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TFG: Tutela de los derechos humanos frente al ruido

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La tutela del TEDH frente a la contaminación acústica continúa y se acentúa

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DECÁLOGO DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO CONTRA EL RUIDO

La Defensora del Pueblo y los defensores del pueblo autonómicos, reunidos en Pamplona en las XXXI Jornadas de Coordinación han aprobado el siguiente decálogo:

En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido

Las defensorías del pueblo, conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida de la ciudadanía tiene la contaminación acústica, desean postular una serie de medidas destinadas a garantizar de manera real y efectiva los derechos constitucionales que pueden ser vulnerados por su impacto.

Entre tales derechos, y de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, destacan los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de todos a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud. Estos derechos se agrupan en lo que se ha dado en llamar el derecho de las personas al descanso y al silencio en su domicilio.

Sin perjuicio de recordar que el respeto al disfrute de estos derechos es una obligación no solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad civil, consideramos que:

  1. Los poderes públicos (y, en particular, las administraciones competentes) deben promover cambios en las prácticas sociales que originan la contaminación acústica e impulsar la concienciación de la sociedad sobre sus perniciosas consecuencias para la ciudadanía, mediante la educación escolar y campañas formativas e informativas dirigidas a sensibilizar a la población. El ruido debe ser tratado como un problema de entidad que afecta seriamente a la calidad de vida de las personas.
  2. La garantía del derecho a un medio ambiente adecuado en los espacios rural y urbano y, de manera singular, en las viviendas, exige que los poderes públicos sean conscientes y asuman su función pública de control ambiental de la contaminación acústica, cualquiera que sea el foco emisor que la origine, cuando se superan los límites establecidos por las normas.El ejercicio de esta función pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso.
  3. Con esta finalidad, las administraciones públicas deben ejercer, de forma eficaz y eficiente, las potestades que tienen asignadas en el ámbito de la ordenación del territorio, la planificación urbanística y el control y la disciplina ambiental, con el objeto de prevenir, evitar, y en su caso, suprimir la contaminación acústica que impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales.
  4. El ejercicio de la función pública relacionada con el control de la contaminación acústica hace necesario, además, que se elaboren planes de inspección dirigidos a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan contaminación acústica dispongan de las correspondientes autorizaciones administrativas para su funcionamiento y que se respete el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas.
  5. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales deben promover un marco de coordinación y colaboración que garantice que todos los municipios puedan ejercer de una manera efectiva las potestades administrativas que tienen asignadas, garantizando la igualdad en la tutela y disfrute de los derechos fundamentales, con independencia del lugar en el que resida la ciudadanía.
  6. Asimismo, y con la finalidad de que los municipios puedan ejercer las competencias que tienen asignadas en este ámbito, ya sea por medios propios o por vía de colaboración con otras administraciones públicas, deben poder contar con los medios técnicos y personales necesarios que permitan crear en todo el territorio, urbano o rural, un servicio público de inspección y control de ruido.Se debería reconocer e impulsar el papel de la policía ambiental (en cualquiera de sus niveles: local, provincial o autonómico) como una institución clave en la detección rápida de este problema, en cuanto a las posibilidades de inspección “in situ”, en el foco de emisión de los ruidos, una correcta medición de los niveles de ruido en los domicilios y, en su caso, intervención cautelar.
  7. Las administraciones públicas no solo deben dar respuesta e impulso a las denuncias por exceso de ruido en los domicilios que planteen las personas afectadas, sino que deben, también, hacer un seguimiento de las medidas que se adoptan, facilitando medios para que la ciudadanía, de manera transparente, pueda ser informada de la adopción de tales medidas o para que, en su caso, pueda denunciar la inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus reclamaciones. Asimismo, deben dar cumplimiento sin dilación a las sentencias de los tribunales de justicia, (sobre todo, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) que dan amparo a ciudadanos concretos en casos probados de vulneración de sus derechos.
  8. Sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran mesas o foros de participación ciudadanapara la gestión de conflictos sociales derivados del exceso de locales de ocio nocturno o por el funcionamiento de actividades que generen molestias de convivencia graves y continuadas.
  9. Aunque lo deseable en un Estado de derecho es que la tutela del derecho de los ciudadanos a un domicilio libre de inmisiones acústicas que no tienen el deber jurídico de soportar, se ejerza por los órganos que tienen encomendada la potestad para ejercer esa función pública, las defensorías valoran de manera positiva las actuaciones de jueces, tribunales de justicia y fiscales a la hora de garantizar los derechos vulnerados por la contaminación acústica, cuando estos no son debidamente protegidos por las autoridades y funcionarios responsables en sede administrativa.
  10. Las defensorías del pueblo remarcan su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por causa de la contaminación acústica.Con esa finalidad, se comprometen a realizar cuantas acciones estén legalmente a su alcance para proteger de manera eficaz el derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones de derechos de la ciudadanía con una posible relevancia penal.Asimismo, las defensorías del pueblo se comprometen a promover actuaciones de información, coordinación y divulgación de buenas prácticas en los ayuntamientos con objeto de fomentar la adopción de medidas de distinta naturaleza para prevenir o gestionar los conflictos ambientales, así como a ayudar a los ciudadanos damnificados en la orientación jurídica que resulte necesaria para que estos puedan ejercer acciones en defensa de sus derechos en los órdenes competentes.

Actividades molestas

Entre las actividades del ocupante del elemento privativo en comunidad horizontal que justifican el requerimiento, y sucesiva eventual acción de cesación, se distingue entre las molestas, perjudiciales y peligrosas, y las que están prohibidas.

Para el género de las actividades no específicamente prohibidas, ha sido tradicional acoger la definición del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, complementado por las Ordenanzas de 15 de marzo de 1963 (BOE del 2 de abril) y de 21 de marzo de 1964 (BOE del 28), con arreglo a cuyo art. 3.º “Serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen … Se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes”.

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Guía para la gestión de sitios Red Natura 2000

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LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DESDE EL ÁMBITO LOCAL Diagnóstico, acciones y herramientas

Cuaderno conservación biodiversidad ámbito local 2012

Mercasevilla. La crucifixión de una inocente

Mariví estaba en un lugar equivocado en un momento inoportuno. Es tal el cúmulo de despropósitos, errores, interpretaciones disparatadas y concatenación de disquisiciones absurdas y deslavazadas que resulta difícil explicar que una persona inocente que se limita a cumplir su trabajo como funcionario acabe siendo imputada por un delito de prevaricación y asociación para delinquir.

¿Qué error cometiste le pregunté? Simplemente hacer unas oposiciones en las que mis superiores eran políticos ,me contestó.En esta Sevilla de luchas tribales donde los aspirantes al poder se lanzan insidias y reproches cualquier zancadilla o escaramuza está permitida. El fin justifica los medios que decía Maquiavelo. Si para desalojar al contrario del sillón hay que impulsar un procedimiento penal, pues se hace. Si para ello se lleva uno por delante el prestigio y la honra de una persona, se lo aplasta, se lo lamina sin ninguna conmiseración. Esto es sencillamente lo que ha sucedido con María Victoria. Hacía falta machacar al contrario y en este ajuste de cuentas, de lucha política barriobajera el daño colateral era un mal necesario, una baja que había que asumir.

Mariví es una persona integra, bondadosa que jamás podría hacer algo para obtener un beneficio personal. Se ha puesto en duda su honor, su profesionalidad y ahora quieren despojarla de su trabajo, de su libertad  y de su patrimonio. Le piden dos años de cárcel, diecisiete años de inhabilitación y veinticinco millones de euros de responsabilidad patrimonial como consecuencia de un supuesto trato de favor respecto de la única empresa que no se autoexcluyó en el concurso público de adjudicación de los terrenos de Mercasevilla. Concurso que por otra parte se podría haber omitido perfectamente  según la opinión de juristas de reputado prestigio como el catedrático de derecho Administrativo Don Alejandro Nieto  y Don Juan Antonio Cámpora Gamarra que mantienen la posibilidad de que se hubiera podido vender de modo directo, sin previo procedimiento administrativo de clase alguna.

Es obvio que los funcionarios no tienen facultades decisión en la aprobación del concurso.  Desde el año 2005 al año 2009 en que se concedió la licencia de primera ocupación ha tenido como superiores jerárquicos hasta 13 personas distintas, la mayoría de las cuáles ni han prestado declaración, ni han sido imputadas. Maria Victoria como funcionario pública tenía una función de asesoramiento técnico conforme a su leal saber y entender y en ningún caso ha tenido ninguna capacidad de decisión. Nunca ha podido dictar resoluciones, ni firmar o negociar el pliego de condiciones del concurso con los responsables políticos y jurídicos de MERCASEVILLA, MERCASA y del Ayuntamiento de Sevilla; ni por supuesto otorgar o tramitar ninguna licencia. Tampoco ha tenido nunca competencia en informar o recibir obras de urbanización, ni otorgar ninguna licencia. Esto es tan evidente que resulta tosco repetirlo

Maria Victoria se limito a facilitar un modelo de pliego de condiciones de concurso público que pudieran servir de base para la redacción del pliego específico para un contrato de derecho privado y preparación  pública. El Pliego final fue el resultado de un proceso de trabajo colectivo en el que intervinieron además de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla,abogados externos, los técnicos de Mercasa (Empresa que detenta el 48% de las acciones de Mercasevilla) e incluso el Secretario y el Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla(garantes de la legalidad). Este documento tiene un carácter técnico y no tiene fuerza ejecutiva alguna. El pliego resultó debatido y aprobado por tres órganos de Mercasevilla (Comité ejecutivo, Consejo de administración y Asamblea), a lo que se añadió la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El pliego de condiciones fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla dándose así total transparencia y publicidad al mismo. La publicidad del pliego de condiciones posibilitó una eventual impugnación, por razones de su supuesta ilegalidad, tanto de las empresas que pretendían acceder al mismo, tanto como de las instituciones públicas a las que se le encomienda la defensa de la legalidad.

Para que este desvarío pudiera seguir su curso María Victoria debería ser la autora intelectual de un delito imposible, de una confabulación inverosímil y absurda que parece propia de un relato kafkiano. Ella en su ilimitada capacidad de persuasión como cerebro de una asociación criminal debió convencer a todos los demás funcionarios y técnicos del Ayuntamiento para que prestasen su beneplácito y aprobación a un pliego de condiciones. Luego con una estrategia perfectamente calculada embaucó a los miembros del Comité Ejecutivo, a los miembros del Consejo de Administración(incluida la miembro del Partido Popular, a los miembros de la Junta general de Accionistas, a los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y por supuesto a los concejales que votaron en el Pleno del Ayuntamiento. Esto es sencillamente un relato fantástico que no hay quien se lo pueda creer. Resultaría absurdo que una funcionaria pública de prestigio ganado en treinta años de servicios y de trayectoria impecable accediera por razones desconocidas a participar en un “mecanismo” dirigido a favorecer en un concurso a la única empresa que no se ha autoexcluido.

¿Por qué se excluye de la imputación a los garantes de la legalidad , con especiales responsabilidades sobre la actuación de los órganos en los que actúan y, especialmente en el Pleno del Ayuntamiento? ¿Por qué se excluyen a los abogados del Estado de MERCASA o a los concejales del Partido Popular que también votaron a favor de los acuerdos  que se refieren?

Son demasiado las preguntas que están sin resolver.

 

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Diez pasos para luchar contra un bar ruidoso

La asociación Juristas contra el Ruido ofrece diez consejos para acabar con las molestias que causan en las viviendas los establecimientos que superan el límite de decibelios

Viernes por la noche, centro de una ciudad. En el primer piso del bloque de viviendas se escucha la cocina del bar de abajo como si estuviera al final del pasillo. La terraza, llena de gente, no deja ni ver la televisión. Algo así le pasó a un bloque de viviendas de Sevilla Este y el bar que les amargaba la existencia ha sido condenado a pagar 16.000 euros de indemnización a los vecinos. ¿Cómo luchar contra eso? La asociación de Juristas contra el Ruido ha elaborado un decálogo de medidas para acabar con esta molestia. No garantiza que sea en poco tiempo ni que sea fácil, pero es un comienzo:

1. Conciencia del ruido. Hay que darse cuenta de que el ruido puede causar serios problemas de salud. No de forma puntual, pero sí cuando se vive sometido a él durante mucho tiempo.

2. Conocer sus derechos. La asociación pide a los ciudadanos que se informen. «Consulte la legislación». Así podrá ver qué armas tiene para luchar y hacer valer sus derechos.

3. Buscar ayuda. Asociaciones, abogados, comunidad de propietarios… Toda colaboración es poca. «Los medios de comunicación o el Defensor del Pueblo pueden ayudar a que su queja sea escuchada», explican desde Juristas contra el ruido. «Escriba a unos y otros».

4. Identificar la causa del ruido. La recomendación de la asociación es hablar con el causante «firme pero educadamente». Aconsejan también que, cuando se produzca la conversación, le acompañe alguien de confianza. Y, sobre todo, que se intente llegar a un acuerdo.

5. Todo por escrito. Si hay acuerdo, que quede, negro sobre blanco, reflejado en un documento. Si no lo hay, igualmente el consejo es reflejar el daño que se está sufriendo (con fecha, horas, decibelios…) y hacérselo llegar al causante. Siempre con acuse de recibo y constancia de su contenido.

6. Acudir a la autoridad. Ayuntamiento, Policía Local, consejería de Medio Ambiente… Y hay que recordar el punto anterior: todo por escrito. Actas de intervención, escritos elevados al Ayuntamiento… Que nada sea de palabra para que quede constancia.

7. Ir a los Tribunales. Si el problema sigue en pie, contundencia. «Pida el cese de los ruidos y la indemnización correspondiente», explican desde Juristas contra el Ruido.

8. Prevenir antes que curar. Si va a alquilar una vivienda o a comprarla, la asociación aconseja visitarla también de noche. ¿Está cerca de una «zona de marcha»? ¿Tiene un bar justo debajo? Son datos a tener en cuenta para mudase a una nueva casa.

9. Aislar la vivienda. Si ya está viviendo en su casa y el punto ocho no procede, mejorar los cristales y las puertas no solo reduce el ruido, «además ahorraría energía». Además, «Si la construcción es relativamente reciente podría reclamar al constructor que corrija a su cargo los defectos de aislamiento».

10. No desesperar nunca. El ruido es molesto, es dañino y puede volver «loco». Esta asociación de abogados recomienda, en última instancia, no resignarse. Insistir tantas veces como sea necesario buscando ayuda especializada. Guardar todos los documentos, denuncias, partes médicos… Encontrar resistencias es normal, dicen. Pero hay que «ser tenaz» para acabar con este problema.

Fuente: http://sevilla.abc.es/20120922/sevilla/sevi-evitar-ruido-casa-201209211314.html

El ruido y la literatura

El ruido.–

“Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las trompetas; y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.” Josua 6.20

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