Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro

Roj: STSJ M 4607/2015 – ECLI:ES:TSJM:2015:4607 Id Cendoj: 28079330022015100265

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid

Sección: 2
No de Recurso: 1782/2012

No de Resolución: 252/2015
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Ponente: JOSE DANIEL SANZ HEREDERO Tipo de Resolución: Sentencia

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 – 28004 33009750
NIG: 28.079.00.3-2012/0015276 RECURSO 1.782/2012

SENTENCIA NÚMERO 252

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Da. Elvira Adoración Rodríguez Martí
Da. Fátima Blanca de la Cruz Mera
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En la Villa de Madrid, a uno de abril de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 1.782/2012, interpuesto por la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LA VIÑA), ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES TRIBALL, ASOCIACIÓN DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO (LA NOCHE EN VIVO), ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MALASAÑA y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA GAYS Y LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MADRID Y DE SU COMUNIDAD, representadas por el Procurador D. José Enrique Ríos Fernández, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de septiembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro (BOCM de 16 de octubre de 2012). Ha sido parte demandada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por Letrado del Ayuntamiento.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 4 de abril de 2013, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 29 de mayo de 2013, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.- Con fecha 26 de marzo de 2015 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de septiembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, solicitando los recurrentes se dicte Sentencia por la que se declare:

” 1o) Que declare la nulidad de la ZPAE por estar dirigida al cumplimiento objetivos de calidad acústica correspondiente al área acústica tipo a, sectores del territorio con predominio de suelo residencial, cuando corresponden los del área acústica tipo d, sectores del territorio con predominio de uso del suelo terciario, distinto del uso recreativo y de espectáculos, según lo dispuesto en el artículo 14.1 a) del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre , por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y en el artículo 8 de la OPCAT”.

2o) Que declare la nulidad de la ZPAE, y ello por cuanto las medidas establecidas en la ZPAE no se dirigen al control de los emisores acústicos reales y reconocidos, sino exclusivamente, contra las actividades de hostelería, no actuando contra la actividad de los demás emisores acústicos, y ello incumple lo dispuesto en el art. 25.3 de la Ley 37/2003 .

3o) Que declare la restricción de los horarios de funcionamiento de los establecimientos de hostelería ubicados en el ámbito de la ZPAE, al ser una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, representa la infracción de la Orden 1562/1998, de 23 de Octubre, de la Consejería de Presidencia, artículo 2.A 4 t 5 según la redacción de la Orden de 21 de Diciembre de 2004.

4o) Que declare además la existencia de un defecto en el trámite de elaboración de la norma: la documentación sometida a información pública no permite conocer la metodología que lleva al establecimiento de medidas exclusivas sobre la hostelería, desechando otros emisores acústicos constatados, lo que constituye infracción del derecho de información establecido en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de Julio , y en el artículo 5.1 de la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre , tampoco hay Mapa de Ruido, Estratégico o no Estratégico, que contemple la realidad de los diversos emisores acústicos de Distrito Centro.

5o) Que declare además que la Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Distrito Centro vulnera lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española , en relación con su Artículo 33.3 y con su Artículo 38, así como vulnera lo dispuesto en la Ley 25/2009 , y los artículos 102 a 106 de la Ley 30/92 , el principio de interdicción de retroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. “.

SEGUNDO.- Con anterioridad a entrar en el estudio y resolución de la cuestión de fondo objeto del presente recurso contencioso-administrativo, por evidentes razones jurídico-procesales ( artículo 69 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -en adelante LJCA-), procederá que nos pronunciemos sobre la concurrencia de la causa de inadmisibilidad invocada por el Ayuntamiento demandado al negar legitimación activa de las Asociaciones recurrentes, en aplicación de los artículos 45.2 y 19 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , negando que las mismas ostenten el derecho o interés legítimo para la interposición del recurso que nos ocupa, en la medida en que ni se argumenta ni se justifica la misma, aduciendo simplemente tener encargada la defensa de los socios y empresarios en general y de la hostelería de la Comunidad de Madrid. Este sentido argumenta que la Asociación recurrente no acciona como titular de los derechos protegidos por la Ordenanza, la salud o el medio ambiente, sino que los fines de la misma son los intereses de las empresas asociadas.

En apoyo de lo anteriormente argumentado se invoca la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que extendió ese derecho público subjetivo a las asociaciones medioambientales cuando se trata de controlar actuaciones públicas o vinculadas al ejercicio de competencias administrativas de incidencia ambiental (artículos 22 y 23), supuesto en el que no se encuentra la Asociación recurrente.

La causa de inadmisibilidad está avocada a su desestimación dado el evidente desacierto de la argumentación esgrimida por la representación procesal del Ayuntamiento, que viene a confundir el ejercicio de la acción popular, cuyo supuesto aparece contemplado en los artículos 22 y 23 citados de la Ley 27/2006, de 18 de julio , que aparece restringida a los únicos supuestos y bajo las circunstancias contempladas en dichos preceptos, con el supuesto, que es el que aquí acontece, de legitimación para la defensa de intereses colectivos, contemplado en el artículo 19.1.b) de la LJCA , del que se desprende, según una constante y reiterada doctrina jurisprudencial, que por sobradamente conocida nos exime de toda cita concreta, que tratándose de la impugnación de disposiciones de carácter general que afectan a intereses profesionales, se reconoce legitimación a los profesionales y a las entidades asociativas cuya finalidad estatutaria sea atender y promover tales intereses. Pero se exige que tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte afectado por el reglamento impugnado. Cuando se impugna la totalidad o varios preceptos de un reglamento, la legitimación debe entenderse restringida a la impugnación de aquellos preceptos de la disposición general que afecten directamente al profesional recurrente o los intereses profesionales representados por la asociación que ejercita la acción.

En el caso presente, según veremos a lo largo del estudio y resolución de los diversos preceptos impugnados, que éstos afectan, sin lugar a dudas, a la actividad mercantil y profesional de los asociados de las recurrentes, pertenecientes al sector de hostelería (empresas y autónomos).

TERCERO.- Despejados los obstáculos procesales invocados por el Ayuntamiento demandado, con anterioridad a entrar en el estudio de los motivos de nulidad invocados, con la finalidad de centrar adecuadamente la cuestión litigiosa, consideramos preciso realizar una serie de consideraciones en relación con los objetivos y finalidades perseguidas con la aprobación del Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro (en adelante, ZPAE del Distrito Centro) aquí impugnado, así como la base jurídica sobre la que se pretende sustentar y justificar su aprobación.

En la Memoria (punto 1) del mismo, a modo introductorio, se menciona que:

” El sonido es una parte importante de la comunicación, de la cultura y de la vida en general. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un universo de sonidos, cada parte de la ciudad en la que vivimos tiene los suyos propios y característicos, que definen su paisaje sonoro, y que nos acompañan a lo largo de todo el día.

En las ciudades actuales, los focos de ruido fundamentales los constituyen nuestras propias actividades cotidianas, así, el ruido producido por los vehículos que nos llevan a nuestro trabajo o las infraestructuras que nos permiten llegar a tiempo a un concierto, llevan consigo una componente intrínseca de ruido.

Por otro lado, las actividades dedicadas al ocio nocturno constituyen uno de los principales focos de contaminación acústica en la ciudad actual, en la que se busca las condiciones que aseguren la compatibilidad entre el derecho al ocio nocturno y el derecho al descanso del ciudadano.

En las grandes ciudades se observa la tendencia que siguen las actividades de ocio nocturno de concentrarse en determinadas zonas. Hecho que se traduce en el consiguiente aumento de la molestia que este tipo de actividades producen a los vecinos, razón por la que es necesaria la intervención de la Administración Local, que asegure el equilibrio entre la actividad económica y residencial y los derechos al descanso y al ocio.

En Madrid se observa este fenómeno en zonas que cuentan tradicionalmente con gran afluencia, tanto de los propios madrileños como de turistas, entre las que cabe citar: Huertas, Malasaña, Chueca…

Acercarse al conocimiento del problema, al comportamiento y tipo de ruido de estas actividades, permitirá una óptima gestión que asegure la convivencia de estas actividades en el entramado urbano residencial.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente del problema que supone el ruido producido por las actividades de ocio, con el agravante de que se produce principalmente durante el período nocturno y cuando la mayoría de los ciudadanos descansa, decidió incluir este foco de ruido como uno más, junto al tráfico rodado, ferroviario o aeroportuario, en el proceso del cartografiado estratégico, a pesar de no existir obligación en la Ley de Ruido 37/2003. “.

En relación con la Metodología seguida para el diseño del plan zonal específico se señala, igualmente en la Memoria (punto 4), que la misma ha constado de los pasos siguientes:

” 1 Delimitación de la zona de estudio
Se ha realizado atendiendo al grado de concentración de los locales existentes en una determinada

región.

2 Realización de medidas

Se instalan estaciones de medida de ruido en distintos puntos del área en estudio, de manera que se registran los niveles de ruido ambiental durante al menos tres semanas en cada uno de ellos, para obtener así valores promediados, que no atienden a sucesos particulares, y que resulten representativos del ruido en la zona.

3 Cálculo

Se realiza un modelo digital de la zona en estudio compuesto por los datos de topografía, los obstáculos relevantes para la propagación del ruido, así como la localización y presencia de las fuentes de ruido más importantes.

Sobre este modelo se aplican los algoritmos de cálculo recogidos en la norma ISO 9613 (modelo de cálculo exigido para la elaboración de la cartografía estratégica de ruido en el Real Decreto 1513/2005), para finalmente obtener la propagación de los niveles de ruido en la zona en estudio.

4 Análisis y comprobación de los objetivos de calidad acústica

Con los datos de propagación de los niveles de ruido, se comprueba la superación de los objetivos de calidad acústica, establecidos en el Real Decreto 1367/2007.

Seguidamente, se preparan un conjunto de medidas y acciones que permitan reducir los niveles de ruido en el área en estudio.

5 Declaración de la ZPAE

Constatada la superación de los objetivos de calidad acústica, artículo 15 del Real Decreto 1367/2007 , y en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 37/2003 , se procederá a la declaración del área como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE).

6 Diseño de medidas

Atendiendo a las particularidades de la zona en estudio se preparan una serie de acciones adicionales a las ya recogidas en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), cuyo objetivo, como ya se ha citado anteriormente, es reconducir los niveles de ruido dentro de los objetivos de calidad acústica de la zona y que, aunque gocen de un carácter general de aplicación a escala municipal, se han adecuado a las características de la zona de estudio del Distrito Centro para aumentar su efectividad.

7 Seguimiento y valoración de los resultados

Tras la puesta en marcha de las acciones y transcurrido el tiempo suficiente, se procederá a realizar una serie de controles con el objetivo de evaluar la efectividad del Plan Zonal Específico, teniendo como horizonte futuro para la valoración final, los 5 años a partir de la puesta en marcha del Plan, tal como establece la Ley 37/2003. “.

A continuación la Memoria (punto 5, bajo el título ” Desarrollo “) refiere los elementos definidores del Distrito Centro, tanto desde la perspectiva de su descripción territorial, como de la de aquellos elementos más relevantes que inciden en la calidad acústica de la zona. Así se dice:

” El Distrito Centro está situado en la zona centro-oeste del Municipio de Madrid, constituyendo el casco antiguo de la Villa, su núcleo principal y sus primeros desarrollos.

La superficie de los viales públicos del Distrito Centro es de 1,3 Km2. Las principales vías de tráfico que discurren a través de este Distrito son las calles Gran Vía, Alcalá, Mayor y Atocha. Existen varias vías principales pertenecientes a este Distrito que, a su vez, hacen de límite del mismo como son las calles Princesa, Alberto Aguilera, Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo y Ronda de Segovia.

Linda con los Distritos de Moncloa – Aravaca, Chamberí, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Latina.

La superficie que ocupa es de 523,73 ha, el Distrito más pequeño del Municipio de Madrid después del Distrito de Chamberí. Su densidad de población es de 287 hab/ha, con una población total de 150.159 hab. Como se aprecia en estos datos, el Distrito Centro está especialmente poblado en comparación con la superficie que ocupa, la densidad de población de Centro sólo es superada por la del Distrito de Chamberí.

Topográficamente el Distrito presenta un marcado desnivel. Se inicia en el límite Oeste, junto al río Manzanares, con una cota de 578 m y termina en el extremo Este con una altura de 672 m, en la confluencia de las calles Barceló y Fuencarral. Un desnivel de casi 100 m en poco más de 2 Km.

El Distrito Centro constituye el núcleo comercial, cultural y de ocio más frecuentado del Municipio de Madrid, siendo el Barrio de Sol uno de los barrios con más tráfico tanto rodado como peatonal, destacando de este último el elevado porcentaje de turistas.

Los viales presentes en el Distrito no son uniformes en su longitud y características, ya que podemos encontrar grandes paseos con tres carriles para cada sentido (como es el caso del Paseo de Recoletos), vías peatonales (calle Preciados), estrechas calles adoquinadas.

El tráfico rodado que circula por el Distrito Centro es especialmente complejo en comparación con otros Distritos del Municipio de Madrid por el número de vehículos que circulan por él, así como por la dificultad de sus viales. Su elevada actividad comercial propicia la afluencia masiva de visitantes y ciudadanos.

Al ser el Distrito Centro un ‘punto de encuentro’ generador de abundante actividad, está dotado de una infraestructura de servicios de transporte acorde con sus necesidades. Un número muy elevado de líneas de transporte colectivo de superficie tienen sus puntos de cabecera o final dentro del distrito, siendo también muy numerosas las que lo atraviesan.

Cabe mencionar también en este apartado la circulación de gran cantidad de autobuses de servicio discrecional dedicados a rutas turísticas y transporte de visitantes. “.

Para valorar el entorno acústico la Memoria (punto 5,3) indica que se han realizado varias campañas de mediciones, señalando que:

” El número de puntos de medida ha sido fijado teniendo en cuenta las dimensiones del área de estudio, el tipo de ruido emitido y la legislación vigente, de tal forma que los resultados obtenidos fuesen representativos de los niveles de ruido en la zona y nos permitiesen conocer las características de emisión sonora de esta fuente de ruido “.

Campañas de mediciones que se han llevado a cabo en cada una de las zonas previamente delimitadas (Chueca – Alonso Martínez, Cava Baja, Huertas y Malasaña), en los años 2009 y 2010, tal como en el correspondiente apartado se expresa, expresándose gráficamente la evolución de ruido de un día, con y sin ocio nocturno, y todos los sábados en un punto de medida, constatándose diferencias de hasta 11 dB (04:00 h) en la Zona de Chueca-Alonso Martínez, 12 dB (04:00 h) en la Zona de Cava Baja, 11 dB (04:00 h) en la Zona de Huertas y 10 dB (03:00 h) en la Zona de Malasaña, entre la noche de un día laborable y la noche de un día con ocio nocturno.

Además, durante el año 2011, se realizó una campaña de medidas que integraba localizaciones nuevas con otras repetidas durante los años 2009 y 2010, a fin de actualizar las mediciones realizadas y profundizar en su análisis, obteniendo como resultado, según se expresa, que se continúa superando los objetivos de calidad acústica en los puntos analizados.

Los focos de emisión tomados en consideración son los que provienen de los ” Bares y asimilables “, ” Bares especiales “, ” Discotecas ” y ” Usuarios de las actividades de ocio nocturno ” (punto 5.3.2 de la Memoria).

Con todo ello, se han confeccionado los mapas de los siguientes periodos: ” Mapa de Ocio Nocturno en el periodo de actividad ” y ” Mapa de Ocio Nocturno promediado anualmente “.

La base jurídica sobre la que se asienta y se pretende amparar la ZPAE del Distrito Centro viene expresamente referida al artículo 25 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido , que establece entre los instrumentos de corrección de la contaminación acústica la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial de aquellas áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica.

Con todo ello, el artículo 1 de la Normativa del Plan Zonal Específico establece, bajo el título ” Objetivo y ámbito de aplicación “, que:

“La presente normativa tiene como objeto establecer las medidas correctoras aplicables en la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro cuyo ámbito figura en el Anexo, regulando el régimen limitativo de implantación o modificación de actividades, con el fin de reducir progresivamente la contaminación acústica hasta los niveles establecidos para el área correspondiente por la normativa vigente”.

Por su parte, el artículo 4 Artículo, bajo el epígrafe “Objetivos de Calidad Acústica”, dispone:

“1 En el ámbito espacial comprendido en el artículo 1, los objetivos de calidad acústica son los correspondiente al área acústica tipo a, sectores del territorio con predominio de suelo residencial y área acústica tipo d, sectores del territorio con predominio de uso del suelo terciario, distinto del uso recreativo y de espectáculos, según lo dispuesto en el artículo 14.1.a) del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre , por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y en el artículo 8 de la OPCAT.

2 El artículo 15 del citado Real Decreto , recoge las condiciones que han de cumplirse para no superar los objetivos de calidad acústica, que se incumplen en el área objeto de delimitación, tal y como se justifica en el presente plan zonal.

3 Dentro del ámbito de la Zona de Protección Acústica Especial, atendiendo a los niveles de contaminación acústica existente, cuyos valores se han obtenido a partir de las mediciones realizadas, se establecen tres zonas con características y medidas correctoras diferentes para la recuperación acústica de las mismas: zona de contaminación acústica alta; zona de contaminación acústica moderada y zona de contaminación acústica baja, cuya delimitación está reflejada en el Anexo del presente documento.” .

CUARTO.- Dejados sentados los objetivos y finalidades perseguidas con la aprobación del Plan Zonal Específico que aquí nos ocupa, procede que realicemos, también con carácter previo al análisis de los concretos motivos de impugnación aducidos, una serie de consideraciones en relación con el marco jurídico de protección frente al ruido, así como en relación con la distribución competencial de las diversas Administraciones Públicas en la defensa frente al ruido.

Pues bien, en relación con la descripción del marco jurídico de protección frente al ruido debemos, en primer lugar, destacar la importancia y transcendencia que en este ámbito ha tenido y tiene la Directiva 2002/49/CE del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

La citada Directiva viene a establecer las bases para una evaluación objetiva con técnicas comunes, en todo el territorio de la Unión Europea, del ruido. Es indudable la relevancia jurídica de objetivar el concepto ruido, pero con carácter previo, deben objetivarse las formas de cálculo, cuantitativa y cualitativamente, y en este ámbito la Directiva satisface esa necesidad para el ruido ambiental al fijar los indicadores de ruido que deben utilizarse en la elaboración de mapas de ruido y mapas estratégicos de ruido. En cuanto a los métodos de evaluación (que permiten calcular, predecir, estimar o medir el valor de un indicador de ruido o el efecto o efectos nocivos correspondientes), el artículo 5 de la directiva establece que hasta que no se usen con carácter obligatorio métodos comunes de evaluación para la determinación de los indicadores Lden (indicador de ruido día-tarde-noche), y Lnight (indicador de ruido en período nocturno), ambos descritos en el anexo I de la Directiva, los Estados miembros podrán utilizar a estos efectos los indicadores de ruido nacionales existentes y otros datos conexos, que deberán transformarse en los indicadores anteriormente citados.

El establecimiento de indicadores y de una evaluación objetiva y común es imprescindible para conseguir el primer objetivo de la directiva: establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental.

En el análisis del marco jurídico de lucha frente al ruido que nos ocupa debe resaltarse, también, la importancia y transcendencia de la Ley estatal del Ruido 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (en adelante LR). La citada Ley tiene por objeto, en primer lugar, la transposición al ordenamiento interno de las técnicas para evitar, prevenir y reducir el ruido ambiental establecidas en la Directiva 2002/49/CE y las fechas límite en las que deben estar aprobados los mapas de ruido y los planes de acción de las grandes aglomeraciones de población y zonas afectadas por grandes infraestructuras de transporte. En segundo lugar, atribuir las competencias que conlleva la transposición de las técnicas comunitarias, entre los tres niveles del poder territorial, con una reserva de competencias de gran relevancia para Estado.

Para el desarrollo de la LR se ha dictado el Real Decreto 1.513/2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, que lo hace en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

En el ámbito del legislador autonómico madrileño debemos mencionar el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. El mismo ha sido derogado por el artículo 1 del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno , que dispone en su artículo 2 que el régimen jurídico en la materia de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid ” será el definido por la legislación estatal “.

QUINTO.- Una vez descrito el marco jurídico de protección frente al ruido, resulta conveniente, tal como advertimos más arriba, poner de manifiesto, aunque de forma somera, la distribución competencial, a la luz de la citada LR, de las Administraciones territoriales en la lucha contra el ruido.

Recordemos que la Disposición final primera de la LR establece el carácter básico de la misma, fundamentándolo en un doble título competencial: los artículos 149.1.23o, relativo al medio ambiente, y 149.1.16o, sobre la sanidad, ambos de la Constitución . En este sentido, el primero de los preceptos referidos establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la ” Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección “.

Por tanto, en relación con el control del ruido ambiental corresponde al Estado la función de aprobar la legislación básica y establecer la coordinación general de aquellos aspectos de la contaminación acústica relacionados con la protección de la salud, siendo admisibles los desarrollos autonómicos que, respetando la Ley estatal, impongan un nivel de protección más elevado, que complemente o refuerce la misma.

No obstante, la propia Ley excepciona de este esquema de distribución competencial, centrado en el binomio bases-desarrollo, determinadas materias en la misma reguladas y que considera que forman parte de la exclusiva competencia estatal por integrarse en títulos materiales diferentes de los referidos.

Respetando estas condiciones, las Comunidades Autónomas podrán completar los mecanismos de evaluación y control que para reducir el ruido se prevén en la norma, establecer condiciones y estándares de emisión más severos para las actividades radicadas en su ámbito territorial, así como colaborar con el Estado en la realización de estas funciones cuando las mismas se proyecten sobre infraestructuras de titularidad estatal o interés público.

Por lo que se refiere a las atribuciones que puedan asumir las entidades locales, la LR es sumamente parca al respecto, por lo que, en esta materia, cobra especial relevancia la legislación que para el desarrollo de la Ley estatal elaboren las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus potestades, la cual deberá respetar la autonomía constitucionalmente garantizada a las mismas, así como la consideración que el legislador básico de régimen local de la materia sobre la que recaen, la protección ambiental, como una de aquéllas en las que estas corporaciones han de participar necesariamente por afectar al círculo de sus intereses propios.

La LR se limita a reconocer a favor de los Municipios las siguientes atribuciones, que exponemos de forma sucinta:

a) El diseño y ejecución de todas las competencias definidas en el artículo 4 de la Ley en relación con los nuevos instrumentos de protección en ellas previstos para la evaluación y control de la contaminación acústica en defecto de la legislación autonómica, pero siempre y cuando el Mapa de ruido de que se trate no exceda del término municipal, y que no afecten a las infraestructuras de titularidad estatal o las obras de interés público, reservadas en exclusiva a la Administración general del Estado (artículo 4.4);

b) La aprobación de las Ordenanzas en relación con las materias objeto de la propia Ley, así como la obligación de adaptar las ya existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de aquélla y de sus normas de desarrollo (artículo 6), expresado como auténtico mandato dirigido a las mismas; y

c) Las derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora.

En todo caso, debe tenerse presente que las entidades municipales siguen reteniendo la importante competencia del control de los establecimientos y actividades clasificados como molestos a través del otorgamiento de la licencia de funcionamiento de las mismas, así como de la supervisión posterior de éstas a efectos de determinar el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas y la de someterlas a una mejor tecnología que se revele más eficaz en cada caso. A este respecto, el artículo 18.1.c) de la LR, en redacción dada por el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio , establece que:

” Las Administraciones públicas competentes aplicarán, en relación con la contaminación acústica producida o susceptible de producirse por los emisores acústicos, las previsiones contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo en cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental aplicable y, en particular, en las siguientes:

c) En las actuaciones relativas a la intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que establezcan las Administraciones competentes sobre actividades clasificadas como molestas insalubres, nocivas y peligrosas “.

SEXTO.- Una vez descrito el marco jurídico de protección del ruido, conviene que nos detengamos en las medidas que la LR contempla para hacer frente a la contaminación acústica, al ser dicho objetivo el perseguido por la normativa municipal impugnada.

La citada ley prevé elaborar y aprobar, previa información al público, mapas de ruido que mostrarán globalmente la exposición a la contaminación acústica en una determinada zona (artículo 14 LR). Así se podrá detectar áreas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, lo que permitirá la adopción de planes de acción y medidas correctoras apropiadas. La información que se dará en estos mapas, entre otra, contendrá el valor de los índices acústicos existentes o previstos, el valor límite y objetivos de calidad acústica aplicables a la zona, y número estimado de personas, viviendas, colegios y hospitales expuestos a la contaminación acústica (artículo 15 LR). Una vez aprobados previa información pública, serán revisados y en su caso modificados cada cinco años (artículo 16).

En los casos en que los mapas de ruido reflejen situaciones de superación de los valores límite de inmisión o emisión, o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, la LR prevé medidas incluidas en los planes de acción, para luchar contra dicha contaminación acústica (artículos 22 y siguientes de la LR). Estos planes de acción son un instrumento específico de planificación para el control del ruido ambiental, teniendo como objetivos (artículo 23.1 LR):

” a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en la correspondiente área o áreas acústicas.

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

c) Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto contra el aumento de la contaminación acústica “.

Al igual que los mapas de ruido, una vez aprobados los planes de acción, previa información al público, cada cinco años habrán de ser revisados y, en su caso, modificarse si la situación acústica lo requiriese (artículo 24 LR).

También tiene presente la LR la acción preventiva y correctora de la contaminación acústica, al contemplar diferentes instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, como son el que se deba tener en cuenta los objetivos de calidad acústica de un área a la hora de acometer cualquier clasificación de suelo, o la intervención de las administraciones a través de mecanismos de evaluación de impacto ambiental, de licencias municipales o autorización ambiental integrada.

En este sentido, conviene ahora detenernos en la sección 3a del Capítulo III de la Ley de Ruido, que finaliza con la descripción de algunas medidas destinadas a hacer frente a situaciones de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas en que se divide el territorio. Son medidas adicionales y excepcionales de intervención que habrán de ser aplicadas cuando se vulnere la normativa en materia de niveles sonoros de inmisión.

Efectivamente, con el fin de corregir los incumplimientos de los objetivos acústicos en una zona se prevé la declaración de ” Zona de Protección Acústica Especial ” (artículo 25.1 LR). En estas zonas se elaborarán planes zonales para la mejora acústica de forma progresiva hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica (artículo 25.3 LR). Serán las Administraciones públicas competentes las que deberán elaborar dichos planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del medio ambiente. Los planes contendrán las medidas correctoras que deban aplicarse tanto a los emisores acústicos como a las vías de propagación, así como los responsables de su adopción, la cuantificación económica de aquellas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación.

Estos planes zonales contemplaran medidas correctoras para aplicar tanto a los emisores acústicos como a las medidas de propagación. Entre otras medidas se contemplan restricciones horarias y de velocidad para el tráfico, impedir la generación de nuevos emisores acústicos impidiendo su autorización o la prohibición de circulación de cierto tipo de vehículos (artículo 25.4 de la LR)

Estos planes zonales estarán vigentes hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica que le sean de aplicación, así, el artículo 25.2 LR señala que desaparecidas las causas que provocaron la declaración, la Administración pública correspondiente declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial.

En los casos en los que se siga incumpliendo los objetivos de calidad acústica en una zona declarada de protección acústica especial, y en la que se esté aplicando planes zonales, la LR prevé que las autoridades competentes, como medida correctora, puedan declarar la zona como ” Zona de Situación Acústica Especial ” (artículo 26 LR). En estas zonas, el objetivo principal será conseguir, mediante medidas específicas, que se cumplan los objetivos de calidad acústicas correspondientes al espacio interior.

Pues bien, como acabamos de ver la LR prevé abordar el incumplimiento de los objetivos acústicos mediante: (i) La declaración de la zona en cuestión como Zona de Protección Acústica Especial y, en su caso, como Zona de Situación de Acústica Especial; y (ii) La elaboración posterior de planes zonales específicos, en el que se contendrán las correspondientes medidas encaminadas a alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de aplicación; medidas que de forma no exhaustiva contempla el ya citado artículo 25.4 LR.

Este es el procedimiento o cauce, y no otro, al que deberán acomodar su actuación las Administraciones municipales a fin de abordar y corregir los incumplimientos de los objetivos acústicos en una determinada zona, dado, como hemos señalado, el carácter básico de la LR, y en él se apoya, como más arriba hemos dicho, el Plan Zonal Específico con la consiguiente declaración de la ZPAE del Distrito Centro, aquí impugnados.

El expresado cauce procedimental, por otra parte, viene a ser muy similar al que se contemplaba en los artículos 33 y 34 del Decreto 78/1999, de 27 de mayo (hoy derogado), por el que se regulaba el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, en los que también se recogía la adopción de medidas en las áreas en que se incumplan los objetivos de calidad acústica previa declaración de ” Zona de Situación Acústica Especial ” y elaboración de ” programas zonales específicos “.

SÉPTIMO.- Realizadas las anteriores consideraciones, procederá entrar, sin más preámbulo, en el estudio y resolución de los concretos motivos impugnados, para lo que seguiremos el orden con el que fueron expuestos en el escrito de demanda, dejando para el final los motivos de impugnación que la Sala, al amparo de la facultad contemplada en el artículo 33.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , puso de manifiesto a las partes por Providencia de 18 de diciembre de 2014.

Pues bien, el primero de los motivos de impugnación alegados por los recurrentes refiere que los concretos niveles acústicos contemplados como objetivo por la normativa impugnada no se corresponden con el régimen real de las actividades de Distrito Centro.

En apoyo de dicho motivo se argumenta, en síntesis, que como quiera que el Distrito Centro presenta una importante concentración de actividades turísticas y de ocio, muy superiores al conjunto de la ciudad, a efectos de la aplicación de la legislación sobre contaminación acústica debería tenerse presente los objetivos de calidad acústica correspondientes o asignados a las denominadas en el Real Decreto 1367/2007 ” Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c) “, en lugar de la contemplada en la normativa impugnada (artículo 4), referida a ” Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial “.

Según los recurrentes, esta nueva asignación se realizaría atendiendo a los criterios definidos por la legislación, en base a que el uso predominante de este territorio no es el residencial. Por ello, entienden que procede declarar la nulidad de la ZPAE, determinándose que corresponde dictar otra que tenga en cuenta la realidad del tipo de área acústica existente en el Distrito Centro.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid sostiene la correcta asignación del tipo de área acústica de la zona, oponiéndose a la argumentación de los recurrentes, concluyendo que a pesar del elevado número de actividades recreativas y de ocio existentes en el Distrito Centro, el uso predominante actual y futuro es el residencial.

Para dar adecuada respuesta a la cuestión así planteada conviene traer a colación el artículo 7 de la LR, en el que se viene a efectuar una clasificación de las áreas acústicas, para lo que se toma en consideración el ” uso predominante del suelo “. En desarrollo de dicho precepto, el artículo 5.1 del ya citado Real Decreto 1367/2007 establece que: ” La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o previstos del suelo “, para lo que ” se tendrán en cuenta los criterios y directrices que se describen en el anexo V ” (artículo 5.2); y ” Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso predominante, determinándose este por aplicación de los criterios fijados en el apartado 1, del anexo V ” (artículo 5.4).

Por su parte, el punto 1.2 del citado Anexo dispone que:

” Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en este real decreto se determinara el uso predominante con arreglo a los siguientes criterios:

a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados con carácter excluyente.

b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el apartado b).

d) Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los receptores más sensibles

e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para ellos, en este real decreto.

f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de área acústica “.

Y, finalmente, el artículo 4.1 de la Normativa impugnada viene a establecer, como ya hemos dicho más arriba, que los objetivos de calidad acústica son los correspondientes al área acústica tipo a) y tipo b), en atención al predominio de suelo residencial, en la primera, y al predominio de uso de suelo terciario, distinto del uso recreativo y de espectáculos.

Pues bien, en atención a la normativa expuesta, la eventual prosperabilidad del motivo de impugnación que nos ocupa requería, de forma inexcusable, la acreditación de que el uso predominante del suelo es el terciario y no el residencial contemplado en la zona acústica cuestionado, y es lo cierto que dicha acreditación no se infiere ni de las alegaciones y razonamientos contenidos en el escrito de demanda, ni del material probatorio aportado por los actores (en realidad, en este punto, inexistente).

Los recurrentes se han limitado a poner de manifiesto la alta oferta hotelera en la zona, así como la amplísima dotación de locales de hostelería (como restaurantes, bares, cafeterías y similares). Ahora bien, ello no basta: lo relevante y esencial no es la mayor o menor oferta hotelera o de hostelería; lo relevante reside en la acreditación del ” uso predominante ” en supuestos de coexistencia de varios usos compatibles urbanísticamente, conforme a los criterios al respecto establecidos en el punto 1.2 del Anexo V del ya citado Real Decreto 1367/2007, y sobre ello ningún esfuerzo, reiteramos, argumentativo o probatorio han realizado los recurrentes.

En consecuencia, procede que desestimemos el motivo de impugnación estudiado.

OCTAVO.- El segundo de los motivos de impugnación alegados se concreta en estimar que las medidas establecidas en la ZPAE no se dirigen al control de las emisiones acústicas reales y reconocidas, sino exclusivamente contra las actividades de hostelería, no actuándose contra la actividad de los demás emisores acústicos. Al sector de la hostelería se le imputa ser el único responsable de la contaminación acústica de la zona, medida en la calle, no en el interior de los propios locales. Con ello, añaden los actores, se permite el mantenimiento, desarrollo o incremento de los demás emisores acústicos, infringiéndose así el artículo 25.3 de la LR. Aunque se atribuye al tráfico la condición de principal emisor acústico de contaminación en la zona, luego no se adopta medida alguna frente al mismo. Consideran que el control del ruido generado en la calle por vehículos y personas es responsabilidad del propio Ayuntamiento y no los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas. Con tal proceder, entienden los recurrentes, se estaría infringiendo el artículo 25.3 LR.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, considera no discriminatorias las medidas adoptadas en la normativa zonal. Considera que a través de las mediciones realizadas se ha constatado la influencia del ocio en el comportamiento de los valores de los niveles de ruido durante el periodo nocturno, en el que existen horas en donde se llegan a registrar valores 10 dB más elevados que durante las mismas horas de un día que no se ve afectado por el ocio nocturno, dándose incluso el caso de que superan a los valores registrados durante el periodo diurno. Si se analizan las acciones propuestas para la ZPAE se pueden encontrar medidas dirigidas a otros tipos de actividades, además del tráfico rodado para el que se plantea un Plan de Movilidad, e incluso campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios del ocio nocturno. Entiende, por último, que el actuar administrativo resulta conforme con el ya reiterado artículo 25.1 y 3 de la LR.

A fin de dar adecuada respuesta a los planteamientos expuestos debemos partir de que uno de los focos principales de contaminación acústica lo constituye el tráfico rodado, y así parece admitirlo la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid, lo que viene siendo un grave problema en ciudades como Madrid.

Ahora bien, sin olvidarnos de ello, no es menos cierto que la contaminación acústica proveniente del tráfico rodado se agrava, notablemente, con ocasión del ” ocio nocturno “, que tiende a concentrarse en determinadas zonas, precisamente en aquellas en las que existe un mayor número de locales dedicados a los espectáculos públicos y actividades recreativas. Dicha relación directa entre la actividad de ” ocio nocturno ” e incremento de la contaminación acústica aparece rectamente acreditada en las mediciones efectuadas, de las que se deduce un incremento del ruido hasta alcanzar, en ocasiones, valores 10 dB más elevados que durante las mismas horas de un día que no se ve afectado por el ocio nocturno, dándose incluso el caso de que superan a los valores registrados durante el periodo diurno. Dicho incremento de ruido se produce por el incremento de tráfico rodado y deambular del peatón, incremento que se produce en zonas de concentración de locales de ocio y en días (fines de semanas) y horas nocturnas donde el ocio se intensifica.

Por tanto, se constata así una relación directa entre incremento de la contaminación acústica acaecida en determinadas zonas y el ocio nocturno que en las mismas se desarrolla. Que ello es así se desprende, inequívocamente, de las concretas mediciones practicadas, sin que los actores hayan aportado dato alguno que contradiga o ponga en duda dicha conclusión.

Es cierto, como hemos dicho, que el factor o fuente que más contribuye a incrementar el ruido es el tráfico rodado, pero no puede olvidarse que, a su vez, dicho tráfico rodado se incrementa con motivo o con ocasión del ocio nocturno. Si así no fuera no se produciría las diferencias de niveles de ruido obtenidas en las mediciones acústicas realizadas entre los días no afectados por el ocio nocturno y los días en los que sí existe dicho fenómeno. Diferencias que llegan a alcanzar hasta 10 dB.

En consecuencia, y para concluir el examen del motivo de impugnación examinado, una vez que se ha constatado que en una zona acústica se ha incumplido los objetivos aplicables de calidad acústica (lo que no discuten los actores), por mandato del artículo 25.1 de la LR, deben ser declaradas zonas de protección acústica especial por la Administración pública competente, como aquí ha ocurrido, aun cuando se hubiesen observado por los emisores acústicos los valores límites aplicables.

Declaración de zona de protección especial que conlleva la elaboración de ” planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del medio ambiente “, planes que contendrán las ” medidas correctoras que deban aplicarse a los emisores acústicos y a las vías de proclamación ” (artículo 25.3 LR).

Constatada la causalidad existente entre la actividad de ocio nocturno y el incremento de la contaminación acústica, como ya hemos señalado, es lógico que, entre otras, las medidas correctoras a adoptar tiendan a paliar o disminuir el impacto que aquélla actividad de ocio produce en la contaminación acústica. La adopción de este tipo de medidas es perfectamente compatible con el previo cumplimiento por los locales de ocio de los valores límites a ellos aplicables. Esto es, la adopción de medidas correctoras no precisa de la previa constatación de la superación de los valores límites por parte de los emisores acústicos (aquí, locales de ocio), como erróneamente, a juicio de la Sala, parecen entender los recurrentes. A este respecto resulta revelador el artículo 18.3 de la LR al disponer que: ” El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de intervención … podrá revisarse por las Administraciones públicas competentes, sin que la revisión entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlas a las reducciones de los valores límites acordados …. “.

Ciertamente, si además se constata que un local de ocio incumple o supera los valores sonoros permitidos las medidas a adoptar por la Administración municipal serán las contempladas y recogidas en la normativa específica contenida en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, pudiendo incluso llegarse a la clausura del local, con aplicación, además, del régimen sancionador previsto en aquélla en sus artículos 32 y siguientes .

Por tanto, de lo hasta ahora expuesto, en principio, resulta factible adoptar toda una serie de medidas correctoras que tiendan a paliar la superación de los niveles u objetivos sonoros provenientes del ” ocio nocturno “, no existiendo obstáculo alguno a que las mismas puedan incidir en la actividad o desenvolvimiento de los locales de ocio existentes en la concreta zona declarada de protección acústica especial. Cuestión distinta será si las concretas medidas correctoras contempladas son adecuadas y proporcionadas a las finalidades y objetivos perseguidos con su adopción, o resulten ser restrictivas de derechos fundamentales, lo que se estudiara al examinar el resto de los motivos de impugnación alegados en cuanto incidan en concretas medidas adoptadas.

Por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de impugnación.

NOVENO.- El tercero de los motivos de impugnación invocados se sustenta en la consideración de que la restricción de horarios que se pueden adoptar en los planes zonales específicos, medida contemplada en el artículo 25.4 de la LR, se establece con carácter general para la concreta zona afectada, o por razón del tipo de actividad a las obras a realizar en vía pública o en edificaciones. No cabe, por tanto, este tipo de restricción con respecto a una actividad concreta, salvo que se trate de obras en vía pública o en edificaciones.

Las cuestiones horarios de la hostelería, tanto en lo referido a la ampliación del tiempo de actividad, como a su restricción, a juicio de los recurrentes, son competencia de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, por venir así establecido en el artículo 23 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas , cuyo desarrollo reglamentario se contiene en la Orden 1562/1998, de 23 de Octubre, de la Consejería de Presidencia. Por tanto, entienden, que la potestad en cuento a la fijación de horarios corresponde a la Comunidad de Madrid y no a los Ayuntamientos, invocándose al efecto la doctrina contenida en la Sentencia de esta Sala de 5 de junio de 2007 , confirmada en casación por el Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2009 . En consecuencia, sostienen que las medidas de reducción de horarios adoptadas en la normativa impugnada vienen a infringir la normativa legal y jurisprudencial expuesta.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid sostiene su competencia en materia de horario de hostelería, que deriva de los artículos 4.4 , 18.3 y 25.4 de la LR , artículo 23 de la ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas , y artículo 6 de la Orden 1562/1998, de 23 de octubre. En cualquier caso, sostiene que la normativa de la ZPAE no establece ninguna restricción a los locales ubicados en la zona.

Examinadas el contenido de las alegaciones formuladas por ambas partes, la cuestión controvertida en el presente motivo de impugnación se reduce, en primer lugar, a determinar si, como sostienen los recurrentes, bajo el paraguas de la medidas correctoras contempladas en el artículo 25 LR no cabe la restricción horaria a una concreta actividad (con la única salvedad de las obras a realizar en vía pública o en edificaciones), y sí solo al conjunto de las actividades desarrolladas en la zona cuestionada. Y en segundo lugar, determinar si la reducción o ampliación horaria en materia de hostelería corresponde con exclusividad, tal como sostienen los actores, a la Comunidad de Madrid y no a los Ayuntamientos.

Pues bien, como ya hemos dicho en el punto quinto de la presente fundamentación jurídica, la LR resulta ser un tanto parca a la hora de determinar las competencias de las Administraciones municipales, al remitirse, en primer lugar, a lo que disponga la legislación autonómica, y en defecto de la misma, cuando el ámbito territorial del mapa de ruido de que se trate no exceda del término municipal.

En el ámbito del legislador autonómico madrileño, ya hemos señalado también ( punto cuarto de la presente fundamentación jurídica), que el artículo 1 del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno dispuso la derogación del Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regulaba el régimen de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. Y por su parte, el artículo 2 de aquél Decreto también dispuso que el régimen jurídico en la materia de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid ” será el definido por la legislación estatal “. Así las cosas, no existiendo, por tanto, en el ámbito de la Comunidad autonómica madrileña, por propia decisión de la misma, desarrollo de las bases contenidas en la LR, deberemos estar, por tanto, al concreto ámbito territorial del mapa del ruido para determinar la Administración pública competente.

En el caso concreto, es claro que el ámbito territorial de la ZPAE no excede del término del municipio de Madrid, por lo que, en aplicación del ya citado artículo 4.4 LR, corresponde al Ayuntamiento de Madrid ” La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como la elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal específico” (artículo 4.1.g) LR), así como ” La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas ” (artículo 4.1.h) LR).

Por tanto, en principio, corresponde a la Administración municipal, aquí Ayuntamiento de Madrid, la declaración de un área como zona de protección acústica especial, la elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal específico, la declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción y ejecución de las medidas correctoras específicas.

En consecuencia, tal como hemos visto, no existe obstáculo alguno a que por la Administración municipal, en el ámbito de su término municipal, adopte y ejecute las medidas correctoras pertinentes que tengan por objeto paliar y corregir los incumplimientos los objetivos aplicables de calidad acústica.

Los recurrentes, que no discuten dicha competencia y potestad de la Administración municipal demandada, sostienen que el artículo 25.4 de la LR, concretamente su apartado a) -” Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad a las obras a realizar en la vía pública o en edificaciones “- no posibilita la adopción de una medida consistente en restringir el horario a una concreta actividad (salvo las obras realizadas en la vía pública o en un edificio), y sí sólo la restricción horaria para todas las actividades que se lleven a cabo en la concreta zona acústica.

Dicha argumentación no es compartida por la Sala. En efecto, no solo por el hecho de que la enumeración de las medidas correctoras que se contemplan en el citado artículo 25.4 LR no tiene carácter exhaustivo (” Los planes zonales específicos podrán contener, entre otras , todas o algunas de las siguientes medidas “), sino también, y fundamentalmente, porque no resulta lógico entender que el citado precepto permita y posibilite que la Administración municipal pueda adoptar como medida correctora la restricción horaria de la totalidad de las actividades que se lleven a cabo y no pueda, precisamente, adoptar dicha medida respecto de la concreta actividad que, directa o indirectamente, se entienda que incide en el incumplimiento de los objetivos de calidad sonora, pudiendo al efecto traerse a colación el principio el que puede lo más puede lo menos (” qui potest plus, potest minus “).

A dicha conclusión no se opone, como erróneamente sostienen los recurrentes, el contenido del artículo 23 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas , cuyo desarrollo reglamentario se contiene en la Orden 1562/1998, de 23 de Octubre, de la Consejería de Presidencia, y menos aún, la doctrina contenida en la Sentencia de esta Sala y Sección de 5 de junio de 2007 (recurso no 354/2004 ).

En efecto, es cierto que el citado artículo 23.1 de la Ley 17/1997 viene a disponer, en redacción vigente a la fecha de aprobación de la normativa aquí impugnada, que ” El horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos a que se refiere la presente Ley se determinará por Orden del Consejero competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid, tras informe de la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas ” (contenido que, en lo que ahora nos interesa, no cambia en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 8/2012, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid : ” El horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos a que se refiere la presente ley se determinará por Orden del Consejero competente en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. En la citada orden se fijará la antelación con la que los locales y establecimientos deberán estar abiertos antes de que den comienzo los espectáculos “). Ahora bien, nótese que dicho precepto atribuye la competencia del Consejero correspondiente a la determinación del ” horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos “, y a tal fijación, con carácter general, debe restringirse la competencia del Consejero, por lo que no puede entenderse que impida que otras Administraciones y en el ámbito de sus competencias puedan adoptar acuerdos que, directa o indirectamente, incidan en el horario de apertura o cierre. Obviamente, dicha posibilidad, como no puede ser menos, debe entenderse dentro de las concretas competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico, aquí artículo 25 de la LR.

A ello no se opone, por supuesto, la doctrina contenida en nuestra Sentencia de 5 de junio de 2007 . La precitada Sentencia tenía por objeto el examen de una impugnación directa dirigida contra la Ordenanza de Protección Atmosférica contra la Contaminación por Formas de Energías, y en su fundamento jurídico octavo, con ocasión de examinar el hecho tipificado como sanción administrativa en el artículo 60.i) de dicha Ordenanza, se ponía dicho hecho típico cuestionado con el artículo 22.8,b) de la propia ordenanza que establece la obligación de ” Desconexión de todos los elementos de reproducción/ampliación sonora 30 minutos antes de su horario autorizado de cierre “. Pues bien, en relación con dicha concreta cuestión la Sentencia razonaba:

“Sin embargo, ni la Ley 17/97, ni las órdenes dictadas en desarrollo de la misma autorizan a la Administración demandada a regular o imponer el horario de funcionamiento de los elementos de reproducción/ampliación de sonido.

Así, en el propio artículo 2.A. 4 establece que será a partir de la hora de cierre cuando deba quedar fuera de funcionamiento la ambientación musical, por lo que, teniendo la Comunidad de Madrid la competencia para establecer el cierre de los locales, y estableciendo que la ambientación musical coincidirá con la hora de cierre, no cabe entender que dicho precepto autorice a la Administración demandada, invocando la normativa especial en materia de protección ambiental que se pueda adoptar, a restringir el funcionamiento de los equipos de sonido estableciendo que la ambientación musical deberá desconectarse 30 minutos antes del cierre.

Si bien en materia de protección medioambiental y de acuerdo con la normativa especial dictada al respecto se puedan dictar las disposiciones legales que se estimen necesarias con dicho fin, no se puede confundir dicha posibilidad con la potestad administrativa para restringir el funcionamiento de los equipos de sonido de que estén dotados los locales, ya que ello conllevaría, indirectamente, un cierre anticipado del local, y por tanto, una modificación del horario de funcionamiento, competencia que es exclusiva de la Comunidad de Madrid.

Es más, la propia Exposición de motivos de la Ordenanza impugnada justifica su existencia en las novedades introducidas por la Ley 2/2002 de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y en La Ley 37/2003, el 17 de noviembre de Ruidos por la que se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión el ruido ambiental, por lo que las disposiciones que el Ayuntamiento de Madrid adopte en materia medioambiental deberán tener siempre su necesaria cobertura legal, bien en las leyes citadas anteriormente, bien en las que se puedan publicar, sin que la referencia realizada en el artículo 2.A. 4 de la Orden de 21 de diciembre de 2004 a la normativa especial en materia de protección medioambiental suponga la existencia de una potestad administrativa por la que el Ayuntamiento pueda establecer restricciones de la actividad de los locales sin necesidad de la preceptiva cobertura legal.

En definitiva, no pudiendo el Ayuntamiento acordar la desconexión de los equipos de sonido 30 minutos antes del cierre, tampoco puede sancionar por la infracción de dicha conducta, por lo que procede anular el art. 60,i) únicamente en lo referente a la consideración como infracción grave el incumplimiento del horario para el funcionamiento de equipos de reproducción/amplificación sonora que, en su caso se establezca.”.

Obsérvese como la Sentencia, como no podía ser de otra manera, alude a que ” las disposiciones que el Ayuntamiento de Madrid adopte en materia medioambiental deberán tener siempre su necesaria cobertura legal “, y en el caso analizado (desconexión de todos los elementos de reproducción/ampliación sonora 30 minutos antes del horario autorizado de cierre) dicha cobertura legal en materia medioambiental era inexistente.

Ello no ocurre, sin embargo, en el caso ahora examinado, en el que la eventual adopción como medida correctora de una reducción horaria encuentra y tiene su amparo legal en el ya citado artículo 25 LR.

En consecuencia, resulta procedente desestimar el motivo de impugnación estudiado.

DÉCIMO.- En el cuarto motivo de impugnación alegado se denuncia que la documentación sometida a información pública no permite conocer la metodología seguida en la captación de los datos utilizados. Argumentan los actores que no se explica la razón por la que queda discriminada una fuente de ruido -el ocio nocturno-, sobre la que se establecen medidas, obviando a las demás (tráfico rodado, aglomeraciones de jóvenes bebiendo de noche -botellón-,..), impidiendo así a los interesados pronunciarse en el periodo de información pública, lo que supone infracción del artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio y del artículo 5.1 de la LR.

Todas las medidas propuestas en el punto 4 de la Memoria tienden a limitar, condicionar, cercenar y minorar la actividad hostelera del Distrito Centro. Incluso alguna, como es la de disponer de plazas de aparcamiento de las actividades, sean nuevas o ya existentes, es de claro fomento del tráfico en la zona, ” principal fuente de contaminación acústica,…, medida que, por ello, resulta contraria a los criterios de la Ley 37/2003… “.

Por todo ello estiman los recurrentes que la propuesta de la norma, dirigida contra una categoría de emisores acústicos -las actividades hosteleras-, dejando que los demás emisores acústicos constatados por el Ayuntamiento queden al margen constituye infracción de lo establecido en el artículo 25.3 de la LR.

El Ayuntamiento de Madrid, por el contrario, sostiene que en los puntos 4 y 5 de la Memoria ZPAE se cita tanto la norma de aplicación utilizada para la realización de las mediciones y estudios acústicos, como las fechas, ubicación de los lugares de medida y datos obtenidos. Niega que las únicas medidas adoptadas estén dirigidas a las actividades de hostelería, remitiéndose al Capítulo V, Medidas de Carácter General, del documento Normativa ZPAE. En cuanto al fenómeno del ” botellón ” refiere la adopción por el Ayuntamiento de medidas claras contra el mismo, con inclusión en la nueva Ordenanza de ruido -OPCAT-, que entró en vigor en marzo de 2011, las consecuencias sancionadoras de las perturbaciones ocasionadas por permanecer en horario nocturno en concurrencia no autorizada con otras personas o grupos de personas, reunidas en la vía o espacios públicos, o en espacios exteriores de titularidad privada y uso público, produciendo, a consecuencia de la actuación colectiva, ruidos que ocasionen molestias y perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

Respecto a las medidas relacionadas con las plazas de aparcamiento, añade, van dirigidas a reducir el ruido debido al tráfico por cuanto que suponen, de una parte, ” Reducción de la doble fila, con la consiguiente disminución del número de atascos y sus problemas asociados “; y de otra, ” Reducción de los trayectos en busca de aparcamiento, con la consiguiente disminución del ruido “. Por otra parte, sostiene que la exigencia de plazas de aparcamiento se refiere exclusivamente a las actividades nuevas, tal como se recoge en los artículos 8.7, 11.8 y 14.5.

Pues bien, son varias las cuestiones que los recurrentes engloban en el motivo que estudiamos. Así, de una parte, refieren ciertas deficiencias en el contenido de la documentación sometida a información pública, lo que a juicio de los recurrentes, supone infracción de los artículos 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio , y 5.1 de la LR. En segundo lugar, aluden a que las únicas medidas correctoras adoptadas van dirigidas o tienen como único destinatario a la actividad de hostelería, obviándose a los restantes emisores acústicos (tráfico y botellón). Y en tercer lugar, refieren la inadecuación de las medidas correctoras adoptadas, con referencia explícita a la exigencia de plazas de aparcamiento.

En el estudio de dichas cuestiones seguiremos el orden referido. En relación con las deficiencias aludidas respecto del trámite de información pública, resulta evidente la transcendencia y relevancia con que nuestro ordenamiento jurídico contempla el derecho de acceso a la información y de participación pública en materia de medio ambiente, siendo buena prueba de ello el contenido de la Ley 27/2006, de 18 de julio, expresamente invocada por los recurrentes, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, por lo que no estimamos preciso realizar mayores precisiones sobre ello.

Los recurrentes, con invocación de artículo 16 de la ya citada Ley 27/2007 consideran que de la documentación sometida a información pública no permite conocer la metodología seguida por la Administración municipal que la lleva al establecimiento de medidas exclusivas.

Este primer aspecto del motivo de impugnación que nos ocupa, tal como aparece argumentado en el escrito de demanda, se hace merecedor de su desestimación y ello por cuanto que en la Memoria de la ZPAE, así como en el resto de la documentación contenida en el expediente administrativo, se contiene información suficiente sobre la metodología seguida por la Administración municipal para la toma de las mediciones pertinentes, así como las concretas razones que han llevado a dicha Administración a considerar que el ocio nocturno es el causante del incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (nos remitimos a lo dicho y razonado en el punto octavo de la presente fundamentación jurídica). Cuestión distinta, y es ahí donde radica, en definitiva, la discrepancia de los recurrentes con la normativa impugnada, es que éstos no comportan ni las conclusiones a las que ha llegado la Administración, ni el contenido de las medidas correctoras adoptadas.

En cualquier caso, la Sala, haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 61.1 de la LJCA (Providencia de 10 de diciembre de 2013), requirió al Ayuntamiento demandado para que por sus Servicios Técnicos se emitiese informe ” sobre la metodología utilizada en la correspondiente toma de datos, así como en el análisis posterior de los mismos, con remisión en soporte digital, de la totalidad de la información que haya sido utilizada para la delimitación ZPAE de Centro, así como la representación cartográfica de los niveles de ruido ambiental obtenidos en el Distrito Centro, desglosados por cada tipo de foco durante el periodo nocturno “. Dicho informe fue presentado el 30 de diciembre de 2013, y dado traslado a los recurrentes, así como de los datos requeridos en soporte digital, nada alegaron ni adujeron; actitud procesal que resulta incompatible con la alegación del presente motivo de impugnación, y que corrobora, a juicio de la Sala, que la discrepancia mantenida por los recurrentes radica en otros aspectos, no en la eventual deficiencia del contenido de la información facilitada.

UNDÉCIMO.- A continuación nos vamos a referir, de forma conjunta, a los otros dos submotivos: que las únicas medidas correctoras adoptadas van dirigidas o tienen como único destinatario a la actividad de hostelería, obviándose a los restantes emisores acústicos, y la inadecuación de alguna de las adoptadas (exigencia de plazas de aparcamiento).

Concluíamos en el punto octavo de la presente fundamentación jurídica que una vez constatada la causalidad existente entre la actividad de ocio nocturno y el incremento de la contaminación acústica, era lógico que, entre otras, las medidas correctoras a adoptar tiendan a paliar o disminuir el impacto que aquélla actividad de ocio produce en la contaminación acústica; y que la adopción de este tipo de medidas era perfectamente compatible con el previo cumplimiento por los locales de ocio de los valores límites a ellos aplicables.

Por tanto, nada, en principio, tiene de extraño, que las medidas adoptadas vayan dirigidas a la actividad de hostelería. Llegados a este punto, resulta conveniente traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011, Comisión c. Austria II , asunto C-28/09 , en la que se dice:

” 119 Según jurisprudencia reiterada, las medidas nacionales que puedan obstaculizar el comercio intracomunitario pueden estar justificadas por una de las razones de interés general enumeradas en el artículo 30 CE , como la protección de la salud y la vida de las personas, o por una de las exigencias imperativas destinadas, entre otros, a la protección del medio ambiente, siempre que las medidas de que se trate sean proporcionadas al objetivo perseguido (véanse, en particular, las sentencias de 20 de febrero de 1979, Rewe- Zentral, «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649 ; de 20 de septiembre de 1988 , Comisión/Dinamarca, 302/86, Rec. p. 4607, apartado 9 ; de 5 de febrero de 2004 , Comisión/Italia, C 270/02, Rec. p . I-1559, apartado 21; de 14 de diciembre de 2004 , Comisión/Alemania, C 463/01, Rec. p . I-11705, apartado 75, y de 15 de noviembre de 2005 , Comisión/Austria, antes citada, apartado 70).

120 Debe recordarse que la protección de la salud y la protección del medio ambiente constituyen objetivos esenciales de la Unión. En este sentido, el artículo 2 CE enuncia que la Comunidad tiene por misión, entre otras cosas, promover un «alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente» y el artículo 3 CE , apartado 1, letra p), dispone que la acción de la Comunidad implicará una contribución al logro de «un alto nivel de protección de la salud» (véanse en ese sentido las sentencias de 7 de febrero de 1985 , ADBHU, 240/83, Rec. p. 531, apartado 13; de 19 de mayo de 1992 , Comisión/Alemania, C-195/90, Rec. p . I- 3141, apartado 29 , y de 22 de diciembre de 2008 , British Aggregates/Comisión, C-487/06 P, Rec. p. I-10515, apartado 91).

(….)

126 Ahora bien, una medida restrictiva sólo puede considerarse adecuada para alcanzar el objetivo perseguido si responde verdaderamente a la voluntad de hacerlo de forma coherente y sistemática (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2009 , Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, apartado 55; de 19 de mayo de 2009, Apothekerkammer des Saarlandes y otros, C-171/07 y C-172/07, Rec. p. I-4171, apartado 42, y de 16 de diciembre de 2010 , Josemans, C-137/09 , Rec. p. I-0000, apartado 70). “.

Esto es, admitido que las medidas correctoras como las adoptadas en la normativa impugnada encuentran y tienen su justificación en la protección de la salud y la vida de las personas, así como en exigencias imperativas destinadas, entre otros, a la protección del medio ambiente, a la hora de examinar si las concretas medidas adoptadas son o no conformes con el ordenamiento jurídico cobra especial relevancia su examen desde la perspectiva de si las mismas resultan ser apropiadas para alcanzar el objetivo perseguido.

La tesis que defienden los recurrentes, en definitiva, consiste en considerar inadecuadas las medidas adoptadas con incidencia en la actividad de hostelería, cuando no se ha adoptado medida alguna contra otros emisores acústicos que, a su juicio, también contribuyen, y en mayor medida, al incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Pero, dicha alegación no deja de ser eso: mera alegación teñida del lógico y comprensivo ” subjetivismo ” de parte, sin que aparezca apoyada en dato objetivo alguno. Frente a las concretas medidas adoptadas por la Administración municipal incidiendo en la actividad nocturna de hostelería, los recurrentes sostienen y defienden la adopción de otras alternativas que incidan en la aglomeración de jóvenes y en el tráfico rodado, pero que no acreditan ni su oportunidad, ni su eficacia, y lo que es más importante, que tampoco las concretan. Así las cosas, sin perjuicio de lo que a continuación se diga, el razonamiento (con formulaciones genéricas) esgrimido por los recurrentes no es compartido por la Sala.

Lo relevante, como ya hemos dicho, es examinar si las concretas medidas adoptadas resultan ser o no idóneas a los objetivos pretendidos y si resultan o no acordes con las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad. A ello parece obedecer las alegaciones de los recurrentes referidas a la obligación de disponer de plazas de aparcamiento, a cuyo examen pasamos seguidamente; argumento que se completa con las alegaciones contenidas en la página 31 del escrito de demanda (punto 6.1).

Los artículos 8.7, 11.8 y 14.5 referidos, respectivamente, a las Zonas de Contaminación Acústica Alta, Moderada y Baja, disponen que: ” Todas las actividades nuevas deberán disponer, con carácter exclusivo, de un número de plazas de aparcamiento igual al 10 % de su aforo en un radio máximo de 200 metros de su ubicación “.

Al respecto, traemos a colación la Sentencia de esta Sala y Sección de 28 de mayo de 2013 , recurso ordinario núm. 358/2011, en la que, con ocasión de examinar la impugnación dirigida contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 28 de septiembre de 2010, por el que se aprueba el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del ” Centro Argüelles “, Aurrerá, Distrito de Chamberí, y en relación con el precepto contenido en el artículo 7.7 de la normativa objeto de impugnación, decíamos:

“-Art. 7.7: impone a ciertas actividades nuevas y existentes implantadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ZAP de Chamberí el 27 de septiembre de 1990, la obligación de disponer con carácter exclusivo de un número de plazas de aparcamiento igual al 27% de su aforo en el mismo edificio en el que se encuentre la actividad o en edificios situados a no más de diez veces las anchura de la calle de su ubicación. Las razones jurídicas esgrimidas por la parte actora en la impugnación de este precepto deben tener favorable acogida. En primer lugar, porque como afirmó el recurrente, es un hecho notorio y de general conocimiento la imposibilidad material de dar cumplimiento a esta obligación por la falta de plazas de aparcamiento en la zona, resultando ser un acto de contenido imposible. Y en segundo lugar y asimismo fundamental, carecer esta obligación de relación alguna con las medidas a imponer para limitar los niveles sonoros detectados, pues no hay correlación alguna entre los niveles sonoros derivados del ocio nocturno y el establecimiento de una obligación de disponer de ciertas plazas de aparcamiento a los locales, cuando las mediciones se tomaron en consideración al ocio nocturno, no a resultados procedentes del tráfico rodado, del que ninguna responsabilidad tienen los recurrentes. Es por ello que debe declararse nulo este precepto”.

Pues bien, las razones expuestas en la precitada Sentencia para la estimación de la inadecuación a Derecho del precepto examinado, de contenido muy similar a los ahora nos ocupan, nos conducen, igualmente, a considerar que a estos últimos contrarios al ordenamiento jurídico. En efecto, no solo la imposibilidad material de llevar a cabo la obligación impuesta (al menos, el Ayuntamiento no ha acreditado que sea factible, siempre, encontrar plazas de aparcamiento disponibles, para su adquisición o arrendamiento por parte del titilar del local, en una distancia máxima de 200 metros), sino sobre todo por su evidente inadecuación al fin perseguido: no hay correlación alguna entre los niveles sonoros derivados del ocio nocturno y el establecimiento de una obligación de disponer de ciertas plazas de aparcamiento a los locales. No comprende la Sala qué mayor relación de eficacia, en cuanto a reducción del impacto acústico, tiene el que el vehículo de motor sea estacionado en un aparcamiento de titularidad o regentado por el titular del local frente a otro que haya sido estacionado en un aparcamiento ajeno al local. La reducción de la doble fila, alegada por el Ayuntamiento como factor positivo de la medida, tampoco guarda relación alguna con los niveles acústicos que pretenden corregir.

Por tanto, consideramos que la medida examinada ni es adecuada ni es proporcional al objetivo perseguido, y de ahí que concluyamos en su disconformidad con el ordenamiento jurídico, debiendo así declararse la nulidad de los preceptos que la sustentan.

Se estima así, parcialmente, el motivo estudiado.

DUODÉCIMO.- El quinto motivo de impugnación alegado, que los recurrentes califican de desarrollo del anterior motivo de impugnación analizado, viene referido a la consideración de que la metodología seguida para evaluar los niveles acústicos, expresada en la normativa impugnada, resulta ser, a juicio de los recurrentes, ” confusa, ficticia, por lo que el resultado no es fiable, y no se ajusta a la norma “. Además, reiteran que en el expediente administrativo ” no hay absolutamente ningún documento que permita contrastar la forma en que se han practicado las mediciones, ni que informe detalladamente de la operativa: el Ayuntamiento afirma que los datos se obtuvieron de forma adecuada, no existiendo posibilidad de rebatir: algo es legal porque lo dice el que lo dice “. Todo ello, concluyen, ” genera indefensión a todo aquel afectado directamente en sus negocios, empresas y modo de vida, como son las empresas asociadas a las asociaciones que represento. Esto vulnera claramente lo dispuesto en el Artículo 24 CE ,… “.

Por el contrario, el Ayuntamiento sostiene que la metodología empleada para evaluar los niveles de ruido es ” adecuada y fiable “.

En el punto décimo de la presente fundamentación jurídica concluíamos, en contra del parecer de los recurrentes, que tanto en la Memoria de la ZPAE como en el expediente administrativo remitido, existía referencia explícita a la metodología seguida en las mediciones efectuadas, así como las razones que habían llevado a la Administración municipal a considerar la existencia de causalidad entre el ocio nocturno y el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Una vez emitido por los Servicios Técnicos municipales, dando cumplimiento a nuestra Providencia de 10 de diciembre de 2013, y dado traslado del mismo a los recurrentes, estos nada alegaron, ni aportaron material probatorio alguno del que pudiera derivarse una cierta corroboración de sus iníciales aseveraciones. Esto es, pese a sus iníciales afirmaciones de que el desconocimiento de la metodología aplicada les producía indefensión, luego, cuando tienen perfecto y cabal conocimiento de ella, ningún reproche han sabido o querido dirigir contra aquélla.

Pues bien, siguiendo el razonamiento esgrimido por los recurrentes, que esta Sala comparte, de que no basta para que algo sea legal la mera alegación del Ayuntamiento de Madrid en tal sentido (sin perjuicio de la presunción de validez de los actos administrativos contenida en el artículo 57.1 de la Ley 30/1992 ), del mismo modo deberemos concluir que algo no es, tampoco, disconforme a Derecho por el solo hecho de que así lo afirmen los recurrentes.

En consecuencia, resulta procedente desestimar el motivo analizado.

DÉCIMOTERCERO.- El sexto de los motivos de impugnación opuestos se sustenta en la alegación de que la Normativa impugnada ” no aclara que se ciña exclusivamente a la hostelería, desechando los emisores acústicos constatados “. Ninguna de las medidas propuestas, reiteran los recurrentes, ” se dirigen contra el foco de ruido real de la zona, que es el tráfico “.

Luego, y por razones diversas, se estiman disconformes con el ordenamiento jurídico los preceptos contenidos en los artículos 8 (apartados 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9), 11 (apartados 1 y 2), 14 (apartados 1 y 2) y 16 de la Normativa impugnada.

Por su parte, el Ayuntamiento demandado niega que las únicas medidas adoptadas se ciñan a la actividad de hostelería, considerando conformes a Derecho los concretos preceptos que la parte recurrente reseña en el motivo analizado.

Pues bien, vemos que el motivo comienza reiterando que las medidas correctoras adoptadas inciden, exclusivamente, en la actividad de hostelería, desdeñando al resto de los emisores acústicos, lo que ya ha tenido cumplida contestación en los anteriores razonamientos jurídicos, a cuyo contenido nos remitimos, por lo que se pasaremos a examinar las alegaciones vertidas sobre los concretos preceptos mencionados, de forma expresa, por los recurrentes. Así:

(i) Los recurrentes sostienen que el artículo 8.1 de la Normativa va en contra de todos los principios actualmente existentes en la totalidad de las Administraciones públicas españolas, que hacen del fomento de la actividad empresarial el objetivo de su gestión, con la finalidad de aminorar la destrucción de puestos de trabajo; en concreto se alude al contenido del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, que quedaría privado de sentido si el Ayuntamiento prohíbe la actividad de las empresas del Distrito Centro. Idéntica reflexión realiza respecto del contenido del artículo 8.2 de la Normativa.

Dicho precepto, en su párrafo primero, señala que: ” No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de locales o establecimientos de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión (salas de fiestas, restaurante-espectáculo, café- espectáculo, etc.); clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile (discotecas y salas de baile y salas de juventud); clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión (bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo) y categoría 10, hostelería y restauración (cafeterías, bares, café-bar, restaurantes, tabernas, bodegas, bares-restaurantes, salones de banquetes, chocolaterías, salones de té, croisanterías). Esta prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, restaurante-espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas -con o sin actuaciones musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros “.

Por su parte, el artículo 8.2 establece que: ” En los locales con actividades existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y categoría 10, hostelería y restauración, sólo se admitirán los cambios a otra actividad recreativa cuando la nueva que se pretenda pertenezca a alguna de la clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, sin música “.

Pues bien, teniendo en cuanta que en el artículo 25.4 de la LR se admite que los planes zonales específicos, entre otras medidas correctores, contemplen la de ” No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los índices de inmisión existentes “, nada hay que objetar, en principio, desde dicha perspectiva la medida contempla en el expresado artículo 8.1, párrafo primero, y 2 teniendo en cuanta que los recurrentes no han hecho esfuerzo alguno tendente a acreditar ni la idoneidad de dichas medidas para conseguir el fin perseguido, ni que la misma resulte ser desproporcionada.

En consecuencia, sin perjuicio de lo que después se dirá, resulta procedente desestimar la presente alegación; que los recurrentes extienden, igualmente, a las prohibiciones contenidas en los artículos 11.1 y 2 y 14. 1 y 2, y que por idénticas razones se desestima.

(ii) Igualmente merecen ser desestimadas las alegaciones vertidas contra los párrafos 3o y 4o del ya citado artículo 8 de la Normativa. Dichos preceptos señalan:

” 3 Se habilita a la Junta de Gobierno para adelantar el horario de cierre durante los días en que se haya comprobado la superación de los objetivos de calidad acústica en periodo nocturno de los locales existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión; establecido mediante Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como otros establecimientos abiertos al público.

4 Las actividades existentes de las clases III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y categoría 10, hostelería y restauración, en su epígrafe 10.4, (restaurantes con amenización mediante música en directo), no podrán disponer de ningún hueco ni ventana practicable, exceptuando los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o exigida en su caso por la normativa de instalaciones de gas, por lo que deberán contar con sistemas de ventilación forzada “.

Los recurrentes insisten en resaltar, por una parte, la contradicción de las medidas adoptadas en relación con los objetivos perseguidos por las Administraciones en relación con el fomento de la actividad y del empleo, por lo que reiteramos lo dicho en el punto anterior. Además, aluden a la falta de competencia para su adopción por el Ayuntamiento, por lo que procede que aquí nos remitamos a lo dicho en el punto noveno de la presente fundamentación jurídica, en el que concluíamos en la competencia de la Administración municipal tanto en la declaración de las zonas de protección acústica especial, como en la elaboración y aprobación de planes zonales específicos, y en la adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras, cuyo amparo legal lo encontramos en el ya citado artículo 25 LR.

(iii) Se impugna, igualmente, los párrafos 5o y 6o (aunque por error se alude a los párrafos 6o y 7o) del ya citado artículo 8.1. Dichos preceptos establecen.

” 5 Se procederá de oficio a la declaración de caducidad de las licencias en los casos y por el procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas y normativa de aplicación.

6 Las licencias que se declaren caducadas serán renovadas, en su caso, con el carácter de nueva licencia, teniendo por tanto que someterse a las mismas condiciones que las actividades de nueva implantación “.

Los recurrentes sostienen que se trata, nuevamente, de adopción de medidas dirigidas ” simplemente ” al cese de actividades, con amparo supuesto en cuestiones acústicas; y que el carácter de ” oficio ” de la declaración aporta un plus de tensión.

Pues bien, no se advierte infracción sustantiva alguna en el contenido de los expresados preceptos. En realidad, tampoco el contenido de los mismos revela la adopción de medida alguna correctora. Simplemente se trata de recordar/reiterar el artículo 24 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, cuyo párrafo 1.c) dispone que: ” Las licencias caducarán en los siguientes supuestos: c) Cuando el funcionamiento de una actividad fuere interrumpido durante un período superior a seis meses, salvo causa no imputable al titular de la licencia “.

En cuanto que dicha declaración de caducidad se efectúe de oficio resulta ser, igualmente reiteración, de lo ya previsto en el artículo 24.2 de la citada Ordenanza, que dispone: ” La declaración de caducidad de la licencia, de oficio o a instancia de cualquier persona, será efectuada por el órgano competente para conceder la licencia,… “.

En consecuencia, nada hay que objetar al precepto analizado, debiendo así desestimarse la alegación examinada.

(iv) Sostienen los recurrentes que la modificación de horarios de las terrazas de veladores, recogida en el artículo párrafo 8o, ” deben llevar su correlativo en la cuantificación de las tasas de terraza de veladores: a igualdad de categoría de calle, una terraza ubicada en el ámbito de la ZPAE ocupa el dominio público menos tiempo -menos intensamente- que la misma terraza ubicada en otra calle fuera de a ZPAE… Por ello, mantener la misma cuantía de tasas no tiene justificación jurídica “.

Dicha alegación debe correr suerte desestimatoria en la medida en la que el precepto nada dice, ni se ocupa, de la cuota de la tasa correspondiente, por lo que la cuestión referida a la cuantificación de la oportuna tasa por ocupación del dominio público local es totalmente ajena al acto aquí impugnado. Dicha cuestión deberá ser examinada con ocasión de las eventuales impugnaciones que se efectúen frente a las liquidaciones que gire el Ayuntamiento.

(v) Por último, los recurrentes alegan que ” Existe en las medidas restablecidas en el artículo 16, una dirigida al control de la actividad de las personas que practican botellón en la calle. Se alude, sin dotarle de contenido alguno, lo que resulta contradictorio si la finalidad de la norma -al menos, la teórica- es el control del nivel acústico de la zona “.

El artículo 16, bajo el epígrafe ” Plan de Movilidad del Distrito Centro ” dispone:
” Se elaborará un Plan de Movilidad para el Distrito Centro, con el objetivo de reducir los actuales niveles

de contaminación acústica en este ámbito. Este plan contendrá, al menos, las siguientes medidas:

1. Implantación de un régimen regulador especial de la carga y descarga; y control efectivo del mismo.

2. Intensificar el control del estacionamiento en doble fila en aquellas calles que se encuentren situadas en las zonas con contaminación acústica.

3. Limitar el estacionamiento en superficie, en determinados días y horas, para los no residentes. 4. Peatonalización temporal o definitiva de aquellas calles donde la medida se muestre efectiva. 5. Mejora de la movilidad peatonal y ciclista.
6. Aumentar el número de calles de preferencia peatonal.

7. Analizar la eficacia de la red de transporte público, particularmente en horario nocturno y fines de semana.

8. Incrementar las medidas de templado de tráfico.

El Plan de Movilidad para el Distrito Centro se elaborará con la participación de asociaciones vecinales, comerciantes, empresarios y demás entidades ciudadanas afectadas por el problema del ruido y la movilidad en el Distrito Centro .”.

Adviértase que el citado precepto no contiene referencia alguna al fenómeno conocido como ” botellón “, por lo que las alegaciones realizadas por los recurrentes en este apartado resultan incomprensibles para la Sala.

DECIMOCUARTO.- Como séptimo motivo de impugnación los recurrentes aluden a la inexistencia de ” Mapa de Ruido, Estratégico o no Estratégico, que contemple la realidad de los diversos emisores acústicos del Distrito Centro “.

El Ayuntamiento se opone al antedicho, remitiéndose al contenido de la web del Ayuntamiento en la que se recoge el mapa de ruido correspondiente al tráfico rodado; y que con respecto al ruido ocasionado por el ocio nocturno, el mapa se contiene en la documentación presentada.

Pues bien, según se recoge en el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, ” Un mapa estratégico de ruido es la representación de los datos relativos a alguno de los aspectos siguientes:

Situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de un índice de ruido.

Superación de un valor límite.

Número estimado de viviendas, colegios y hospitales en una zona dada que están expuestos a valores específicos de un índice de ruido.

Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido .”.

Pues bien, tanto de la documentación contenida en el expediente administrativo existe referencias continuas a los diferentes datos que integran un mapa de ruido, habiéndose, además, aportado por los Servicios Técnicos municipales (con ocasión de dar cumplimiento a nuestra Providencia de 10 de diciembre de 2013) la oportuna representación cartográfica con constancia y reflejo tanto de datos referidos al tráfico rodado como al ocio nocturno.

En consecuencia, resulta procedente desestimar el presente motivo.

DECIMOQUINTO.- Como octavo motivo de impugnación se alude a que ” La Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico del Distrito Centro vulnera lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española , en relación con su Artículo 33.3 y con su artículo 38. Así como vulnera lo dispuesto en la Ley 25/2009 “. En concreto, los recurrentes señalan que dichos preceptos son vulnerados por los artículos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9 y 8.9 de la Normativa, ” pues no es admisible en derecho la prohibición de la implantación de un tipo de empresa legal. Podrá requerírsele determinados requisitos legales, pero no puede prohibirse su instalación con carácter genérico. Es una discriminación inadmisible “. A lo que posteriormente añade también el artículo 8.10.

Pues bien, sigue insistiendo los recurrentes en razonamientos ya expuestos con ocasión de la fundamentación de anteriores motivos de impugnación, y que ya han merecido nuestra respuesta desestimatoria.

Bástenos aquí recordar que, tanto desde la perspectiva del derecho comunitario como del derecho interno, resultan admisibles, en principio, la adopción de medidas nacionales que puedan obstaculizar el comercio siempre que se encuentren justificadas por razones de protección de la salud y la vida de las personas, o por la protección imperativa del medio ambiente. La cuestión nuclear, por tanto, no es si las medidas como las adoptadas en la Normativa aquí impugnada resultan o no admisibles en nuestro ordenamiento jurídico (y a ello se ha limitado, en buena parte, el escrito de demanda). Lo esencial y transcendental, por el contrario, es si las medidas cuestionadas aparecen justificadas, resultan ser idóneas y son conformes con el principio de proporcionalidad.

Por tanto, de lo hasta ahora dicho se desprende, igualmente, el rechazo del presente motivo de impugnación.

DECIMOSEXTO.- Como último motivo de impugnación los recurrentes sostienen que la Normativa impugnada ” vulnera frontalmente lo dispuesto en los Artículos 102 a 106 de la Ley 30/92 “; aunque en el razonamiento expuesto se entiende que, igualmente, se vulnera el principio de interdicción de la retroactividad de las normas, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución .

Vista la heterogeneidad del contenido de los preceptos que se dicen vulnerados, la generalidad con que aparecen invocados y, sobre todo, que no se especifica el concreto o concretos preceptos de la Normativa impugnada que los recurrentes consideran que infringen tales preceptos y principios, hace inviable toda prosperabilidad del motivo analizado.

En consecuencia, procede que se desestime el motivo analizado.

DECIMOSÉPTIMO.- Concluido el examen de los motivos de impugnación alegados por los recurrentes, es momento de pasar al examen de los que la Sala, haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 33.2 LJCA , mediante la Providencia de 18 de diciembre de 2014, puso de manifiesto a las partes.

El primero de ellos hacía referencia a la ” Vulneración del principio de igualdad de trato en las medidas contempladas en los artículos 8.1o, 11.1o y 2o y 14.1o y 3o de la Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, aquí impugnada, y ello respecto de la regulación diferenciada que dichos preceptos contienen de las actividades desarrolladas en edificios de uso residencial respecto de los edificios de uso exclusivo no residencial “.

Para una mayor claridad de la cuestión referida en el expresado motivo consideramos necesario transcribir los preceptos de cuya validez se duda. Así:

Artículo 8.1 (ubicado en el Capítulo II, dedicado a las ” Zonas de Contaminación Acústica Alta “):

” No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de locales o establecimientos de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión (salas de fiestas, restaurante- espectáculo, café-espectáculo, etc.); clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile (discotecas y salas de baile y salas de juventud); clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión (bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo) y categoría 10, hostelería y restauración (cafeterías, bares, café-bar, restaurantes, tabernas, bodegas, bares-restaurantes, salones de banquetes, chocolaterías, salones de té, croisanterías). Esta prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, restaurante-espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas -con o sin actuaciones musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros.

Se exceptúa de lo anterior la implantación, ampliación o modificación de actividades de la clase V, categoría 10, hostelería y restauración, ubicadas en edificios de uso exclusivo no residencial “.

Artículo 11 (ubicado en el Capítulo III, dedicado a las ” Zonas de Contaminación Acústica Moderada “):

“1 No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de locales o establecimientos de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión (salas de fiestas, restaurante- espectáculo, café-espectáculo, etc.); clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile (discotecas y salas de baile y salas de juventud); y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión (bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo) y categoría 10, hostelería y restauración, en su epígrafe 10.4 (restaurantes con amenización mediante música en directo). Esta prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, restaurante- espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas – con o sin actuaciones musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros.

Se exceptúa de lo anterior la implantación, ampliación o modificación, en edificios de uso exclusivo no residencial, de bares de copas -con o sin actuaciones musicales en directo-, siempre que no dispongan de comunicación directa con la vía pública, y de actividades de la clase V, categoría 10, hostelería y restauración.

2 Fuera de edificios de uso exclusivo no residencial no podrán instalarse actividades de clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración (cafeterías, bares, café-bar, restaurantes, tabernas, bodegas, bares- restaurantes, salones de banquetes, chocolaterías, salones de té, croisanterías), a una distancia menor de 100 metros de actividades de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y categoría 10, hostelería y restauración, que estén en zonas de contaminación acústica alta; menor de 75 metros de otras en zonas de contaminación acústica moderada; y menor de 50 metros de otras en zonas de contaminación acústica baja”.

Artículo 14 (ubicado en el Capítulo IV, dedicado a las ” Zonas de Contaminación Acústica Baja “):

“1 No podrán instalarse actividades de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión (salas de fiestas, restaurante- espectáculo, café-espectáculo, etc.); clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile (discotecas y salas de baile y salas de juventud); y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión (bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo), y categoría 10, hostelería y restauración (cafeterías, bares, café-bar, restaurantes, tabernas, bodegas, bares- restaurantes, salones de banquetes, chocolaterías, salones de té, croisanterías), a una distancia menor de 100 metros de actividades de esta clase y categoría que estén en zonas de contaminación acústica alta; menor de 75 metros de otras en zonas de contaminación acústica moderada; y menor de 30 metros de otras en zonas de contaminación acústica baja. Este régimen de distancias se aplicará también a las actividades de salas de fiestas, restaurante- espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas -con o sin actuaciones musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros.

Se exceptúa de lo anterior la implantación, ampliación o modificación, en edificios de uso exclusivo no residencial, de bares de copas -con o sin actuaciones musicales en directo-, siempre que no dispongan de comunicación directa con la vía pública, y de actividades de la clase V, categoría 10, hostelería y restauración.

(…)

3 Las actividades de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión (salas de fiestas, restaurante-espectáculo, café- espectáculo, etc.); clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile (discotecas y salas de baile); solamente podrán ser instaladas en edificios no residenciales”.

La representación procesal del Ayuntamiento sostiene que las medidas contempladas en los expresados preceptos, si bien establecen una regulación diferenciada dependiendo del uso del edificio, según sea de uso residencial o de uso exclusivo no residencial, no supone vulneración en ningún caso del principio de igualdad de trato por cuanto el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de hecho desiguales. Entiende que resulta ” evidente que la instalación de actividades recreativas y de espectáculos públicos en un edificio de uso exclusivo no residencial es mucho menos problemática que si la instalación se realiza en un edificio residencial. Esto es especialmente importante en relación con la transmisión de ruido desde las actividades a los locales acústicamente colindantes o con la transmisión de vibraciones, que no se producen a viviendas en el caso de los edificios de uso exclusivo no residencial “; añadiendo ” Finalmente, y al tratarse el uso exclusivo no residencial de un uso menos sensible que el residencial puesto que al no existir vecinos no se producen molestias a los mismos, se establecen medidas menos exigentes en cuanto a la instalación de actividades, tratando por ello de forma diferenciada situaciones distintas, no vulnerando con ello el principio de igualdad “.

Por parte de los recurrentes se pone de manifiesto que tal desigualdad de trato acredita la falta de relación entre los objetivos pretendidos con la Norma y los medios que propone para conseguirlo, reiterando que la Normativa no incide sobre los focos emisores principales de ruido en la calle.

Expuestas, de forma sintética, las posiciones que mantienen las partes personadas, conviene comenzar señalando que, como es bien sabido, la ” Igualdad ante la Ley significa solo igual trato en condiciones iguales, pues resultaría contrario a ese principio aplicar una misma medida en condiciones diferentes. Pero debe hacerse hincapié en que no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos aún sin restricción alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan la medular del caso, además de que el quebranto constitucional también podría producirse por exceso, es decir, cuando se adoptan medidas exhorbitadas en relación a las diferencias que pudieran justificar algún distinto trato ” ( Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 1785/90 ). Esto es, el principio de igualdad opera imponiendo un tratamiento igualitario entre situaciones equivalentes. En su vertiente negativa, constituye la prohibición de tratamiento desigual para situaciones que son comparables.

Abundando en esta última idea, el trato desigual consiste en dispensar un tratamiento diferenciado a sujetos, objeto o situaciones, sin que exista justificación para ello, ya que los rasgos o circunstancias que los diferencian, si es que existen, deben ser considerados irrelevantes para determinar un tratamiento normativo diferente y, por ello, esos sujetos, objetos o situaciones han de ser considerados como semejantes o equivalentes.

Pues bien, del contenido de los preceptos citados, y así se admite de forma expresa por la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid, se infiere que la Normativa impugnada viene a establecer una regulación diferenciada dependiendo del uso del edificio, según sea de uso residencial o de uso exclusivo no residencial: más permisiva respecto de las actividades ubicadas en edificios exclusivo no residencia, más restrictiva respecto de las actividades ubicadas en edificios de uso residencia. Por tanto, la cuestión controvertida queda reducida a determinar si dicha diferenciación de trato, conforme a la doctrina anteriormente expuesta, está o no justificada, y para ello resulta relevante traer a colación los objetivos y finalidades perseguidas con la aprobación del Plan Zonal Específico aquí impugnado, así como las causas que, según el Ayuntamiento de Madrid, hicieron necesaria su aprobación.

De lo hasta ahora expuesto se deduce que la causa de la declaración de la ZPAE, de la zonificación realizada, de la aprobación del plan zonal específico y de las medidas correctoras en el mismo previstas radica en la constatación del incumplimiento de los objetivos aplicables de calidad acústica en el área acústica que nos ocupa (Distrito Centro), incumplimiento que se produce, fundamente, por el ruido provocado por las actividades de ocio en periodo nocturno. Concretamente, en el párrafo 2 del artículo 4 de la Normativa se hace referencia expresa al artículo 15 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre , por el que se desarrolla la LR, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Esto es, la adopción de las medidas correctoras objeto del presente recurso contencioso-administrativo trae causa de la previa constatación del incumplimiento de los objetivos de calidad aplicables a una determinada área acústica, objetivos de calidad que vienen referidos en el ya citado artículo 15 del citado Real Decreto 1367/2007 .

 

Nótese como el citado Real Decreto 1367/2007 viene a establecer y diferenciar los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las ” áreas acústicas ” (artículos 14 y 15) de los aplicables al ” espacio interior ” (artículos 16 y 17). Los únicos que han sido tomado en consideración por la Administración municipal han sido los referidos a las ” áreas acústicas “, siendo estos los únicos cuyo incumplimiento se ha constatado.

Sólo el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a las ” áreas acústicas “, no los aplicables al ” espacio interior “, es el que posibilita la adopción de las medidas contempladas en el ya reiterado artículo 25 de la LR (” Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica,… “).

Dicho ello, la regulación diferenciada contemplada en la Normativa, distinguiendo entre edificio de uso residencial y edificio de uso exclusivo no residencial, se pretende justificar por el Ayuntamiento de Madrid en la consideración de que la instalación de actividades recreativas y de espectáculos públicos en un edificio de uso exclusivo no residencial es mucho menos problemática que si la instalación se realiza en un edificio residencial. Se sostiene que ello es especialmente relevante en relación con la transmisión de ruido desde las actividades a los locales acústicamente colindantes o con la transmisión de vibraciones, que no se producen a viviendas en el caso de los edificios de uso exclusivo no residencial.

Ahora bien, a juicio de la Sala, ello no puede justificar el trato diferenciador dispensado desde la perspectiva de las causas, objetivos y finalidades perseguidas con la adopción de las concretas medidas correctoras. Con la adopción de éstas se busca corregir/paliar el incumplimiento de los objetos de calidad acústica de una determinada ” área acústica “, y para logar dicho efecto bien pronto se advierte que nada aporta la diferenciación entre edificio de uso residencial y edificio de uso exclusivo no residencial por cuanto la contaminación acústica que se pretende corregir/paliar es la existente y la que se constata fuera de los edificios. Es éste incumplimiento, y solo éste, el que posibilita la adopción de las medidas correctoras.

Más aún, siguiendo el argumento contenido en la Memoria de que la concentración de locales en una determinada zona incide, negativamente, en los objetivos de calidad acústica perseguidos, la concentración de actividades de ocio en un edificio necesariamente deberá impactar, también, negativamente en la calidad acústica de la zona donde se ubique el citado edificio.

Nótese además que las razones dadas por el Ayuntamiento del menor impacto de los edificios de uso exclusivo no residencial en la transmisión de ruidos y vibraciones a los edificios colindantes (esto es, con incidencia en los objetivos de calidad acústica aplicables al “espacio interior de las edificaciones”, contemplados en los ya citados artículos 16 y 17 del Real Decreto 1367/2007 ), de ser ciertas, ello acontecerá siempre y, por tanto, el trato diferenciador se justificaría, en todo caso, existiese o no incumplimiento de los niveles de calidad acústica en el ” área acústica ” correspondiente. Sin embargo, las medidas correctoras contempladas en el artículo 25 tienen un marcado carácter ” temporal “, y así el párrafo 2 del artículo 25 de la LR dispone que: ” Desaparecidas las causas que provocaron la declaración, la Administración pública correspondiente declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial “.

En consecuencia, de cuanto queda dicho se desprende que el régimen diferenciador dispensado en los artículos 8.1o, 11.1o y 2o y 14.1o y 3o de la Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, aquí impugnada, entre actividades desarrolladas en edificios residenciales y las actividades desarrolladas en edificios de uso exclusivo no residencial, no resulta justificado y de ahí que resulte procedente la declaración de los nulidad de los mismos ( artículo 62.2 de la Ley 30/1992 ).

DECIMOCTAVO.- Finalmente procede que pasemos a examinar el segundo de los motivos de impugnación a que hacíamos referencia en nuestra Providencia de 18 de diciembre de 2013.

Dicho motivo de impugnación se concretaba en los términos siguientes: ” La habilitación a la Junta de Gobierno para adelantar el horario de cierre, contenida en el artículo 8.3 de la expresada Normativa del Plan Zonal impugnada, vulnera el artículo 25 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido , en cuanto posibilita la adopción de la medida reductora de horario sin sujeción al procedimiento específico contemplado en el citado precepto legal “.

Dicho artículo 8.3 es del tenor siguiente:

” Se habilita a la Junta de Gobierno para adelantar el horario de cierre durante los días en que se haya comprobado la superación de los objetivos de calidad acústica en periodo nocturno de los locales existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión; establecido mediante Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como otros establecimientos abiertos al público “.

La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid se opone al motivo de impugnación que nos ocupa aduciendo que en ningún caso se habilita a la Junta de Gobierno para omitir el procedimiento para adelantar el horario de cierre de los locales, cuestión que aparece regulada en la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como otros establecimientos abiertos al público. Concretamente refiere el artículo 6 de dicha Orden que, a su juicio, posibilita la reducción de horario prevista en la Normativa impugnada.

Los recurrentes manifiestan que si bien el nuevo motivo de impugnación no fue por ellos referido, ello fue debido a que sostienen que ” en general, la totalidad de la norma objeto de recurso la que incumple los criterios establecidos por la Ley 37/2003, en tanto en cuanto no actúa concretamente sobre los focos emisores de contaminación acústica ya reconocidos -el tráfico, por ejemplo-, sino sobre la hostelería “.

Para la correcta resolución de la cuestión ahora planteada, en atención al concreto contenido de la alegación esgrimida por la representación del Ayuntamiento de Madrid, conviene que reiteremos algunas de las conclusiones que alcanzábamos en el punto sexto de la presente fundamentación jurídica. En efecto, en dicho fundamento jurídico ponemos de relieve que la LR prevé abordar el incumplimiento de los objetivos acústicos mediante: (i) La declaración de la zona en cuestión como Zona de Protección Acústica Especial y, en su caso, como Zona de Situación de Acústica Especial; y (ii) La elaboración posterior de planes zonales específicos, en el que se contendrán las correspondientes medidas encaminadas a alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de aplicación; medidas que de forma no exhaustiva contempla el ya citado artículo 25.4 LR.

Este es el procedimiento o cauce, y no otro, al que deberán acomodar su actuación las Administraciones municipales a fin de abordar y corregir los incumplimientos de los objetivos acústicos en una determinada zona, dado, como hemos señalado, el carácter básico de la LR, y en él se apoya, como más arriba hemos dicho, el Plan Zonal Específico con la consiguiente declaración de la ZPAE del Distrito Centro, aquí impugnados.

El expresado cauce procedimental, por otra parte, viene a ser muy similar al que se contemplaba en los artículos 33 y 34 del Decreto 78/1999, de 27 de mayo (hoy derogado), por el que se regulaba el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, en los que también se recogía la adopción de medidas en las áreas en que se incumplan los objetivos de calidad acústica previa declaración de “Zona de Situación Acústica Especial” y elaboración de “programas zonales específicos”.

Entre las medidas previstas en dicho precepto se contempla la de ” Señalar zonas donde se apliquen restricciones horarias “; restricción horaria, como decíamos en el punto noveno de la presente fundamentación jurídica, que puede ir referida a una concreta actividad: aquí la actividad de hostelería.

De cuanto queda dicho se concluye que la medida de restricción horaria que tenga por causa la superación o incumplimiento de los objetivos de calidad acústica sólo puede ser adoptada a través del particular procedimiento y mecanismo establecido en el reiterado artículo 25 de la LR. Admitir lo contrario, como al parecer sostiene el Ayuntamiento de Madrid, supondría dejar sin contenido el indicado precepto.

En dicho precepto tiene especial relevancia que la adopción de las concretas medidas correctoras se adopten no solo con observancia del procedimiento contemplado sino, fundamentalmente, que las medidas a adoptar lo sean en el seno de un plan. Esto es, que obedezcan a una determinada estrategia y a un concreto objetivo a perseguir.

Por tanto, no parece lógico que, después de la elaboración y aprobación por la Administración municipal de un plan zonal específico, previa o coetánea declaración de Zona de Protección Acústica Especial, se deje para un momento posterior la adopción de determinadas medidas. Todas y cada una de las medidas que se estimen pertinentes y acordes a los objetivos pretendidos deben, necesariamente, adoptarse en el seno de los instrumentos especialmente previstos para ello.

Sin embargo, como hemos señalado, el Ayuntamiento de Madrid sostiene que la medida de restricción horaria contemplada en el artículo 8.3 de la Normativa, cuya concreta adopción se posterga a un momento posterior, previa habilitación a la Junta de Gobierno, tiene su encaje en la Orden 1562/1998. En relación a dicha cuestión, y en íntima relación con lo has ahora dicho, traemos a colación nuestra Sentencia de 10 de diciembre de 2014, recaída en el recurso de apelación núm. 62/2013 , en la que decíamos que:

“SEXTO.- Pues bien, en el caso concreto, la adopción de la medida de reducción de horario decretada (según se dice, dirigida a corregir los incumplimientos acústicos constatados en la zona) ni ha sido precedida de la correspondiente declaración de Zona de Protección Acústica Especial, ni la citada medida ha sido adoptada en el marco de un plan zonal específico en el que se contemple las causas determinantes del incumplimiento de los pertinentes niveles acústicos y, en función de ello, se adopten las medidas correctoras correspondientes.

La medida adoptada, según se reconoce en la propia resolución administrativa impugnada, pretende encontrar sustento jurídico en el artículo 6 de la ya Orden no 1562/1998, anteriormente transcrito, en el que, efectivamente posibilita la reducción de horarios en “locales recintos, instalaciones y establecimientos en áreas o zonas de alta -concentración de los mismos y/o que se encuentren calificadas y delimitadas como residenciales, medioambientales protegidas o simplemente saturadas cuando la actividad que en ellos se desarrolla impida el derecho al descanso de los vecinos”, estableciendo un procedimiento para ello que no se adecúa al establecido en la LR, lo que resulta lógico si se tiene en cuenta que la citada Orden es anterior a la aprobación de la LR.

La representación procesal del Ayuntamiento de Alcobendas, en el escrito evacuando el trámite conferido por nuestra Providencia de 2 de octubre de 2014, alega que la expresada Orden no 1562/1998 no es más que un desarrollo de la habilitación concedida en el artículo 23 de la ya citada la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas , de la Comunidad de Madrid, cuestión que examinamos a continuación.

Pues bien, el citado artículo 23 dispone que (en redacción vigente a la fecha del dictado de la resolución administrativa impugnada):

“1. El horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos a que se refiere la presente Ley se determinará por Orden del Consejero competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid, tras informe de la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2. Las Órdenes de determinación de horarios establecerán además:

a) Los supuestos en los que la Comunidad de Madrid podrá autorizar ampliaciones de horarios en atención a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.

b) Los supuestos en que con carácter excepcional y atendiendo a las anteriores circunstancias, los respectivos Ayuntamientos podrán establecer reducciones de horario.

c) La antelación con que los locales y establecimientos deberán estar abiertos antes de que den comienzo los espectáculos”.

Como puede observarse, el precepto citado viene a habilitar a la Administración autonómica, mediante el dictado de Orden del Consejero, a la determinación del horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos a que se refiere la Ley, así como a la determinación, en lo que ahora nos interesa, de los supuestos en los que los respectivos Ayuntamientos puedan, “con carácter excepcional”, establecer reducciones de horario.

La habilitación no se hace de forma “incondicionada” sino que, muy al contrario, el propio precepto limita y concreta los supuestos (“circunstancias”) en los que la reducción horaria podrá determinarse. Estas concretas circunstancias son: la existencia de “peculiaridades en las poblaciones”, “condiciones de insonorización”, “afluencia turística” o “duración de espectáculo”.

Como puede observarse, ninguna de dichas circunstancias hace referencia a zonas en las que se estuviese incumpliendo los niveles acústicos máximos como causa justificadora de la reducción de horario. Las circunstancias habilitantes de reducción (o, en su caso, ampliación) del horario vienen referidas a supuestos bien distintos a los supuestos de incumplimientos de los objetivos acústicos (la referencia a las “condiciones de insonorización” deben referirse al interior de los locales), y que, en todo caso, deben ser adoptados, no con carácter de generalidad, sino caso por caso para cada local, tal como ha venido a confirmar la nueva redacción del precepto que comentamos, llevada a cabo por el artículo 11 de la Ley 8/2012, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (“Los Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo”).

 

Por tanto, de cuanto queda dicho, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas no contempla adopción de medida alguna para supuestos como el que aquí nos ocupa, de incumplimiento de objetivos acústicos referidos a una determinada zona.

En consecuencia, de cuanto queda dicho se desprende, en primer lugar, que la resolución administrativa aquí impugnada no puede ampararse en el citada Ley 17/1997 en la medida en que ésta no prevé como causa de reducción de horarios, como hemos visto, el incumplimiento de los objetivos acústicos.

Por otra parte, tampoco la resolución administrativa puede encontrar cobijo en el artículo 6.2 de la Orden no 1562/1998 en la medida en que dicho precepto, que aparentemente posibilita la adopción de la medida de reducción de horarios por causa de incumplimiento de los objetivos acústicos, no se acomoda al específico cauce procedimental que para adoptar dicha medida (o cualesquiera otras) establecen los artículos 25 y 26 de la LR.

En efecto, como es bien sabido, y ya lo puso tempranamente de manifiesto la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de abril de 1983 , las leyes básicas estatales “poseen un sentido positivo y otro negativo”; así como el primero marca los principios a desarrollar por la norma autonómica, el “sentido negativo… constituye el límite dentro del cual tienen que moverse los órganos de las Comunidades Autonómicas en el ejercicio de sus competencias”. Este efecto de preclusión o de cierre que la legislación estatal determina se ha venido a llamar “desplazamiento” de la norma autonómica preexistente a la ley básica (“prevalencia”). Esto es, la ley básica desplaza en la aplicación a la norma autonómica, que queda ineficaz.

Y esto es precisamente lo que acontece en el caso ahora estudiado: el artículo 6.2 de la Orden no 1562/1998 ha quedado desplazado por los artículos 25 y 26 de la LR, preceptos que prevalen sobre aquél.

De ello obtenemos dos trascendentales consecuencias: (i) Primera, que el citado artículo 6.2 no puede amparar la medida de restricción horaria decretada en la resolución administrativa impugnada; y (ii) Segunda, que la adopción de dicha medida, tendente a corregir el incumplimiento de los niveles acústicos, debía ser adoptada en el marco procedimental establecido en los ya citados artículos 25 y 26 LR.

Pues bien, en el caso concreto, como ya hemos dicho más arriba, ni la medida adoptada ha ido precedida de la previa declaración de “Zona de Protección Acústica Especial” ni la misma ha sido adoptada en el seno de un “plan zonal específico”, tal como imponen los preceptos de la LR ya citados, (así como los artículos 33 y 34 del ya citado Decreto 78/1999 , vigente en la fecha del dictado de la resolución aquí impugnada), por lo que, inevitablemente, habrá de llegarse a la conclusión de la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho contemplada en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 , al ser dictada la resolución aquí impugnada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, haciéndose innecesario entrar en el estudio de los motivos de impugnación aducidos por la parte recurrente-apelante.

SÉPTIMO.- La conclusión a la que hemos llegado de que la adopción por los Ayuntamientos de cualesquiera medidas tendentes a corregir los incumplimientos de los objetivos de calidad acústica de una determinada zona debe encauzarse a través del procedimiento establecido en los artículos 25 y 26 de la LR, entendiéndose producido el desplazamiento del artículo 6.2 de la Orden no 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia, supone un cambio de la doctrina que en otras ocasiones había mantenido esta Sala y Sección en relación con la impugnación de acuerdos municipales de reducción del horario de cierre de locales y establecimientos públicos, que se amparaban en la habilitación contemplada en el citado artículo 6.2.

Este cambio de doctrina viene motivado al tenerse en consideración la causa motivadora de la medida de reducción de horarios adoptada, explicitada y razonada en la propia resolución administrativa impugnada, lo que llevó a la Sala a tener en consideración el régimen jurídico de protección frente a la contaminación acústica y, particularmente, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y el carácter de legislación básica de la misma.

Debe señalarse, por último, que la vinculación de las causas motivadoras de la medida adoptada con la legislación de protección frente al ruido aparece, igualmente, en la resolución administrativa impugnada en la que, de forma expresa, se contempla que el incumplimiento de los niveles sonoros constatados deberán ser tenidos “en cuenta en el desarrollo del Plan de Acción para la reducción del impacto acústico en el municipio”, cuya elaboración aparece contemplada, como ya hemos dicho en el razonamiento jurídico quinto de la presente, en el artículo 23 de la LR”.

Por tanto, de cuanto queda dicho se desprende, de una parte, la imposibilidad de dejar para un momento posterior la adopción de medidas correctoras, al margen y sin seguir el procedimiento al efecto establecido en el precitado artículo 25 LR; y de otra, que la restricción horaria motivada por la superación de los objetivos de calidad acústica, fuera de dicho cauce, no tiene amparo ni en el artículo 23 de la ya citada Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas , ni en el artículo 6.2 de la Oreen no 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia.

En consecuencia, de cuanto antecede se desprende la procedencia de declarar la nulidad del artículo 8.3 de la Normativa impugnada.

DECIMONOVENO.- De cuanto antecede se desprende la estimación parcial del recurso origen de las presentes actuaciones, y de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. F A L L A MO S

Con ESTIMACIÓN PARCIAL del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LA VIÑA), ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES TRIBALL, ASOCIACIÓN DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO (LA NOCHE EN VIVO), ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MALASAÑA y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA GAYS Y LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MADRID Y DE SU COMUNIDAD, representadas por el Procurador D. José Enrique Ríos Fernández, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de septiembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro (BOCM de 16 de octubre de 2012), debemos declarar y declaramos la nulidad de los artículos 8.1o y 7o, 11.1o, 2o y 8o y 14.1o, 3o y 5o de la citada Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro por no ser conformes a Derecho; y todo, ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Firme la presente Sentencia se deberá procederse a la publicación de su Parte Dispositiva en la forma dispuesta en el artículo 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez . D. José Daniel Sanz Heredero
Da. Elvira Adoración Rodríguez Martí Da. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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