y efectivamente documentada), el establecimiento permaneció funcionado hasta las 09:00 horas de la mañana.

.- Denuncia formulada el mismo día 14 de diciembre de 2010, a las 20:15 horas, por D. F ante la Policía Local (doc. no 12) denunciando nuevamente las molestias insoportables que estaba sufriendo debido a los ruidos procedentes del referido local, en la que viene a exponer como habitualmente, y desde la inauguración del local el día 10 de diciembre de 2010, se escuchan actuaciones de grupos en directo y ruidos de los zapatos sobre un escenario, escuchando incluso cuando se dirigía a poner la denuncia como se escuchaba desde la calle a la gente que estaba dentro cantando, solicitando en base a ello que se realizara un seguimiento del horario de apertura y cierre del local y se comprobase si tiene permiso para realizar ese tipo de actividades y si está acondicionado para ello.

Pues bien, consta aportada con la demanda Acta de comprobación de hechos por agentes de la Policía Local efectuada a las 21:00 horas del referido día 14 de diciembre de 2010 (doc. no 13) en la que se comprueba por los agentes que, si bien en ese momento sólo había dentro del local una persona además del dueño, sin embargo “la música estaba puesta con un volumen bastante alto”, lo que además viene a desvirtuar claramente las alegaciones efectuadas por el demandado en el sentido de que el local, al margen de la apertura ocasional del local el día 10 de diciembre de 2010, permaneció cerrado hasta la concesión de la licencia de apertura, corroborándose plenamente las alegaciones efectuadas en este punto por la parte actora. También se ha de poner de relieve como en dicho acto, y ante la falta de aportación por el demandado de documentación alguna referente a la actividad a la que se destinaba dicho local, los agentes requirieron al demandado para que cesara de inmediato la actividad.

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.- Sendos escritos presentados en fecha 28 de diciembre de 2010 ante el Ayuntamiento de por los actores D. denunciando nuevamente el uso en la madrugada del 27 de diciembre de 2010 del tablao que tiene dicho establecimiento para dar espectáculos en directo sin estar acondicionado ni autorizado para ese tipo de actuaciones y quejándose de los golpes e impactos que se perciben fuertemente en sus respectivas viviendas, interesando por ello la retirada del escenario a fin de evitar futuras actuaciones. (docs. no 14 y 15).

.- Escrito presentado en fecha 18 de enero de 2011 ante el Ayuntamiento por los actores D. solicitando su personación en el expediente de la licencia solicitada por el demandado y en el que los actores vuelven a exponer las molestias ocasionadas por el ejercicio de la actividad desarrollada en el local sito en la C/ por tener instalado un escenario y realizarse actuaciones en directo sin que la licencia solicitada abarque dicho tipo de actividad, de la cual se alega en el referido escrito, vulnera sus derechos fundamentales y los de sus familias (doc. no 16).

.- Denuncia formulada a las 07:00 horas del día 13 de febrero de 2011 por D. F ante la Policía Local manifestando que a esa hora aún había gente en el interior del local con la música puesta y celebrando un concierto en directo, solicitando expresamente la comprobación de tales hechos (doc. no 17), constando seguidamente documentada la comprobación efectuada por Agentes de Policía Local no constatándose por los mismos que a las 07:20 horas el local tenía puesta la música si bien la puerta se encontraba cerrada.

Pues bien, en el acto del juicio testificaron los Agentes de Policía Local . En relación con esta concreta actuación del día 13 de febrero de 2011 depuso el Agente no que recordaba dicha intervención, relatando como finalmente accedieron al interior del local tras insistir bastantes veces para que les abrieran, constatando como a las 07:20 horas de la mañana “había un grupito en un tablao” y que pese a estar la puerta del local cerrada, “se escuchaba la música desde la calle” .

.- Denuncia formulada en fecha 12 de octubre de 2011 por D. F ante la Policía Local de denunciando el incumplimiento del horario de cierre del Bar y la utilización los fines de semana y vísperas de festivos de un escenario para bailes y cantes en directo durante toda la noche, solicitando de nuevo la comprobación de los hechos (doc. no 45). Se ha de poner de relieve como en dicha denuncia ya se hace constar por el propio denunciante que el mismo llamó a la Policía Local a las 5 de la madrugada para que comprobasen el incumplimiento del horario de cierre del local; extremo éste que aparece corroborado en el propio escrito de denuncia por el instructor y secretario, donde se refleja “ Que el instructor y secretario tras leer el parte de intervención realizado por los agentes intervinientes durante la noche en el lugar de los hechos dan fe de la veracidad de la manifestación del denunciante”.

.- Denuncia formulada en fecha 28 de noviembre de 2011 por D. F ante la Policía Local denunciando las insoportables molestias que viene sufriendo desde la inauguración del

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citado Bar (que recuérdese tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2010), haciendo nuevamente referencia al uso de un escenario de madera para realizar cante y baile sin estar autorizado para ello, y al incumplimiento reiterado del horario de cierre todos los fines de semana (doc. no 46).

.- Denuncia formulada en fecha 5 de febrero de 2012 por D. F ante la Policía Local denunciando que en la madrugada de ese día se había celebrado en el ya citado bar un espectáculo público consistente en un tablao flamenco en directo, refiriendo la habitualidad de este tipo de actuaciones a consecuencia de lo cual su salud y la de su familia se estaba viendo afectada por los ruidos generados. Finalmente interesa una rápida intervención del Ayuntamiento para poner fin a dicha situación que califica, además de ilegal, como “desesperante”, exponiendo al propio tiempo su intención de denunciar por la vía penal tanto al Alcalde como al Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento ante el desinterés mostrado por las autoridades municipales (doc. no 47).

.- Escrito presentado en fecha 7 de febrero de 2012 por D. Presidente de la Asociación Nacional Juristas contra el Ruido), exponiendo el uso en el referido local de un escenario para realizar actuaciones en directo sin que el local tenga autorización ni infraestructura acústica para dicho tipo de actuaciones, lo que genera molestias y afecciones a los vecinos calificadas de “intolerables”, amén de no respetar los horarios para los que tiene licencia, por lo que se solicitaba la apertura de expediente disciplinario y el precinto cautelar de la actividad en tanto el local no tuviera la insonorización adecuada a la actividad realmente ejercida (doc. no 48).

.- Denuncia formulada en fecha 19 de febrero de 2012 por D. F ante la Policía Local de denunciando que a las 02:00 horas de la madrugada de dicho día se efectuaron en el local referido actuaciones en directo y tablaos flamenco bailando sobre un escenario que se escuchaban en el interior de su domicilio (doc. no 49).

Consta en dicha denuncia que acto seguido se personó una patrulla de policía local que levantó acta de comprobación de los hechos, siendo que copia de dicha acta ha sido incorporada al procedimiento mediante oficio librado al Ayuntamiento a instancia de la parte actora y en la que consta que los agentes de Policía Local no 50 y 66 se personaron a las 02:00 horas de dicho día en la vivienda sita en la C/ no 4 para la práctica de inspección con motivo de los ruidos por la música y los conciertos que se estaban produciendo en el citado bar sito en la C/ , constatándose por los agentes, y así se expone en dicha acta, que en el saló de la vivienda se aprecian “ruidos procedentes del establecimiento público (taconeos, cante y música)”.

.- Denuncia formulada en fecha 7 de mayo de 2012 por D. ante la Policía Local denunciando igualmente que a las 02:00 horas de la madrugada de dicho día se efectuaron en el citado local actuaciones en directo y tablaos flamenco bailando sobre un escenario que se escuchaban en el interior de su domicilio (doc. no 49). En dicha denuncia se expone como dicho tipo de actuaciones se vienen realizando en dicho local durante todos los fines de semana (sobre todo madrugadas de viernes y sábados), desde septiembre de 2011

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impidiéndole el descanso y causándole a él y su familia un menoscabo físico y moral. De nuevo el denunciante expone en su denuncia su queja ante la pasividad mostrada por el Ayuntamiento interesando sea atendida su situación que califica de “insoportable” (doc. no 50).

Por tanto, son muy numerosas las denuncias por ruidos y molestias y las quejas formuladas de forma reiterada a lo largo de casi 2 años por los denunciantes ante la Policía Local y ante el propio Ayuntamiento de dicha localidad, bastando una simple lectura de su contenido para concluir claramente sobre el efectivo malestar y desesperación de los actores ante las continuas molestias procedentes del ejercicio de la actividad desarrollada en el Bar sin que tampoco en este caso consten datos o circunstancias acreditadas que permita preciar en los actores un ánimo oculto o subrepticio.

Igualmente son numerosas las comprobaciones efectuadas por la Policía constatando la realidad de los hechos denunciados, tal y como se ha expuesto a lo largo de este fundamento, debiéndose poner de relieve igualmente el testimonio prestado en el acto del juicio por el Agente de Policía Local de a que ya se ha hecho referencia, quien además de constatar personalmente como a las 07:20 horas del día 13 de febrero de 2011 “había un grupito en un tablao”, “había un grupo flamenco tocando” y que pese a estar la puerta del local cerrada, “se escuchaba la música desde la calle”, refirió que normalmente había bastante gente en el local fuera del horario de cierre. Dicho Agente manifestó haber tenido varias intervenciones por ruido en dicho local, tanto en el periodo de ejercicio de la actividad como por el codemandado D. afirmando con absoluta claridad que el ruido emanaba del interior del local, y excluyendo al efecto focos ruidosos externos y ajenos al mismo.

En el mismo sentido testificó el Agente de Policía Local quien manifestó haber tenido intervenciones por quejas de ruido de los vecinos en más de diez ocasiones desde 2005 y hasta 2015 (incluyendo por tanto el periodo de tiempo en que ejerció la actividad el codemandado D. ). Dicho agente explicó que en la mayoría de las ocasiones su intervención tuvo lugar una vez pasado el horario de cierre (sobre las 04:30 o 05:00 horas dijo), y aunque manifestó que a esa hora solía estar cerrada la persiana del local, sin embargo se escuchaba la música y el ruido de la clientela en su interior, lo que evidencia que la actividad se seguía ejerciendo en el interior del local pese a haberse cumplido el horario de cierre, con las evidentes molestias causadas por ello a los vecinos colindantes a altas horas de la madrugada. El mismo agente corroboró la realización en dicho local de actuaciones en directo, tanto de la propia clientela que tocaba la guitarra en el local, como de otras personas que actuaban allí, “ a veces traían gente de fuera”, indicando además que desde la calle se percibía el ruido de la música, así como que en muchas ocasiones el dueño del local ni siquiera les abría la puerta pese a constatar los agentes que se estaba ejerciendo la actividad en su interior.

DECIMO.- Y al hilo del periodo en el que el demandado D. J estuvo explotando la actividad en el local sito en la C/ , ha quedado sobradamente acreditado conforme a lo expuesto en el fundamento anterior que el mismo efectivamente ejerció la actividad desde el 10 de diciembre de 2010 sin la previa obtención de la licencia correspondiente,

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ejerciéndola sin licencia durante nueve meses. Y ello se pone de relieve por cuanto el demandado viene a pretender amparar el correcto ejercicio de su actividad en la concesión de dicha licencia, siendo además que en el presente caso resulta irrelevante a los efectos pretendidos por dicha parte que la actividad se desarrollase con o sin licencia administrativa, remitiéndose esta juzgadora a lo expuesto al respecto en el fundamento jurídico séptimo (final) de la presente resolución.

Pero es que además ha quedado acreditado que la actividad efectivamente desarrollada por el demandado en dicho local no se ajustaba ciertamente a la actividad para la que le fue concedida dicha licencia. Consta aportada con la demanda formulada contra D. J (doc. no 44) el Decreto de Alcaldía no 1632-2011 de fecha 13 de septiembre de 2011 por el que se concede a éste licencia municipal de apertura de establecimiento para el ejercicio de “Bar con música”, con una superficie de 133,27 m2, en la C/ cuya efectividad se condiciona, entre otros aspectos, al cumplimiento de una serie de medidas correctoras, entre las que se incluyen:

  • -  El escenario tendrá carácter meramente decorativo, sin acceso al público.
  • -  No se puede realizar ni celebrar baile público, ni conciertos en directo.Medidas éstas que fueron incumplidas por el titular de la actividad, pues por mucho que el demandado sostenga en su contestación a la demanda que el escenario existente en el local se encontraba acordonado y con meros efectos de ornato (aportando para ello una fotografía, doc. no9 de su contestación), y que no se desarrollaban en el mismo actuaciones en vivo (alegando al efecto no ser el estilo musical de dicho bar el de flamenco que requiera de “tablao”), lo cierto es que las pruebas practicadas acreditan todo lo contrario, sin que a estos efectos se pueda tomar en consideración un mera fotografía tomada obviamente por el propio demandado en su local para aportarla al procedimiento. Y es que el uso de dicho escenario para llevar a cabo actuaciones en directo, principalmente de cante y baile flamenco, fué expresamente corroborado en el acto del juicio por varios agentes de la Policía Local , como se ha venido a exponer en el fundamento anterior. Asimismo, las fotografías y carteles anunciadores del local aportados por la parte actora, que no fueron impugnados de contrario, resultan claramente indicativos de la realización de dichas actuaciones. Así, consta aportada con la demanda formulada contra D. fotografía del local con el rótulo de “KARAOKE” (doc. no 45), o tres carteles aportados con el escrito de contestación a la reconvención (docs. 1 a 3) en los que se anuncia el referido local textualmente como “Sala Flamenca” y se publicitan actuaciones de música flamenca en directo. El texto y las imágenes de dichos carteles anunciadores no deja lugar a dudas.

    A mayor abundamiento, consta aportado con la demanda (doc. no 41) un informe de mediciones acústicas realizadas por el perito D. Antonio Ingeniero Industrial y Técnico Acreditado por la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 28 de junio de 2011, ratificado y explicado en el acto del juicio, en el que se realiza ensayo acústico en las viviendas de los actores y en paralelo a los ensayos realizados por encargo del titular de la actividad en el ámbito de la tramitación de la licencia de apertura de la actividad, efectuándose a presencia de dos agentes de la Policía . En dicho informe aparece incorporada una

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fotografía del interior del local ( el cual comparte medianera con la vivienda sita en C/ I colindante izquierda, y con la sita en el no 4 de esa calle, colindante derecha) en el que se puede apreciar, y así consta especificado en dicho informe, un escenario (elevado) de unos 5 m de largo por unos 2 de ancho en la pared posterior del local junto a dos altavoces, indicativo claramente de su destino a la realización de actuaciones en vivo. A la vista de los resultados obtenidos, se concluye en dicho informe con carácter significativo que el aislamiento acústico normalizado a ruido rosa entre el local de la C/ y dormitorio de las viviendas colindantes sitas en los no 4 y 8 de dicha calle “CUMPLEN con los requisitos establecidos para actividad de BAR CON MUSICA (apartado 7.1 y 7.2, aislamiento superior a 65 dBA)”, pero dichos aislamientos NO CUMPLEN con los requisitos establecidos para actividad de DISCOTECA (sala de baile) NI ACTUACIONES EN DIRECTO (apartado 7.1 y 7.2 aislamiento inferior a 75 dBA)”. Considerando acreditado conforme a lo ya expuesto derivado del resultado de las pruebas practicadas, que en el local litigioso se realizaban actuaciones de cante y baile en directo, es evidente que el aislamiento acústico resulta deficiente para dicha actividad (aislamiento a ruido aéreo con dormitorio de la vivienda sita en el no 4 de 70 dBA y de 68 dBA de la vivienda sita en el no8).

Asimismo se pone de relieve en dicho informe, y así lo vino a explicar igualmente el perito firmante en el acto del juicio, que los ensayos realizados para certificar la actividad a instancia del titular de la misma, resultaron incompletos por cuanto no se realizaron ensayos esenciales tales como el aislamiento a ruido de impacto o aislamiento de fachada.

Finalmente consta aportado con la demanda, doc. no 51, informe acústico pericial elaborado por el mencionado perito D. Antonio , de medida y evaluación de inmisión de ruidos en la vivienda sita en la C/no 4 procedentes del bar con música sito en el no 6 de esa calle, de fecha 13 de febrero de 2012, ratificado en el acto del juicio y explicado ampliamente por dicho perito de forma clara y precisa. Las mediciones se realizan entre las 23:00 horas y las 07:00 horas de los días 11 a 12 de febrero y 12 a 13 de febrero (coincidiendo en fin de semana) y con la actividad en funcionamiento. Se constata por el perito que el día 12 de febrero la actividad finaliza pasadas las 06:30 horas de la mañana, superando por tanto en tres horas y media la hora máxima de cierre permitida conforme al art. 2.1.f de la orden de 25 de marzo de 2002.

Efectuadas las mediciones conforme a la legalidad vigente, especificándose al respecto que las mismas se hicieron con la ventana cerrada, como así aclaró el perito a preguntas de la Letrada de D. , se concluye en dicho informe que se superan entre 4.0 y 15.9 dBA el límite máximo permitido en términos de presión sonora, a superar entre un 58% y un 526% dicho límite, por lo que “al superar en más de 6 dBA el nivel máximo permitido, se considera que los niveles registrados son INTOLERABLES E INCOMPATIBLES CON EL DESCANSO Y EL USO NORMAL DE UNA VIVIENDA”. Además se hace constar en el informe que se aprecian ruidos procedentes de música, música en directo, cánticos y baile (taconeo).

Se ha de poner de relieve que las conclusiones de dicho informe no han resultado contradichas por informe pericial contrario, no apreciando esta juzgadora motivos para

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apartarse de las conclusiones que constan en el mismo, sin que conste que dicho informe haya sido elaborado contraviniendo normas legales o reglamentarias y habiendo sido además ratificado en el acto del juicio por perito cualificado que ha venido a exponer sus conclusiones de forma absolutamente clara, precisa y detallada, ofreciendo por ello plenas garantías a esta juzgadora.

UNDECIMO.- Por tanto, de la valoración conjunta de la prueba practicada se estima acreditada la persistencia de ruidos excesivos y molestias para los actores procedentes de la actividad desarrollada por el demandado D. en el local sito en la C/ no 6 de , ruidos y molestias que exceden de la normal tolerancia y que se prolongaron en el tiempo desde el 10 de diciembre de 2010 hasta al menos la fecha de interposición de la demanda en mayo de 2012, siendo evidente que los ruidos que sufrieron dichos demandantes en sus respectivas viviendas a lo largo del tiempo y fundamentalmente en horario nocturno no pueden ser calificados como una mera incomodidad o una molestia tolerable en el contexto de una ordinaria relación vecinal, siendo que dicho local vino a constituir una fuente sonora de excesiva entidad en relación a lo que en una vida, en los actuales parámetros de exigencia cívica y social y de respeto a los derechos de los demás en aspectos esenciales como los relativos al descanso y confort cotidianos, se puede permitir.

Es por ello que procede dar satisfacción a los actores en su petición de declarar la existencia de tales inmisiones y de indemnización por daño moral sufrido, dándose por reproducida en esta sede la doctrina del daño moral por ruido expuesta en el fundamento jurídico octavo de la presente resolución. Y en este punto se estima adecuada la indemnización solicitada en la demanda, 15.000 euros (a razón de 3.000 euros para cada uno de los actores) habida cuenta de la frecuencia, continuidad y tiempo durante el que se prolongaron las inmisiones ruidosas, que el demandado (que tenía el control del foco emisor) no adoptó todas las medidas necesarias para evitar las inmisiones pese a las quejas y requerimientos efectuados al efecto (fundamentalmente en orden al cumplimiento del horario de cierre y al uso de un escenario para efectuar actuaciones de cante y baile en directo); y que las inmisiones se produjeron esencialmente en horario nocturno alcanzando incluso altas horas de la madrugada, con la indudable perturbación que tales inmisiones producen en las personas que se ven sometidas a sus efectos con la consiguiente alteración de sus condiciones anímicas en aspectos tan esenciales como el confort y el descanso dentro de su propio domicilio.

Finalmente, y habiendo instando también la parte actora en su demanda acción de cesación y adopción de medidas correctoras a fin de evitar que tales inmisiones se siguieran produciendo, se ha de poner de relieve que a lo largo del dilatado tiempo que ha durado el presente procedimiento (8 años) han sobrevenido circunstancias que determinan una carencia sobrevenida de objeto en lo referente a dicha pretensión, pues como así se ha venido a exponer, los actores ya no residen en las citadas viviendas desde hace varios años, y además, según se refirió en el acto del juicio, el local que venía explotando D. se encuentra ya cerrado desde hace un par de años, por lo que se entiende que a los efectos del presente procedimiento ha dejado de existir, de forma sobrevenida, interés en la obtención de la tutela judicial pretendida con el ejercicio de dicha acción.

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DUODECIMO.- D. formula demanda reconvencional frente a los actores principales en reclamación de indemnización de daños y perjuicios interesando la condena de los mismos al abono de 7.159,38 euros en concepto de lucro cesante y la cantidad de 12.000 euros por daños morales. Funda su pretensión en las persistentes denuncias infundadas formuladas por los actores que han llevado a que su negocio se viera afectado por la constante presencia policial, con la consiguiente disminución de clientela y descenso de ventas, amén de los gastos que ha tenido que asumir por la elaboración de informes complementarios para demostrar que el mismo explotaba la actividad conforme a los parámetros exigidos y perjuicios para su propia salud.

Pues bien, dicha pretensión debe ser íntegramente desestimada, y ello por cuanto ha quedado sobradamente acreditado que las numerosas denuncias formuladas por los hoy actores no fueron ni caprichosas ni infundadas, habiéndose limitado los actores a denunciar por los cauces legales procedentes los excesos de ruidos procedentes de la actividad desarrollada por el demandado en el ya referido local a fin de lograr el cese de tales inmisiones en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses, sin que en modo alguno quepa derivar de dicho ejercicio responsabilidad de tipo alguno para los actores.

DECIMOTERCERO.- En relación a la demanda formulada contra Inmobiliaria XXXX S.L., se condena a dicha demandada al pago de las costas procesales causadas; en relación a la demanda formulada contra D. , se condena a dicho demandado al pago de las costas procesales causadas; y en relación a la demanda reconvencional formulada por D. se condena a dicho actor reconviniente al pago de las costas procesales causadas (todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
1.- ESTIMANDO la demanda formulada por D :

a.- Declaro la existencia de inmisiones acústicas en las viviendas de los actores procedentes de la actividad que fue desarrollada por Inmobiliari XXXXa S.L. en el local sito en la C/ I

b.- Condeno a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y a que indemnice a cada uno de los actores en la cuantía de 3.000 euros, en concepto de daño moral causado.

c.- Condeno a la demandada al pago de las costas procesales causadas.

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2.- ESTIMANDO la demanda formulada por D.:

a.- Declaro la existencia de inmisiones acústicas en las viviendas de los actores procedentes de la actividad que desarrollada por D. J

b.- Condeno al demandado a estar y pasar por la anterior declaración y a que indemnice a cada uno de los actores en la cuantía de 3.000 euros, en concepto de daño moral causado.

c.- Condeno al demandado al pago de las costas procesales causadas.

3.- DESESTIMANDO la demanda reconvencional formulada

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer directamente ante este mismo Juzgado recurso de APELACION en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, para su conocimiento en su caso por la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, debiendo exponer en su escrito de interposición del recurso las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5o de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que suscribe en el día de la fecha de que certifico. Doy fe.

STC Recurso de amparo

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Sentencia P. Moreno contra España

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ASUNTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ c. ESPAÑA

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Sentencia por inmisiones ruidosas y vibraciones

SENTENCIA

En , a de ,
Vistos por mí, , los presentes autos de juicio ordinario en el que han sido parte como demandantes D así como los hijos menores de edad de ambos, , representados todos ellos por el Procurador D. y asistidos por el Letrado D. y como demandada representada por la Procuradora Dña.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fech se presentó por el Procurador D. en nombre y representación de D. J y los hijos menores de ambos, demanda de juicio ordinario frente a basando dicha demanda en los hechos y fundamentos que en la misma se exponen.

Admitida a trámite la demanda por decreto de , se dio traslado de la misma a la demandada. Por escrito de la demandada contestó en los términos expuestos en tal escrito. Una vez contestada la demanda, por decreto de se convocó a las partes al acto de la audiencia previa para el día 6

Abierto el acto de la audiencia previa, comparecieron las partes en la forma arriba expuesta, afirmándose y ratificándose las partes en sus respectivos escritos, fijándose los hechos controvertidos y proponiéndose la siguiente prueba:
Por la parte actora:
Interrogatorio del representante legal de la demandada.
Documental aportada con la demanda.
Más documental aportada en el acto en los términos indicados.
Testifical de
Pericial de D.

Por la demandada:
Documental aportada.
Testifical de A………….
B.- Policías Locales de
C.-TESTIGOS PERITOS

Toda la prueba propuesta fue admitida, citándose a las partes para el acto del juicio para el día

V- Abierto el acto del juicio, comparecieron las partes en la forma arriba indicada y se practicó la prueba propuesta, salvo la testifical de

VI- En la tramitación de este procedimiento se han observado y cumplido los preceptos legales de general y pertinente aplicación, excepto los relativos a los plazos, dada la carga de trabajo de este Juzgado y la complejidad presentada por el asunto que ha dilatado la labor de estudio del mismo.

VII- A la luz de la prueba practicada, se declara probado que la actividad ejercida por Estudio genera inmisiones ruidosas y vibraciones en la vivienda que ocupa y los hijos de estos, alcanzando mayor intensidad estas inmisiones en los momentos en que entra en funcionamiento una máquina denominada airdata.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- Antes de comenzar el análisis del fondo del asunto, deben hacerse dos precisiones: la parte actora a la hora de fijar los hechos controvertidos señaló que puesto que la demandada no había contestado a la acción de responsabilidad extracontractual, debía entenderse que había una admisión tácita de la misma, indicando la demandada que puesto que se partía de que el ruido emitido por las máquinas estaba dentro de los límites reglamentarios, ninguna molestia se generaba a los actores, por lo que no podía existir ni perjuicio ni daño, de forma que no se daban los presupuestos de la responsabilidad reclamadas.
La segunda precisión es la relativa a las acciones ejercitadas por los demandantes, dado que por un lado se reclama el cese de las inmisiones ruidosas tomando como base los arts. 348, 590 y 1908 del del Código Civil (en adelante, CC) y por otro lado, se hace referencia a la acción de responsabilidad extracontractual del art.1902 CC. Ahora bien el art.1908 CC no deja de ser una especifidad dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual y por otro lado, no podemos olvidar que la base de las dos acciones ejercitadas, como se ha señalado en el párrafo anterior, es la existencia de las molestias.
Realizadas las anteriores precisiones, debemos entrar a analizar el fondo del asunto. Como ya se ha señalado, la parte actora ejercita dos acciones: una la relativa al cese de las inmisiones ruidosas, que se concreta en la petición del suplico en la que se pide que se declare la existencia de la inmisión y que se condene a la demandada a cesar en su actividad hasta tanto no tome las medidas precisas para evitar las inmisiones, cuya efectividad habrá de ser comprobada mediante la realización de la correspondiente pericial. La otra acción ejercitada es la de responsabilidad extracontractual, partiendo del art. 1902 CC que da pie a la reclamación de cantidad que compone la segunda parte del suplico de la demanda. Ante las reclamaciones de la actora, la demandada en su contestación expone que pese a las denuncias presentadas por los mismos actores ante el Ayuntamiento, ha sido este el que ha realizado las correspondientes mediciones, sin que nunca se haya llegado a sancionar a Estudio, por lo que se niega que existan las inmisiones que sirven de base a la reclamación de los actores.

SEGUNDO- A la vista de las alegaciones de las partes, debemos en primer lugar, partir de una premisa: el hecho de que una actividad cuente con licencia municipal, no excluye que se puedan producir inmisiones de forma que de existir las mismas puede reclamarse tanto su cese como las indemnizaciones correspondientes por las molestias padecidas. Así lo viene reconociendo la Jurisprudencia que ha estudiado casos análogos al que nos ocupa:
“…dándose la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del mismo Cuerpo legal cuando se ocasiona un daño, siendo aplicable analógicamente el citado art. 1908 a inmisiones como ruidos y olores y cabiendo también tener en cuenta la doctrina del abuso del derecho incorporada al art. 7 CC ; 5) según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acatamiento y la observancia de las normas administrativas no exoneran de responsabilidad al causante de las inmisiones , y “los reglamentos no alteran la responsabilidad de quienes los cumplen, cuando las medidas de seguridad y garantía se muestran insuficientes en realidad para evitar eventos lesivos”, lo que a su vez debe ponerse en relación con la tendencia hacia una apreciación más objetiva de la responsabilidad extracontractual; 6) como principales exponentes de la doctrina jurisprudencial en la materia de que se trata cabe citar las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1987 y 29 de abril de 2003…
…10) los informes acompañados con la demanda, debidamente ratificados por sus autores,”confirman las inmisiones que soportan las viviendas, procedentes sobre todo del ruido que produce la maquinaria de corte, que se encuentra al aire libre, así como el transporte de los bloques de mármol y el vertido de los residuos, destacándose en dichos documentos que los niveles de ruidos superan notablemente, tanto en horario diurno como nocturno, los niveles permitidos por la ordenanza municipal, siendo menor la afectación por vibraciones, que se constató sólo en una vivienda, conclusiones que a juicio de la Sala no se ven desvirtuadas por las conclusiones del informe aportado por las mercantiles demandadas que intenta, sin éxito, atribuir los ruidos a la proximidad de una carretera”; 11) “en la actualidad no se discute que las molestias generales por la percepción de inmisiones acústicas superiores a los niveles de tolerancia constituyen un daño moral extrapatrimonial indemnizable”; 12) la cuantificación del daño moral por ruidos molestos es compleja…” (STS, Sala de lo Civil, secc. 1ª, sent. núm. 889/2010 de 12 enero).
“Especialistas de la doctrina científica han destacado cómo ya las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1866 y 12 de mayo de 1891 rechazaron, en el ámbito del Derecho civil, el principio o teoría de la denominada “pre-ocupación”, en virtud de la cual se negaba la indemnización por actividad contaminante a quien se estableciera en el lugar después de haberse iniciado tal actividad. Aunque en el siglo XIX no se hubiera acuñado todavía ese término, lo cierto es que la sentencia de 1866 rechazó la aplicabilidad al caso de la Ley 22, título 8, partida 5, a favor de una compañía minera demandada por humos y vertidos perjudiciales para la finca y ganado del vecino, razonando que la adquisición de la dehesa por el perjudicado después de haberse iniciado parte de la actividad minera no suponía consentimiento de los perjuicios ni renuncia a reclamar por ellos; y la sentencia de 1891 negó que constituyera enriquecimiento injusto la pretensión indemnizatoria de quien había construido cerca de una escombrera perteneciente a una compañía de ferrocarriles, la cual acabó derrumbándose y causando daños a la construcción del demandante. Y como quiera que en el siglo XX fueron frecuentes los pronunciamientos del orden jurisdiccional civil que satisfacían las pretensiones de quienes se consideraban perjudicados por actividades contaminantes, existe hoy una importante corriente en la doctrina científica que propugna una potenciación de la vía civil como especialmente idónea para la tutela de los intereses medioambientales, a partir de la idea de que hasta ahora está infrautilizada sobre todo en la vertiente preventiva.
En la jurisprudencia de esta Sala es de cita obligada la sentencia de 12 de diciembre de 1980, sobre contaminación producida por las emanaciones de una central termoeléctrica que dañaban la vegetación de la zona. Tras examinar el Derecho comparado de la época y citar también la Ley 367 de la Compilación de Derecho Privado Foral de Navarra , esta sentencia declara que “si bien el Código Civil no contiene una norma general prohibitoria de toda inmisión perjudicial o nociva, la doctrina de esta Sala y la científica entienden que puede ser inducida de una adecuada interpretación de la responsabilidad extracontractual impuesta por el artículo 1902 de dicho Cuerpo legal y en la exigencia de una correcta vecindad y comportamiento según los dictados de la buena fe que se obtienen por generalización analógica de los artículos 590 y 1908, pues regla fundamental es que ‘la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino determina’”. Más adelante puntualiza que “el ordenamiento jurídico no puede permitir que una forma concreta de actividad económica, por el solo hecho de representar un interés social, disfrute de un régimen tan singular que se le autorice para suprimir o menoscabar, sin el justo contravalor, los derechos de los particulares, antes por el contrario el interés público de una industria no contradice la obligación de proceder a todas las instalaciones precisas para evitar los daños, acudiendo a los medios que la técnica imponga para eliminar las inmisiones, como tampoco excluye la justa exigencia de resarcir el quebrantamiento patrimonial ocasionado a los propietarios de los predios vecinos, indemnización debida prescindiendo de toda idea de culpa por tratarse de responsabilidad con nota objetiva”. Y luego de considerar muy claro que el perjudicado también puede instar la cesación de la actividad lesiva, citándose a tal efecto como precedentes las sentencias de esta Sala de 28 de junio de 1913, 24 de febrero 1928, 23 de diciembre de 1952, 5 de abril de 1960 y 14 de mayo de 1963, aborda la cuestión nuclear de si la autorización administrativa de la actividad excluiría el conocimiento de la materia por el orden civil, concluyendo al respecto, con cita de la categórica sentencia de 19 de febrero de 1971, que “una cosa es el permiso de instalación de una industria con la indicación de los elementos que deben ser para evitar daños y peligros, cometido propio de la administración, y otra bien distinta que cuando por no cumplir los requisitos ordenados o porque los elementos empleados sean deficientes o adolezcan de insuficiencia, se produce un daño en la propiedad de tercero y se sigue un conflicto, su conocimiento competa a los órganos de la jurisdicción civil”.
Avanzando en la misma línea, la sentencia de 16 de enero de 1989, sobre un caso de contaminación de una industria siderúrgica que afectaba a las fincas y viviendas de los demandantes, así como al ganado vacuno de la zona, declaró rotundamente que “el acatamiento y observancia de las normas administrativas no colocan al obligado al abrigo de la correspondiente acción civil de los perjudicados o interesados en orden a sus derechos subjetivos lesionados, puesto que si aquellos contemplan intereses públicos sociales, ésta resguarda el interés privado exigiendo, en todo caso, el resarcimiento del daño y en su caso la adopción de medidas para evitarlo o ponerle fin”. En idéntico sentido se pronunciaron las sentencias de 24 de mayo de 1993 (recurso núm. 3096/90), 7 de abril de 1997 (recurso núm. 1184/93) y 16 de enero de 2002 (recurso núm. 2355/97): la primera de ellas, sobre un caso de emanaciones tóxicas de una fábrica de aluminio, declaró que no bastaba haber cumplido los reglamentos para exonerarse de responsabilidad civil, añadiéndose a este argumento que el artículo 1908 del Código Civil configura una responsabilidad de claro matiz objetivo; la segunda, sobre un caso de emanaciones tóxicas de una fábrica de productos químicos, reiteró los dos argumentos de la anterior; y la tercera, en fin, sobre un caso de mortandad de truchas en una piscifactoría por elevación de la temperatura del agua a causa de la utilización del caudal del río para la refrigeración de una central nuclear, examinándose al respecto el conflicto entre las concesiones administrativas de las dos empresas litigantes, resolvió que “por el solo hecho de resultar concesionaria preexistente” nada autorizaba a la titular de la central nuclear “a hacer un uso dañoso de la concesión”.
Ya específicamente sobre contaminación acústica o por ruidos, la sentencia de 29 de abril de 2003 (recurso núm. 2527/97) hace una recepción expresa de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera luego que la referencia a los “humos excesivos” en el ordinal 2º del artículo 1908 del Código Civil “es fácilmente transmutable, sin forzar las razones de analogía, a los ruidos excesivos, todo ello en el marco de las posibles conexiones con el artículo 590 del Código Civil” y, finalmente, reitera una vez más la doctrina de la Sala al afirmar que “los ruidos desaforados y persistentes, aunque éstos procedan en principio del desarrollo de actividades lícitas”, dejan de ser admisibles “cuando se traspasan determinados límites”; que “la autorización administrativa de una industria no es de suyo bastante para entender que fue otorgada ponderando un justo y equitativo equilibrio entre el interés general y los derechos de los afectados”; y en fin, que por “la conocida preexistencia de la vivienda” del actor, “incumbía tanto a la corporación como a la propia empresa la obligación de reducir los ruidos a un nivel soportable o tolerable”.
Después, la sentencia de 28 de enero de 2004 (recurso núm. 882/98), mediante una interpretación del artículo 1908 del Código Civil de acuerdo con el artículo 45.1 de la Constitución, extendería la formulación de aquel precepto “a las inmisiones intolerables y al medio ambiente”; consideraría que no era misión del Derecho civil la protección del medio ambiente en abstracto pero sí la “protección específica a derechos subjetivos patrimoniales” frente a agresiones de carácter medioambiental; y en fin, reiteraría una vez más tanto la doctrina de que “el cumplimiento de normativa reglamentaria no impide la apreciación de responsabilidad cuando concurre la realidad del daño causado por la persona física o jurídica” como la relativa al carácter objetivo de la responsabilidad contemplada en el artículo 1908 del Código Civil, todo ello en relación con un caso de daños a los propietarios de fincas y de cabezas de ganado por una intensa contaminación por fluorosis.
Por lo que se refiere a la legislación, la de naturaleza predominantemente administrativa ha proliferado de un tiempo a esta parte tanto en el ámbito local y autonómico como en el estatal y comunitario. Si se acota específicamente la relativa fundamentalmente al ruido, en el ámbito autonómico cabe citar a título de ejemplo, como pioneras, la Ley de Galicia 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica, y la Ley del País Vasco 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente, con un artículo 32 titulado “Acciones en materia de ruidos y vibraciones”; como dictada teniendo en cuenta ya el Derecho comunitario, la Ley de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica, una de cuyas particularidades es extender su aplicación a las actividades derivadas de las relaciones de vecindad pese a que éstas queden excluidas de la Directiva comunitaria de 2002 ; y como más reciente, la Ley de Baleares 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acustíca. Dedicada realmente a los ruidos de un determinado origen, la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, y la Ley de Andalucía 7/2006, de 24 de octubre, aborda más directamente el mismo problema social al titularse “sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía”. En el ámbito comunitario se optó en un principio por abordar sectores específicos, dedicando un número considerable de Directivas a aproximar las legislaciones de los Estados miembros para el control y limitación de los ruidos procedentes de distintas fuentes (p. ej. las Directivas 70/157/CEE sobre vehículos de motor, 77/311/CEE sobre tractores, 80/51/CEE sobre aeronaves subsónicas, 92/61/CEE sobre vehículos de dos o tres ruedas y 2000/14/CEE sobre máquinas de uso al aire libre). Pero tras adoptarse una perspectiva más ambiciosa con la publicación del Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido, se promulgó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, cuyo artículo 3 define el “ruido ambiental” como “el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales”. Y en el ámbito estatal, la Ley 37/2003, del Ruido, ha transpuesto la Directiva comunitaria al derecho interno español no sin suscitar algunas críticas doctrinales por poner demasiado el acento en el número de decibelios.
Tampoco han faltado normas autonómicas de protección del paisaje. Así, la Ley 3/2995, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears, declara como la primera de sus finalidades “mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general” (art. 2.a) si bien excluye de su ámbito de aplicación, entre otras, las instalaciones ferroviarias (art. 3.a); y la Ley de Cataluña 8/2005, de 8 de junio , de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, dictada en adhesión al Convenio europeo del paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, define el paisaje como “cualquier parte del territorio, tal y como la colectividad la percibe, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones”, y contiene una regulación predominantemente orientada a la actuación de los poderes públicos sobre el paisaje.
Las normas puramente civiles aplicables en materia de inmisiones dañosas han mantenido, en cambio, una notable estabilidad. A la permanencia durante más de un siglo de los artículos 590, 1902 y 1908 del Código Civil, y a la bastante menos añeja del artículo 7 del mismo Cuerpo legal, cuyo texto se incorpora en el año 1974 aunque plasmando normativamente una constante jurisprudencia de esta Sala desarrollada a partir de los años 40, se une en los Derechos civiles forales y especiales la Ley 367.a) del Fuero Nuevo de Navarra , del año 1973, que como principio general sienta el de que “los propietarios u otros usuarios de inmuebles no pueden causar riesgo a sus vecinos ni más incomodidad que la que pueda resultar del uso razonable de su derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equidad” (STS, Sala de lo Civil, secc. 1ª, sent. núm. 589/2007 de 31 mayo).
“Alega la recurrente que tiene derecho a la instalación de aparatos de aire acondicionado, ya que tal derecho le fue válidamente concedido por la totalidad de los propietarios del inmueble, por lo cual, con independencia de que hace más de tres años los aparatos de la recurrente no están en funcionamiento, solicita se declare de forma expresa su derecho, en abstracto, a la instalación de dichos aparatos.
El recurso debe ser desestimado en este aspecto, en primer lugar porque el consentimiento al que alude la recurrente le fue concedido a la entidad Gilgo (documentos 2 a 18 de la contestación, folios 168 y siguientes), con lo cual dicha autorización no se puede entender que comprenda la autorización de instalación con respecto al recurrente, lo cual ya es motivo para desestimar tal aspecto del recurso.
A igual conclusión se llega si se tiene en cuenta que el hecho de que se autorice la instalación de un aparato de aire acondicionado no implica el que se autorice con ello el que el funcionamiento de dicho aparato ocasione molestias al propietario que da su autorización, máxime cuando, como acontece en el presente supuesto, el ruido que generan los aparatos instalados supera el margen establecido a tal efecto por la normativa. Debe tenerse en cuenta que si se entendiese que la instalación de un aparato de aire acondicionado implica también la autorización para provocar inmisiones por ruido en los pisos de los propietarios que dieron su consentimiento, sería tanto como considerar que éstos, mediante dicha autorización, han renunciado a su derecho a poder gozar y disfrutar plenamente de su vivienda, dicho de otro modo supondría que han aceptado una limitación a su derecho de propiedad, ya que el derecho de propiedad implica el pleno uso y disfrute del bien objeto del mismo sin otros límites que los marcados por la ley (artículo 348 del Código civil ), por lo cual en definitiva la hipótesis de que la autorización de una instalación de aire acondicionado implica la autorización a que dicho aparato de aire acondicionado genere molestias en el piso o local del propietario que ha prestado su consentimiento, supone entender que éste ha renunciado a su derecho a evitar dichas molestias, siendo constante la doctrina del Tribunal Supremo que señala que la renuncia a los derechos tiene que ser expresa (Ver STS de 31-10-1996 , 19-12-1997 11-10-2001 y 01-04-1993 , entre otras muchas) y por ello y dado que en modo alguno consta ni se desprende de lo actuado que la autorización concedida, además a otra entidad, implicase aceptación por parte de los propietarios que prestaron sus consentimientos, y en concreto el propietario del piso de la actora, para que el funcionamiento de dichos aparatos produjese molestias en sus respectivos inmuebles, debe entenderse que desde el momento en que existen dichas molestias provocadas por el nivel de ruido que – como se indicará en el siguiente fundamento – superan incluso el nivel establecido en la Ordenanza Municipal, el consentimiento prestado no implica la aceptación y consiguiente autorización de las inmisiones por ruido que generan los aparatos de aire acondicionado” (SAP Madrid, secc. 12ª, sent. núm. 413/2010 de 16 junio).
“Planteado el debate en los términos expresados, debe quedar claro de entrada que recae sobre quien es demandante la carga de acreditar probatoriamente en el curso del proceso ordinario entablado de que la actividad desarrollada por el demandado es molesta, debiendo ofrecerse adecuada y cumplida prueba al respecto, todo ello en observancia del principio de carga de la prueba prevista en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil – SSAP de Alicante, secc. 5ª, de 2 de enero de 2009 , de Asturias de 29 de enero de 2004, de Barcelona, secc. 13ª, de 16 de noviembre de 2004, de Guadalajara de 1 de octubre de 2003, de Granada, secc. 4ª, de 15 de febrero de 2008, de Las Palmas, secc. 4ª, de 4 de diciembre de 2007, de Madrid, secc. 19ª, de 23 de abril de 2004, de Pontevedra, secc. 2ª, de 25 de abril de 2002, secc. 3ª, de 28 de abril de 2006 y secc. 6ª, de 19 de febrero de 2009, y de Valladolid, secc. 1ª, de 21 de septiembre de 2001, señalando la SAP de Santa Cruz de Tenerife, secc. 4ª, de 20 de mayo de 2002 “es posible que el local lleve a cabo una actividad con un nivel de ruidos realmente molesto, pero es preciso demostrarlo …”-, pues la calificación de una determinada actividad como incómodo o molesta, no ha de hacerse apriorísticamente y sólo por las características generales de la misma, pues ésta es competencia de la Administración Municipal, responsable de las licencias de apertura y del seguimiento del desarrollo de la actividad, debiendo atenderse más bien al modo de realizarla en cada caso concreto y a la posición contumaz del agente ante las advertencias que le hayan sido hechas, de ahí que la determinación de si una determinada actividad es molesta o incómoda, corresponde a los tribunales en cada caso, lo que constituye una situación de hecho proveniente del uso de la cosa, de lo que se infiere que el cumplimiento de formalidades administrativas para la instalación no puede paliar el ejercicio de la acción de cesación en cuanto afecta al orden civil, de manera que ya se ejercite la acción al amparo de lo dispuesto en el artículo 1902 ó 1908.2 del Código Civil , como lo ha sido en el caso que nos ocupa, ya en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, la responsabilidad cobra un carácter marcadamente objetivo, sin que el mero cumplimiento de las disposiciones reglamentarias sea prueba de la diligencia exigible, sino que, antes bien, la falta de resultado positivo de las medidas que en evitación del daño se hubieran adoptado revela de por sí la insuficiencia de aquellas – SSTS de 14 de febrero de 1989, 4 de marzo y 3 de septiembre de 1992, 24 de mayo y 16 de julio de 1993, 7 de abril de 1997, 1 de junio de 1999 y 29 de abril de 2003, y SSAP de Asturias, secc. 1ª de 15 de marzo de 2005, de Badajoz secc. 3ª, de 25 de octubre de 2004, Cantabria, secc. 3ª de 7 de abril de 2005, de Guadalajara, secc. 1ª, de 31 de diciembre de 2003, de Madrid secc. 10ª de 15 de mayo de 2006, de Murcia, secc. 5ª, de 12 de diciembre de 2003 y de Valencia, secc. 7ª, de 22 de julio de 2005 -, pareciendo pues que la finalidad es de adaptación a la terminología empleada en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, desarrollado por Orden de 15 de marzo de 1963, lo que no significa, en modo alguno, que para determinar en la jurisdicción civil si una actividad es molesta sea necesario y suficiente con que sea una de las mencionadas en esas disposiciones administrativas y sean declaradas de esa manera por los organismos públicos competentes, pues, por el contrario, tiene declarado la jurisprudencia que la calificación de la actividad es un concepto de puro hecho, al margen y con independencia del alcance y significación que pudiera tener o dársele en la esfera administrativa y que el cumplimiento de formalidades administrativas no afecta a las consecuencias en el orden civil – SSTS de 22 de noviembre de 1960, 14 de febrero de 1989, 4 de marzo de 1992, 16 de julio y 28 de noviembre de 1993, expresando está última que “el cumplimiento de formalidades administrativas para la instalación de la industria no afecta a las consecuencias del mismo en el orden civil”, manteniendo en este sentido la SAP de Valladolid de 1 de marzo de 1972 que “tampoco es óbice que el industrial demandado instalara las máquinas con licencia del Ayuntamiento, porque la autorización administrativa no condiciona los derechos civiles, ni el respeto a la intimidad del hogar …”-, por lo que es perfectamente posible la realización de actividad probatoria tendente a lograr la inclusión de una determinada actividad dentro de cualesquiera de esas categorías aún cuando administrativamente no esté calificada como tal, como a la inversa, tratar de lograr que no se considere como tal pese a estarlo, aunque esta afirmación puede ser más teórica que real, de ahí que deba entenderse que la jurisdicción civil no es el campo hábil para debatir la validez o invalidez de las resoluciones administrativas- STS de 20 de marzo de 1989 -, no obstante lo cual, procede recordar como toda esta normativa sustantiva exige ser interpretada en forma restrictiva y rigurosa al limitar los derechos dominicales – SSTS de 31 de mayo y 25 de octubre de 1996 y AAPP de Barcelona de 18 de septiembre de 1980, Córdoba de 19 de noviembre de 1980 y Valladolid de 13 de octubre de 1995 -, siendo de sustancial importancia a la vista de lo hasta aquí expuesto quedar meridianamente claro que la existencia o no de licencia de actividad del negocio propiedad de quienes sean demandados, en modo alguno condiciona o vincula la resolución judicial a dictar, por cuanto que la regulación civil y administrativa responden a intereses distintos tutelados de manera diferente por el ordenamiento jurídico, de forma tal que la regulación de la actividad en relación a las normas administrativas en modo alguno será determinante del carácter supuestamente molesto que en orden a la actividad se presenta en el proceso judicial civil. Las autorizaciones administrativas de la actividad permite acreditar de principio acreditado el cumplimiento por la instalación y su emplazamiento de las disposiciones establecidas en interés general para su puesta en funcionamiento, pero en ningún caso alcanza a asegurar el normal desarrollo de la actividad licenciada, ni llega, desde luego, a legitimar las inmisiones nocivas o molestas que de él puedan derivarse en perjuicio de sus vecinos – SSAP de Las Palmas, secc. 4ª, de 24 de noviembre de 2006, de Pontevedra, secc. 6ª, de 19 de febrero de 2009, y de Sevilla, secc. 5ª, de 24 de septiembre de 2004 en la que se afirma contundentemente que “la jurisprudencia, en aplicación de las disposiciones [...] relativas a las actividades molestas para los vecinos, se ha venido pronunciando de una manera reiterada por la autonomía del orden jurisdiccional civil, respecto de la reglamentación administrativa, en la fijación de la tolerancia debida por razones de vecindad a las inmisiones sonoras, defendiendo su puntual determinación en función de las circunstancias de cada caso”-, explicitando la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1997, con cita de las anteriores de 3 de diciembre de 1987 y 16 de enero de 1989, que frente a una actividad que cuente con licencia municipal (provisional o no), al particular perjudicado en sus derechos privados no le queda otro camino que la impugnación de la licencia por la vía administrativa, siendo así que la licencia (definida doctrinalmente como “autorización objetiva, real, neutral, reglada y motivada”), tiene un carácter neutral respecto de los derechos privados de tercero y únicamente produce efectos entre la Corporación que la concede y el sujeto a cuya actividad se refiere, sin que constituyan, por tanto, patente de corso frente a los derechos privados de los terceros, ni impongan a éstos la carga de litigar contra la Administración, sino con el particular causante del daño o perturbación. En definitiva, la licencia -bien o mal concedida, lo que efectivamente correspondería en su caso decidir a la jurisdicción contencioso administrativa- acredita que el titular está en regla con la Administración, como tuteladora de los intereses generales, y le pone a salvo de una reacción administrativa por su actividad (sanción o cierre), pero no resuelve las cuestiones que atañen a la propiedad privada y a su protección, por lo que el particular perjudicado conserva sus acciones civiles contra quien le perjudique, en el terreno estrictamente privado, tenga este licencia administrativa o no, siendo por ello que en sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, secc. 5ª, de 24 de septiembre de 2004 se apunta que no puede sostenerse, como prueba de que no se han ocasionado molestias por encima de esos límites de tolerancia, el hecho de que la autoridad municipal no haya acordado la clausura del local, pues la jurisprudencia en aplicación de las disposiciones relativas a las actividades molestas para los vecinos, se ha venido pronunciando de una manera reiterada por la autonomía del orden jurisdiccional civil, respecto de la reglamentación administrativa, en la fijación de la tolerancia debida por razones de vecindad a las inmisiones sonoras, defendiendo su puntual determinación en función de las circunstancias de cada caso, quedando lo hasta aquí expuesto perfectamente definido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, secc. 3ª, de 25 de octubre de 2004 cuando expresa que “desde el punto de vista jurídico y jurisdiccional civil, y tratándose como se trata de un ruido molesto, incómodo y perturbador, procedente de una actividad humana y de fuente emisora suficientemente determinada, se está, sin duda, ante una responsabilidad extracontractual perteneciente a la disciplina civil de las relaciones de vecindad, sin que a la aplicación de los medios de tutela civil por los órganos jurisdiccionales civiles sean obstáculo ni la regulación administrativa más o menos extensa, de la actividad (porque hay que distinguir el interés general de los intereses privados, civilmente protegibles: SSTS de 12-XII-80, 3-XII-87 y 16-I-89), ni la posible remisión de la norma civil de vecindad a disposiciones administrativas (SAP Segovia de 28-V-93), ni el hecho de que el ejercicio de la actividad ruidosa se halle amparado por la preceptiva licencia administrativa (STS de 18-VII-97), ni que la actividad se viniere desarrollando con observancia de las normas y medidas administrativas requeridas al efecto (SSTS de 4-III-92y 24-V-93); la actividad emprendida y ejercida con la oportuna licencia puede ser impedida por los tribunales del orden civil a instancia de los particulares cuyos derechos lleguen a verse lesionados por ella; el cumplimiento de las normas y resoluciones administrativas no coloca al obligado al abrigo de la correspondiente acción civil que los perjudicados o afectados pueden ejercitar en defensa de sus derechos subjetivos lesionados, cuando las medidas reglamentarias ser revelan insuficientes para evitar eventos lesivos (SSTS de 17-III-81y 28-V-91)”, por tanto, se pueden considerar como pautas de actuación en este particular aspecto: a) Que la competencia no viene determinada por la naturaleza de la norma a aplicar, sino por la naturaleza del conflicto (privado, entre particulares, o público, entre el ciudadano y la Administración Pública); b) Que la concesión de licencia sólo producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a cuya actividad se refiere, pero no altera las situaciones jurídicas privadas entre ésta y las demás personas, entendiéndose siempre otorgadas las licencias” salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero”; c) Que son competencia de la jurisdicción civil tanto el resarcimiento del daño como, en su caso, la adopción de las medidas para evitarlo o ponerle fin; d) Que las medidas que se han de adoptar la jurisdicción civil, con “vis atractiva”, en la defensa de derechos privados y particulares, no queda en ocasiones agotada con medidas puramente cautelares, de prevención o corrección, sino que existen supuestos en los que la cesación del daño o perjuicio sólo se consigue con el cese o fin de la actividad, sin que sanción impuesta en el ámbito administrativo pase por significar, sin más, que la acción civil deba prosperar” (SAP Málaga, secc. 6ª sent. núm. 610/2010 de 19 noviembre).

TERCERO- La principal conclusión que podemos extraer de la Jurisprudencia antes recogida es que con independencia de que la actividad de la demandada cuente con licencia municipal, habiendo solicitado incluso una modificación de la misma dadas las variaciones que se van a hacer en el negocio, expediente que aun se encuentra en tramitación, es preciso comprobar si se producen las molestias denunciadas por los demandantes.
Según estos exponen en su demanda, las molestias consisten en “ruidos y vibraciones…que dimanan, principalmente, del funcionamiento de los equipos de refrigeración y climatización de la llamada “sala fría” del local, donde se ubican los equipos informáticos cuyo funcionamiento está programado para las veinticuatro horas del día”. En cambio, la demandada en su contestación manifiesta que tales molestias no existen, que Estudio ha intentado evitar las inmisiones que se denuncian, atendiendo a los requerimientos de la parte demandante, que incluso presentó denuncias en el Ayuntamiento, sin que haya habido sanción alguna, indicando que quedaban pendientes las correspondientes mediciones.
Ante tales manifestaciones de las partes, debemos acudir a la prueba obrante en autos, comenzando por el interrogatorio del representante legal de Estudio así como a las testificales que declararon sobre la existencia de las molestias que debe ser complementadas con el resultado de las periciales. Por lo que se refiere al interrogatorio del representante legal de Estudio, este manifestó que el negocio se abrió en el año 2007 y que cuenta con una sala de servidores (sala fría o data center) que tiene que estar ventilada las 24 horas todos los días del año para asegurar que la temperatura de la sala oscile entre los 21 y los 23 grados, ventilación que se logra con aparatos de aire acondicionado, siendo tales aparatos un split doméstico y un aparato de mayor potencia, llamado airdata. Dicho aparato ha estado desde siempre instalado en Estudio, si bien su funcionamiento ha pasado por numerosas vicisitudes pues en enero de 2013 se precintó dado que existían indicios de exceso de ruido en horario nocturno, habiéndose mantenido precintado hasta que se realizaron las mediciones para las periciales ordenadas. Asimismo, reconoció D. Carlos José que entre mediados de 2011 y mediados de 2012 la máquina no funcionó.
Según expuso D. Carlos José al poco de inaugurar las instalaciones ya bajaron los demandantes y se quejaron del ruido, preguntándole qué era lo que había instalado, enseñándoles el negocio, incluida la sala fría, quejándose ya Dña. J de las enfermedades que padecía y diciendo que las máquinas hacían mucho ruido. A la vista de tales manifestaciones, se desarmó el data center y se encargó a un técnico de sonido que hiciera un estudio y a la vista del resultado se hizo una obra reforzando la insonorización, con un importante aislamiento acústico, pese a lo cual siguieron las quejas, si bien no era preciso encender por las noches el airdata, funcionando sólo el split doméstico, dado que, según explicó D. Carlos José, al principio la mayoría de los servidores estaban instalados en …………………… la conexión vía Internet no era de buena calidad. Sin embargo, a finales de 2010 hubo un descenso de la facturación y se decidió disminuir gastos, de forma que habiendo mejorado la conexión de Internet en …………………, se optó por traer los servidores a esta localidad, pidiendo al Ayuntamiento la ampliación de licencia de actividad, licencia que se está tramitando, pero sin que haya habido ampliación de la maquinaría previamente instalada.
De forma paralela a esta decisión empresarial y dadas las molestias, se pactó con la Comunidad de Propietarios la instalación de un segundo split, por si el original se rompía, split que se instaló en el patio interior de la Comunidad, de acuerdo y con la autorización de esta, tal y como habían hecho otros vecinos. Sin embargo, esta instalación fue denunciada al Ayuntamiento de ……………., quien ordenó su retirada, lo que así se hizo en el plazo de 48 horas, colocando el aparato dentro de las instalaciones de Estudio. Según dijo D. José Carlos, desde la instalación de Estudio, el airdata cuando ha funcionado lo ha hecho sólo en horario diurno porque por las noches sólo funciona el split, parándose automáticamente el airdata, contando con licencia para el funcionamiento de tal aparato, insistiendo en que por las noches sólo ha funcionado el split doméstico.
Parecía desprenderse de la declaración de D. Carlos José que cuando hubo que retirar ese segundo split, Dña. Juana volvió a quejarse por los ruidos, indicándose D. Carlos José que la empresa cumplía con todos los requisitos, invitándole incluso a que hablara con el Ayuntamiento, acudiendo los técnicos que realizaron las mediciones, indicándoles que todo estaba bien. Aproximadamente en esa fecha es cuando se rompió el airdata (indicando D. Carlos José que él pensaba que los demandantes atribuyeron la paralización del aparato a sus quejas, si bien, el interrogado manifestaba que el aparato no funcionaba por el coste que ello suponía). En junio de 2012 se pudo hacer el esfuerzo económico para reparar el airdata, volviendo los demandantes a quejarse, exigiéndoles a los empleados de Estudio que pararan los aparatos, lo que así hicieron. Cuando él vuelve, los empleados le comentan lo sucedido y vuelven a poner en marcha el airdata, bajando Dña. Juana muy enfadada, teniendo que llamar a la Policía Local, hechos que volvieron a repetirse al cabo de una semana, esta vez con la presencia de varios vecinos, dando lugar a que finalmente en enero de 2013 se precintara el airdata.

CUARTO- En cuanto a las testificales, hay que distinguir entre las testificales de vecinos del inmueble, las de los empleados de Estudio y las de las personas que acudieron a realizar las mediciones. Los vecinos que declararon fueron los siguientes:
D. José .
D. Antonio
D. Alfonso
D. Antonio
El primero de los testigos antes indicados, que fue presidente de la Comunidad de Propietarios entre marzo de 2012 y marzo de 2013, vive en el 2º A, es decir, que vive sobre el vecino de al lado de los demandantes. Este testigo manifestó que ha percibido el ruido del local, un ruido o un zumbido continúo, como una vibración, siempre continúa. También dijo este vecino que estuvo presente en la medición en la vivienda de los demandantes hasta que le pidieron que saliera al pasillo, al vestíbulo, escuchando igualmente el ruido en el pasillo, momento que coincidió con la conexión a máxima potencia de los aparatos de refrigeración. Igualmente, este testigo manifestó que cuando él fue presidente de la Comunidad también se quejó del ruido su vecino de abajo, pero que luego este vecino dejó de escuchar los ruidos. Según dijo, mientras fue Presidente intentó mediar entre las partes, hablando de las quejas de los vecinos con Estudio, comprometiéndose desde la demandada a estudiar el problema, sin tener contactos posteriormente hasta la medición. Con referencia a tal medición dijo que alguien le había comentado que el resultado había sido que se superaba el límite, sin poder indicar quién le dijo que ese había sido el resultado ni cuándo se lo habían dicho.
A preguntas de la parte demandada, D. J dijo que en edificio viven 8 o 9 familias y que las únicas que se han quejado han sido los demandantes y el vecino al que él se refirió al ser preguntado por la parte demandante, sin que ese vecino le especificara cuándo sentía los ruidos.
D. Antonio es vecino de los demandantes, viviendo en la misma planta que estos y dijo que él no había oído los ruidos en su vivienda aunque sí había sentido un zumbido molesto y permanente en la vivienda de los actores, sintiendo ese zumbido a las horas de mediodía, diciéndole la demandante que venía de abajo, pareciendo un ventilador o una máquina, sintiéndose solo el ruido, recordando que fue en verano y que estuvo solo unos cinco minutos, aunque se dio cuenta de que Dña. Juana estaba muy afectada, dándole a entender que era por el ruido. A preguntas de la parte demandada dijo que esa visita la hizo en verano de 2013. En la última pregunta de la parte actora, este testigo dijo que no estuvo en la medición realizada para este procedimiento.
Otro de los vecinos que declaró fue D. Alfonso , que vive al lado de los demandantes y que ha estado en su vivienda. Este vecino dijo que cuando Estudio inició su actividad notó ruidos pero que al realizarse las obras (entendiendo que se refería a las obras de insonorización descritas por D. Carlos José), dejó de oírlo, aunque el vecino que está justo encima de la demandada, sí decía seguir sintiéndolo. Según este testigo, cuando él estuvo en la vivienda, más que ruido lo que se sentía era una vibración, un sonido constante. D. Alfonso sí estuvo en la medición y dijo que ese mismo ruido se sentía en la vivienda de los demandantes y en el pasillo o vestíbulo, escuchándose el ruido cuando se encendió la máquina, reconociendo que el resultado no se lo dijeron al momento, sino después y que le dijeron que había superado los límites. Por último y a preguntas de la parte demandada dijo que cuando había estado en la vivienda de los demandantes siempre había sido de día.
El último vecino que declaró fue D. Antonio vecino del segundo, que también ha estado en la vivienda de los demandantes, donde sintió como un ruido, más específicamente, un zumbido y vibraciones el verano pasado, habiendo ido por la tarde, aunque no ha sido esa la única vez que ha estado en la vivienda de los actores. D. Antonio estuvo también en la medición indicando que la Policía Local puso las máquinas a máxima potencia y que el ruido se escuchaba arriba, con menos intensidad que en el verano, notándose algo menos en el pasillo o vestíbulo. En relación al resultado, a D. Antonio le dijeron que estaba algo por encima de los límites permitidos.
Por lo que se refiere a los empleados o personas vinculadas con Estudio, declararon:
D.D.-D.-D.-
D. no es propiamente empleado de Estudio sino que es el arquitecto técnico que hizo el proyecto de adecuación y apertura de las instalaciones de Estudio así como la modificación de tal proyecto para su ampliación. D. Miguel Ángel manifestó que además de arquitecto técnico es ingeniero de la edificación y técnico en prevención de riesgos laborales. Según D. Miguel Ángel, su proyecto cumplía la normativa sobre ruidos, indicando que la modificación del proyecto inicial se hizo en el verano de 2010, siendo su objeto ampliar la sala fría en equipamiento y para que tal equipamiento se adaptase al horario en cuanto a los ruidos, concretando que cuando se hizo el proyecto inicial no era preciso hacer un estudio acústico especifico y que este sí era necesario para la ampliación dadas las características técnicas de la maquinaria que se iba a instalar. El testigo dijo que dicha medición fue la que se realizó en enero en presencia de los Policías Locales y de un Técnico Municipal, dado que su presencia es necesaria cuando se prevé que se van a superar los 70 decibelios, tal y como sucedía en este caso, dado que existe un procedimiento especifico cuando los umbrales se sitúan entre los 70 y los 90 decibelios, manifestando D. Miguel Ángel que la nueva maquinaria no estaba instalada, aunque sí estaba ya el airdata, porque este se preveía desde el principio, incluyéndolo la licencia de apertura. D. Miguel Ángel dijo que la medición se hizo tomando referencias en el interior de Estudio, en la sala fría y fuera así como en la calle y en el piso superior, encendiendo todos los aparatos.
El testigo D. Antonio es trabajador de……….. y dijo que en la sala fría hay dos tipos de aparatos, siendo uno de ellos el airdata, que comienza a funcionar a las 8 de la mañana y cesa antes de las 23, dado que tiene un reloj automático dentro, habiendo comprobado que todo funciona bien, manteniendo la temperatura a unos 21os. Este trabajador, que sigue siéndolo como administrador de sistemas, estuvo presente en la medición de enero, manifestando que las máquinas se pusieron a 16os, sin que nunca se pongan a esa temperatura. Asimismo, dijo que se pusieron todas las máquinas en marcha. Según D. Antonio, las máquinas no funcionan todas a la vez, sino que por las noches sólo funciona el split, incluso en verano, haciéndolo a más rendimiento pues el compresor está en funcionamiento más tiempo (“salta más tiempo” dijo D. Antonio). También dijo que el split no funciona durante el día porque el airdata mantiene la temperatura, no siendo preciso por la noche porque los servidores tienen menos rendimiento. D. Antonio manifestó que el airdata ha estado instalado desde el principio aunque hubo un tiempo en que no funcionó.
También es trabajador de Estudio, siendo su director general, el testigo D. Luis Según D. Luis Miguel en las instalaciones de Estudio hay un airdata y un split, funcionando el primero sólo por la mañana, no siendo preciso por la noche, cuando funciona sólo el split, siendo preciso que la sala fría esté a unos 22-23os de temperatura. En dicha sala fría están instalados los servidores mientras que en ………….. se sitúa el centro de datos, siendo un servicio externo, aunque se ha solicitado la ampliación para ubicar ese centro en………….. A preguntas de los actores, D. reiteró que el airdata sólo funciona durante el día, no siendo preciso por la noche, bastando en ese momento el split.
Igualmente, declaró como testigo D. que fue quien instaló el aire acondicionado en Estudio. D. Manuel indicó que el airdata estuvo roto porque se le había agotado el refrigerante, avisándolo en mayo o junio de 2011 de la rotura del aparato, que no fue arreglado hasta un año después, diciendo a preguntas de esta Juzgadora que se tardó un año en arreglarlo porque fue ese el tiempo que tardaron en aceptar el presupuesto del arreglo. A preguntas de los demandantes, D. Manuel dijo que no recordaba haber suministrado antes material a Estudio, aunque sí dijo que hubo un traslado y que hizo trabajos en unas instalaciones sitas en la………………………..
Las últimas testificales a las que debemos hacer referencia para determinar si existen o no esas inmisiones denunciadas por los actores son las siguientes:
D. J
Los Agentes de la Policía Local
Dña.
El primero de estos testigos es Ingeniero Técnico Industrial y realizó el ensayo acústico. En dicho ensayo, que se hizo de noche, se midió tanto el ruido como la vibración, poniendo todas las máquinas (los dos splits y el airdata) a máxima potencia y bajándolas hasta la temperatura mínima, 16os. Según D. Javier, el valor que se reconoce como valor soportado es de 30 decibelios, siendo el resultado de la medición, 28 decibelios a los que hay que añadir una penalización de 6 decibelios, por lo que se llegaba a los 34 decibelios, superando en 4 ese valor soportado. D. Javier explicó que estas penalizaciones se añaden en función del tipo de ruido que existe, no respondiendo a un ruido que pueda escucharse en realidad dado que no se detecta fácilmente, precisando a preguntas de los demandantes, que las penalizaciones hacen referencia a picos que pueden surgir cuando el ruido es continuo. Con respecto a la forma de hacerse la medición, D. Javier dijo que no debe hacerse una escucha de 12 horas, dado que la medición debe hacerse en condiciones de silencio y con el foco ruidoso y si se hace una escucha de 12 horas se recogería cualquier ruido que se hiciera en ese tiempo tan prolongado. Por lo que se refiere a la medición hecha en Estudio, D. Javier indicó que la hizo a finales del año 2013, si bien, él no puede hacer mediciones, sino que sólo hace los estudios acústicos, siendo esa la única vez que trabajó para Estudio y estando igualmente presentes el técnico municipal y otras personas como D. Miguel y algunos vecinos, que no recordaba bien, aunque identificó a D. José . D. Javier dijo que arriba no se percibía el ruido, aunque también es una cuestión que depende de la sensibilidad de cada persona. En cuanto a los resultados, que el testigo dijo referidos a la normativa de la Junta de Andalucía sobre ruidos, dijo que en valor diurno no se excedían los límites, que el split siempre los respetaba, que el airdata sólo los sobrepasaba en el horario nocturno, matizando igualmente D. Javier que existen distintos tipos de valores con respecto al ruido, como puede ser, el valor diario y el anual, debiendo, tener en cuenta tanto el funcionamiento como el tiempo qué funciona.
Por lo que se refiere a los Agentes de la Policía Local de son los que estuvieron presentes en la medición, indicando el Agente 9563 que él estuvo en el domicilio de los demandantes e iba indicándole a su compañero que máquinas y cómo debían ponerse en marcha. Según este Agente, lo que se oía en la vivienda de los actores era algo muy leve, reconociendo que llegaron otras personas, más tarde cuando la prueba ya estaba iniciada. Según el Agente, él sólo estaba pendiente de lo que le iban indicando para comunicarle a su compañero lo que debía hacer a través del walkie. El Agente 9584 fue el que se quedó en las instalaciones de Estudio donde le dijeron cuáles eran las máquinas que iban a probar y poniéndolas en marcha según las indicaciones que su compañero le daba por el walkie, recordando que se pusieron en marcha todas las máquinas, aunque no recordaba la temperatura a la que se pusieron. El Agente dijo que con él estaban dos empleados de Estudio y que no había más personas, sin llegar a subir a la vivienda de los actores.
Por último y en cuanto a la testifical de Dña. debemos indicar que Dña. Valentina es la Letrada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de , conocedora de los expedientes de disciplina incoados a Estudio. Según Dña. Valentina, desde que han surgido los problemas, tanto Estudio como la familia demandante han colaborado con el Ayuntamiento, aunque, en la última ocasión la familia no accedió a que se hiciesen las mediciones. Dña. Valentina indicó que las quejas de los actores eran por ruido diurno y nocturno y que se han hecho dos mediciones, una en 2009, sin que se detectara ruido y la que se hizo en 2013, sin saber aun el resultado de la medición, aunque sí le habían comunicado que existía una afección sonora. Por lo que se refiere a los expedientes, tras el inicial, se pidió la legalización de un techo acústico y luego de unas máquinas, que posteriormente se retiran, aunque según Dña. Valentina ese expediente aun no estaba concluido. También indicó que ha habido una ampliación de la licencia inicial no por iniciativa de Estudio, sino a raíz de la actuación del Ayuntamiento.
Concluido el análisis de la testifical relativa a las molestias, (hubo otras testificales pero referidas a los padecimientos de la demandante Dña. Juana), debemos ahora analizar tanto la documental como las periciales, siempre relativas a las inmisiones. Desde este punto de vista, los demandantes aportaron la siguiente documental:
Solicitudes presentadas por D.al Ayuntamiento de , quejándose por los ruidos padecidos y solicitando la práctica de mediciones y a la adopción de medidas, estando fechadas tales solicitudes el
Acta de comprobación, ensayo y medición de valoración de nivel de inmisión sonora, de fecha, indicando dicha acta que sólo se pudieron tomar seis medidas de un minuto al cesar el ruido del local emisor.
Contestaciones del Ayuntamiento de a las distintas reclamaciones efectuadas por el demandante. Estas resoluciones son las siguientes:
Resolución de 11 de diciembre de 2008, donde se procede al archivo de las actuaciones, por no existir infracción de la norma, si bien, se afirma que puesto que el ruido se siente principalmente en verano, se deja para tal época el realizar una nueva medición.
Resolución de 22 de enero de 2009, en la que se acuerda que no ha lugar a la incoación de expediente alguno a E, aunque sí se le indica que dados los cambios constatados (techo acústico), debe legalizarse dicha estructura.
Resolución de 21 de octubre de 2010, donde se constata la existencia de las dos unidades de aire acondicionado, ubicadas en el patio interior del bloque, indicando a E que en el plazo de 7 días debe paralizar el uso de tal maquinaria y proceder a solicitar la correspondiente modificación de su licencia para reflejar la existencia de tales máquinas.
Resolución de 12 de enero de 2011 donde se ordena a Estudio que elimine las máquinas y que, en caso de desear instalarlas, deberá solicitar la correspondiente licencia, debiendo instalarse la salida de aire de tales aparatos o en la fachada o en la cubierta o azotea del edificio. Dicha resolución se complementa con otra de 9 de febrero de 2011 por la que se comunica a D
Resolución de 25 de julio de 2012 por la que se comunica a D que como colindante se le da la posibilidad de realizar alegaciones a la solicitud de ampliación
Resolución de 19 de diciembre de 2012 donde se comunica a los demandantes que se iba a realizar la medición el

Comunicaciones dirigidas por los actores a Estudio, exponiéndole la situación padecida.
Denuncia presentada el 1 de abril de 2011 por D relativa a los ruidos padecidos así como comparecencia ante el mismo Cuerpo el día 1
Informe pericial de D.
Acta de la medición de ruidos hecha el 10 de enero de 2013.
Informe pericial complementario de D. A
Esta documental aportada por los actores bien con la demanda bien en la audiencia previa a raíz de la contestación a la demanda, se complementa con la más documental, interesada por los actores y relativa a la remisión por el Ayuntamiento de los expedientes indicados y relativos al objeto del presente procedimiento. A raíz del oficio dirigido por este Juzgado, el Ayuntamiento de remitió la siguiente documentación:

Copia de los índices de los expedientes de disciplina ambiental con copia de los documentos que los componen.
Copia del índice del expediente de licencia de apertura de Estudio con copia de los documentos que lo componen.
Copia del índice del expediente de reforma de la licencia de apertura con copia de los documentos que lo componen.
Dentro de la documental remitida por el Ayuntamiento debemos destacar, en adición a la ya reseñada al enumerar los documentos directamente aportados por la parte actora:
El atestado instruido por la Policía Local de como consecuencia de la denuncia presentada por D. José el 1 de abril de 2011, indicando los Agentes actuantes que en el local de Estudio se “escucha un ruido de lo que al parecer es el motor de un sistema de ventilación o aire acondicionado, el cual se para brevemente…dicha fuente de ruido no se observa a simple vista ya que está dentro del edificio y lo que se ve son las rejillas…”
Acta de la inspección ocular hecha por la Policía Local a raíz de la denuncia presentada por el actor el 1 de febrero de 2012, donde los Agentes recogen que “en determinados momentos se activa una especie de compresor de un motor, posiblemente de algún tipo de refrigeración, que tal ruido a juicio de los Agentes no es especialmente molesto, pero que se desconoce su valor en decibelios acorde a la normativa, asimismo no se puede apreciar si existen vibraciones y cual es el alcance de estas ya que para ello se deben realizar las mediciones sonométricas pertinentes así como las mediciones de vibraciones…”
Informe del Inspector Jefe de la Policía Local de dirigido al Área de Urbanismo del Ayuntamiento, donde se transcriben las manifestaciones de los Agentes de la Policía Local que intervienen a partir de la llamada de la actora el día 19 de julio de 2012. Los Agentes acuden a la vivienda y pueden comprobar “como efectivamente existe un molesto ruido que impide conciliar el sueño”.

Por lo que se refiere a la documental aportada por la demandada, es la siguiente:
Facturas relativas a los trabajos de aislamiento realizados en el local y de los aparatos de refrigeración instalados.
Informe relativo a la solución acústica del local.
Informe emitido por el Ayuntamiento de …………….el 22 de enero de 2009, donde se concluye que, si bien, el techo acústico del local no estaba incluido dentro de la licencia inicial, puesto que dicha obra suponía una mejora al disminuir el nivel de ruido, se concedía a Estudio un plazo de 30 días para la legalización de dicha obra.
Acta de la Junta ordinaria de la comunidad de propietarios de 26 de marzo de 2010 donde ya se recoge el problema relativo a los aparatos de aire acondicionado y los problemas de ruido que se detectaban.
Documentación técnica de los aparatos instalados.
Resoluciones del Ayuntamiento ya relacionadas y las relativas a la modificación de la licencia para legalizar las obras.
Correspondencia entre las partes.
Contrato de servicios externos.
Informe pericial sobre la medición de ruido en el local.

Si tenemos en cuenta tanto la testifical como la documental, parece claro que las inmisiones, bien sean en forma de vibración o de ruido existen, aunque debemos determinar si las mismas alcanzan un nivel que se puede calificar como molesto, pues, para poder estimar la pretensión de la parte actora, no basta con declarar que la inmisión existe, sino que la misma debe ser calificada como molesta y superar los límites permitidos, lo que permitiría ordenar el cese en la actividad de la demandada. Esta calificación de las inmisiones como molestas es el aspecto central de las pruebas periciales relativas a la medición de ruidos, resultando esenciales desde este punto de vista tanto las periciales unidas a las actuaciones como las explicaciones dadas por los peritos que realizaron las mediciones.

QUINTO- Debemos, pues, analizar tales periciales. El primero de los peritos que declaró fue D. En su informe D. Antonio concluye que “los ruidos en el salón en vivienda C/ procedentes de actividad y maquinaria en local colindante inferior superan el nivel máximo permitido entre 15 y 21 dBA.
El nivel continuo equivalente en período noche es de 32 dBA con presencia de ruido en baja frecuencia y tonos emergentes.
Los niveles resultados son incompatibles con el descanso y el uso normal de una vivienda.
Conforme al art. 58 del RPCCAA se considera que se está poniendo en peligro grave la salud de las personas al sobrepasar en más de 6 dBA el nivel máximo permitido”.
Al ser interrogado respecto de su informe, este perito indicó que la medición se hizo en horario nocturno, desde las 23:00 horas de la noche hasta las 7 horas de la mañana siguiente y que tuvo en cuenta las penalizaciones a aplicar por tonos emergentes, explicando que los tonos emergentes son ruidos que destacan por encima de los demás y que los sonidos en baja frecuencia son zumbidos bajos, como los que se sienten en una discoteca, resultando especialmente molestos. Este perito explicó que el límite habitable anual se ha fijado en 25 dBA, límite que se aplica cuando existe un foco ruidoso que emite sonido durante todo el año mientras que si se trata de un ruido que se produce en un espacio corte de tiempo dicho límite se fija en 30 dBA.
Asimismo, aclaró cuando se trata de medir emisiones ruidosas no se pueden hacer sumas de decibelios sin más porque un salto de 6 dBA supone que el ruido que se siente se ha elevado en el doble. Según este perito para realizar las mediciones no es preciso acceder a al foco ruidoso dado que el ruido se percibía ya en la vivienda al estar muy próxima al foco, por transmitirse desde el interior de la vivienda y por el tipo de ruido emitido.
Al ser preguntado sobre la medición que se realizó en enero de 2013 manifestó que también en esa ocasión y al ponerse en marcha el air data se superaron los límites permitidos entre 6 y 9 dBA.
Cuando fue interrogado por la Letrada de la demandada, dijo que en la medición que hizo en julio no había ningún otro técnico dado que no había nadie en la vivienda, ni siquiera el perito puesto que la medición se hizo colocando un “registrador” sonoro que se utiliza para el cálculo, colocando también una cámara y sin que existiera ningún otro ruido. Este mismo perito aclaró que utiliza el límite de 25 dBA en cómputo anual porque considera que el foco tiene un funcionamiento continuo dado que se trata de una sala fría. Respecto a las dos mediciones realizadas, especificó que en la que se realizó en enero de 2013 se superaron los 30 dBA, resultado que obtuvieron ambos peritos y que él obtuvo teniendo en cuenta las correcciones que la medición obtenida deben hacerse y que en cambio, en la otra medición no se superaron los 30 dBA.
El otro informe pericial fue el presentado por D. Juan quien concluye que “los niveles acústicos y vibraciones en la actividad, objeto de este informe, se encuentran fuera de los límites admisibles con lo determinado en RPCCAA por lo expuesto en el apartado a) respecto de los índices de ruido en el interior en la evaluación nº 1 en período de noche, tanto el valor medido como el valor diario, encontrándose dentro de los límites admisibles con lo determinado en RPCCAA por lo expuesto en el apartado a) respecto de los índices de ruido en el interior en la evaluación nº 1 en período de día y tarde tanto el valor medido como el valor diario así como el índice de vibración por lo expuesto en el apartado c) no pudiéndose determinar con exactitud con lo determinado en RPCCAA por lo expuesto en el apartado b) respecto de los niveles de ruido en la evaluación 2ª, valores reflejados en apartado de certificados, siempre que se mantengan las condiciones iniciales generadas en la actividad/instalación y de horario, colindantes y entorno existentes en el momento de la realización de los ensayos”.
Al ser preguntado, este perito dijo que estuvo en la medición que se hizo en enero de 2013, constatando que el foco emisor estaba en las instalaciones de Estudio, por lo que se accede a las mismas y se pone todo a funcionar, midiendo las inmisiones en la vivienda de los demandantes, midiéndose tanto los ruidos como las vibraciones. Según este perito, cuando entra en funcionamiento el airdata se superan los máximos permitidos, pero no cuando funcionan los dos splits. El perito explicó que durante el día se es más permisivo con los ruidos a soportar y los ruidos registrados no excederían los límites señalados, lo que sí sucede de noche, puesto que la medición, con las correcciones ya hechas arrojaba un resultado de 34 dBA.
A la hora de exponer como se hizo la medición, se indicó que en la prueba se pusieron todos los aparatos en funcionamiento y a su máxima potencia para crear la situación más desfavorable, siendo lo cierto que los aparatos no funcionan a ese nivel.
A preguntas del Letrado de los demandantes, D. Juan Alfonso dijo que el valor anual de 25 dBA es para instalaciones que funcionan 24 horas los 365 días del año y en ese caso, la instalación de Estudio sí excedería el límite reglamentario.
Pues bien, a la vista de las manifestaciones de los peritos, podemos concluir que las inmisiones bien en forma de ruido o de vibraciones existen, si bien, no superan los límites permitidos en horario diurno, pudiendo surgir el problema en horario nocturno, pues, si durante la noche entre en funcionamiento el aparato denominado airdata se superan los límites.

SEXTO- Desde este punto de vista, resulta entonces esencial determinar si ese aparato funciona en horario nocturno. Para ello, no podemos acudir a las periciales pues estas se han realizado poniendo en funcionamiento todos los aparatos y porque D. Antonio hizo una medición sin acceder a las instalaciones de Estudio por lo que no puede indicar que aparatos eran los que funcionaban en ese momento, de forma que sólo contamos para valorar este extremo con las testificales de los vecinos y de los trabajadores de estudio. Por lo que se refiere a los vecinos, D. dijo que había sentido tanto el ruido como la vibración continua (lo que encajaría con que efectivamente las instalaciones de Estudio precisan de una temperatura constante, pero no nos permite colegir si el airdata funciona también de manera continua) y que en la medición de enero de 2013 sintió el ruido incluso en el vestíbulo del inmueble aunque ellos se produjo cuando todos los aparatos se pusieron a su máxima potencia.
El vecino que vive en la misma planta que los demandantes, D. An reconoció que ha sentido el zumbido en la vivienda de los actores y que lo sintió en las horas de mediodia mientras que el vecino colindante, D. dijo que más que ruido se siente la vibración, un sonido constante y que él estuvo en la medición indicando que ese mismo ruido o vibración fue el que se sintió cuando se encendió la máquina y que en las restantes ocasiones que ha estado en la vivienda de los demandantes ha sido de día. El último vecino en declarar, D. reconoció haber sentido en el verano un zumbido y vibraciones por la tarde y que también estuvo en la medición, manifestando que cuando se pusieron las máquinas a toda potencia puso sentir el ruido aunque con menos intensidad que cuando estuvo en casa de los demandantes.
En cuanto a las personas vinculadas a Estudio y que se refiriesen en su declaración al funcionamiento del airdata, son las siguientes: D. El primero dijo que el airdata funciona desde las 8 de la mañana hasta antes de las 23 horas, pues cuenta con un reloj que tiene programado su funcionamiento. Este testigo, además, estuvo en la medición diciendo que la temperatura se puso en 16os cuando la temperatura sólo se mantiene a 21os y que se pusieron todas las máquinas a funcionar lo que tampoco sucede nunca. Asimismo, concretó que el airdata sólo funciona por el día no haciéndolo el split que sólo funciona por las noches. D. Luis Miguel, por su parte, manifestó que el airdata sólo funciona durante el día y que por la noche sólo lo hace el split.
A la vista de lo anterior y aun valorando con la debida prudencia estas dos últimas testificales, por ser los testigos trabajadores de la demandada, y teniendo en cuenta lo manifestado por los propios vecinos, consideramos que no ha quedado acreditado que el airdata funcione fuera de las horas en las que se permite una mayor emisión de ruidos, sin que el ruido o la vibración ocasionados por este aparato supere los límites permitidos en horario diurno y puesto que cuando funciona sólo el split los ruidos y vibraciones emitidos se mantienen dentro de los límites permitidos, consideramos que efectivamente existen las inmisiones ruidosas y las vibraciones, pero que estas se encuentran dentro de los niveles permitidos, por lo que

SÉPTIMO- en materia de indemnización.

OCTAVO- En cuanto a las costas, el art. 394.1 de la LEC dispone que ““en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho

REVISIÓN DEL PLAN PILOTO PARA REDUCIR EL RUIDO EN EL DISTRITO CENTRO DE MADRID

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Tipo de resolución:
Sugerencia
Fecha:
27/10/2015
Lugar:
Madrid
Administración:
Ayuntamiento de Madrid. Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid
Respuesta de la Administración:
Pendiente

Informe del Consejo Consultivo sobre responsabilidad patrimonial de la Adm. derivada de daños por ruidos y molestias

Año: 2011

Nº Dictamen: 0647/2011

Fecha: 4-10-2011

Nº Marginal: II.580

Ponencia: Balaguer Callejón, María Luisa

Castillo Gutiérrez, Manuel del. Letrado

Órgano solicitante: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Nombre: Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de daños por ruidos y molestias.

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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/4528 dirigida a Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado a la Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe las competencias municipales en materia de promoción del deporte e instalaciones deportivas, así como las de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, recomendándole que se estudie, atendiendo a la solicitud del afectado, la procedencia de adelantar a las 22.00 h. el horario de cierre de las instalaciones deportivas objeto de la queja, con el objeto de garantizar el derecho al descanso de las personas que residen en su entorno.

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Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal Sede: Madrid

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No de Recurso: 312/2001

No de Resolución: 52/2003
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Ponente: CARLOS GRANADOS PEREZ Tipo de Resolución: Sentencia

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